El periodista Emilio Ruchansky brindó un ciclo de charlas sobre despenalización del uso de drogas. Se refirió a los proyectos que hay en el Congreso y al cambio de mirada sobre el consumidor.
El próximo sábado 5 de mayo se realizará en Santa Fe una marcha para comenzar a debatir los proyectos de despenalización de la tenencia y el consumo de drogas en el país. La cita será por la tarde en el Parque del Sur y el objetivo es reunir a distintos sectores sociales para hablar sobre las iniciativas y sus alcances.
En el marco del debate el viernes tuvieron lugar en Santa Fe dos charlas sobre la temática. La primera se realizó en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y la segunda en la sede del Partido Socialista. Los disertantes –invitados por la Juventud Socialista– fueron el periodista Emilio Ruchansky e Ignacio Canabal, representante de la ONG Asociación Rosarina de Estudios del Cannabis.
Ruchansky, editor de la revista de cultura cannábica THC y periodista de Página 12, dialogó con Diario UNO sobre el planteo que realizan quienes promueven la legalización del consumo de drogas y sobre los tres proyectos que ingresaron al Congreso sobre el tema. Además se refirió al cambio de mirada sobre el usuario al que se apunta y a la atención de las adicciones.
En la actualidad, existen tres iniciativas legislativas que plantean modificar la normativa vigente que se basa en la prohibición del consumo, la tenencia y la venta. Las mismas fueron presentadas, por separado, por Victoria Donda (FAP), Aníbal Fernández (FPV) y Ricardo Gil Lavedra (UCR).
“La idea gira en torno a dos cuestiones. Una es que la ley penal no sirva como ley sanitaria y eso lo tienen todos los proyectos en común. No queremos que haya tratamientos forzosos como parte de la pena para todos los consumidores. Ésa es una primera separación que pedimos”, sostuvo y agregó: “Y, por otro lado, queremos dejar de ser tratados como delincuentes. Hay que reconocer que, según datos de la Corte Suprema, un 10 por ciento de personas tienen problemas, en el sentido de un uso abusivo”.
En ese sentido, el periodista destacó que durante cuatro años el Gobierno Nacional trabajó en la elaboración de un proyecto de ley que contemple esas situaciones y que fue presentado este año por Fernández.
Respecto a lo que proponen los tres textos existe una coincidencia en que al no ir contra los consumidores se respetan derechos individuales y se posibilita el avanzar sobre políticas específicas que permitan la lucha contra el narcotráfico. “Básicamente queremos que se deje de perseguir a los consumidores y eso incluye a los que lo hacen en la calle y a los que cultivan. Hay personas que necesariamente tienen que ejercer la intimidad en público porque no tienen dónde fumar en sus casas”, manifestó.
La moral y la Justicia
En 2009 un fallo de la Corte Suprema de Justicia sentaba un precedente importante en este debate. Los jueces entendieron que no podía penalizarse a una persona mayor de edad que consumía en un ámbito de intimidad. Para Ruchansky la normativa vigente deja librado a la moral de cada magistrado la resolución de ese tipo de casos y por eso es imperioso realizarle cambios.
“El problema es qué juicios morales arman los jueces al momento de mandar a proceso penal a alguien. Además surge el debate sobre la «afectación de terceros» que es una problemática más bien filosófica. No entiendo cómo se puede afectar a los otros si alguien fuma un porro en un tren o en la calle. Una persona pegándole a otra tampoco es un ejemplo, sin embargo si alguien le da una cachetada a otra nadie las va a detener. Malos ejemplos hay. Nosotros no le imponemos el ejemplo a nadie”, indicó.
Y siguió: “Hay un problema de moral atrás y los jueces usan eso al momento de dictar los fallos. Entonces hay que frenar eso. Es muy difícil porque también hay una mala administración de Justicia desde los auxiliares de la ley, como la policía que lo usa para hacer una selección. Es obvio que si despenalizás le das una herramienta menos pero la policía va a seguir llevando gente detenida por la simple sospecha. Lo que pedimos es que se saque esa herramienta a la policía para que no se pene la consumición y el autocultivo y se empiece a penar por la venta. Que el límite sea la tentativa de venta”.
