"La transformación del Hogar del Huérfano era necesaria y obligatoria
para adecuarse a la nueva ley". La especialista en derechos de infancia
Laura Musa opinó de ese modo a días del cierre de la institución de
Laprida al 2100, creada hace 142 años para atender a la niñez vulnerable
con conceptos de otro siglo. Para la asesora tutelar de la Justicia
porteña, el cambio de paradigma que introdujo la ley de protección de
menores y adolescentes convirtió en impostergable la reconversión.
"Hay un circuito perverso por el que
los chicos pobres terminan internados en hogares", señaló Musa, quien
sigue de cerca la problemática al frente de la Asesoría Tutelar del
Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires. Desde ese cargo
promovió la designación de cuatro abogados del niño —una figura que
emana de la nueva ley— para ocuparse de los chicos y jóvenes internados
en instituciones de salud mental.
Días atrás pasó por Rosario para
participar de un foro en el Concejo Municipal sobre el caso de Dante, un
nene de 3 años que debe ser restituido a Estados Unidos. La ex diputada
nacional del ARI dirige, además, la Fundación Sur Argentina, una
entidad dedicada a la promoción de los derechos de los niños, y desde
esa experiencia recomendó una firme inversión municipal en educación
temprana para los sectores más postergados (ver aparte).
—¿Cuál es la experiencia en la Justicia de Buenos Aires con la figura del abogado del niño?
—Creamos un equipo público de abogados
del niño para que los chicos sean escuchados y se hagan prácticos sus
derechos peticionando en la causa. El juez puede apartarse del deseo del
niño en su decisión final, pero tendrá que fundarlo. Hasta ahora esto
no sucede: el niño es un convidado de piedra en el expediente donde se
resuelven cuestiones centrales de su vida, como una adopción. Para la
Justicia esto es una revolución copernicana porque siempre han
considerado incapaces a los niños, cuando el niño puede peticionar,
decir que es abusado, que quiere completar su escolaridad o que no le
permiten a ver a su familia.
—¿Qué casos tratan?
—En la Asesoría tuvimos que priorizar y
decidimos ocuparnos de chicos internados en hospitales de salud mental,
para que estén al tanto de su historia clínica y no permanezcan
privados de la libertad porque nadie quiere aceptarlos fuera de los
institutos. Hay un circuito perverso por el que los chicos en situación
de calle o pobreza terminan internados en hogares. Son chicos con una
vida muy dura, que han vivido adicciones o situaciones traumáticas. Los
lugares institucionales son el remedo, la continuación, de los viejos
institutos de menores. Es el lugar al que van los chicos cuando no hay
políticas del Estado para que la pobreza no sea un castigo. Se requieren
programas, equipos, y presupuesto para paliar las consecuencias de la
pobreza.
—En el pasaje del régimen del patronato al sistema de protección, ¿cómo evalúa el cierre de Hogar del Huérfano en Rosario?
—Me parece muy bien que instituciones
con la tradición del Hogar del Huérfano, que no han cambiado su nombre a
pesar de la historia, se adecúen a la ley. Este pasaje era obligatorio y
necesario. La cuestión de las familias sustitutas requiere una mirada
muy atenta de quien diseña la política pública porque puede suceder que
allí se creen pequeños microhogares, pequeñas microinstituciones, y que
en el seno de ese grupo familiar se pierda la capacidad de control del
Estado. No lo señalo como un temor sino como un consejo: hay que mirar
cuidadosamente que los chicos tengan la posibilidad de revincularse con
sus familias porque su identidad no está siendo sustituida.
—¿Qué lugar tiene hoy la filantropía en cuestiones de infancia?
— La filantropía como actitud