—¿Y el límite sería cualquier tipo de venta, incluso al menudeo?
—Sí. Lo que se pide, y en algunos proyectos está, es que haya una diferenciación en la pena. No es lo mismo el menudeo que dos toneladas de cocaína o marihuana. En eso coinciden los proyectos de Donda y Fernández que plantean bajar las penas al punto de que sean excarcelables para los primeros. Lo que queremos es que se investigue antes de hacer las detenciones o de dejar libre.
—¿Ha habido casos en los que se resolviera en un sentido contrario al fallo de 2009 sobre la tenencia?
—En los fundamentos del proyecto de Fernández están las estadísticas de los tribunales federales porteños y del interior. Allí se marca que, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se han comenzado a recibir menos causas. Pero en los tribunales del interior aumentaron las causas. De todas maneras en Santa Fe me dicen que también ha bajado y hay más problemas en Salta y Mendoza. En general es poca la gente que va presa por tenencia para consumo personal, sí un poco más por cultivo. El problema es que te abran una causa por eso porque resulta estigmatizante y genera problemas familiares, laborales y hasta económicos.
El resultado de prohibir
—A nivel internacional comienza a darse un debate sobre el resultado de las políticas de prohibición ya que se detecta que no se ha frenado el consumo y que las consecuencias de la ilegalidad suponen un importante gasto público (procesos judiciales, centros de atención médica, clínicas de rehabilitación, etcétera). ¿Considera que en la Argentina están dadas las condiciones para comenzar a debatir eso?
—Nosotros tenemos la suerte de no tener un panorama como México, Guatemala y El Salvador, porque no somos un país productor de drogas, aunque sí somos un país de tránsito y una plaza que se está haciendo importante. En ese sentido, tenemos la posibilidad de discutir este tema sin la presión extra de tener una guerra contra las drogas en tu país. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, está pidiendo la legalización con regulación y fiscalización. Acá recién estamos pudiendo salir de una ley que lleva 20 años de fracaso, a diferencia de Uruguay, donde nunca se penalizó el consumo. Es obvio que podemos dar el debate porque estamos pidiendo que se respete el artículo 19 de la Constitución Nacional.
—En un momento muy especial donde se están poniendo en debate temas que son muy sensibles para la sociedad, como la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de identidad de género y la incorporación de la figura del femicidio, ¿hay lugar para este debate?
—Yo confío en que sí porque se están debatiendo grandes temas. Insisto en que el gran tema es la reforma del Código Civil. Creo que se va a debatir bien y va a significar un cambio importante. Considero que la ley de identidad de género va a salir el próximo miércoles 9 en el Senado y es la ley más avanzada en el tema en América, por lo menos. Con lo del femicidio pasa lo mismo, su aplicación va a ser mejor de lo que se cree porque además eleva las penas para crímenes de odio lésbico, homosexual y travesti. Si se puede hacer ese tipo de cosas, debería darse una despenalización más completa que involucre el autocultivo, los clubes de cultivo. La prohibición total lo que hace es no permitirte regular, ni controlar. Siempre se dice que el narcotráfico es una economía paralela pero eso es mentira porque ese dinero se lava en la economía formal.
“La preocupación principal son los usuarios –añadió. Tenemos casi dos millones de personas que fuman marihuana y tenemos muchos usuarios de cocaína. Hay que preocuparse por esas personas, por los problemas de salud que puedan tener, por su acceso a la información y no hay que obligarlos a comprar en el mercado negro. El consumo existe y si existe un consumidor existe un mercado.
—¿El proyecto también incluye qué hacer con las personas adictas?
—La idea es, primero, dejar de pensar al usuario como delincuente. Y, después, queremos avanzar con otro proyecto (que tiene media sanción y fue presentado por Leonardo Gorbacz) que propone un Plan Nacional de Atención a las Adicciones. El sistema de salud público está preparado para recibir esa cantidad de usuarios problemáticos pero el problema es cómo se va a especializar a los profesionales. Además hay que llevar la atención a los centros primarios de salud. Pero primero hay que dejar de ser un delincuente para empezar a pensar qué tan enfermo estás, si es que lo estás.
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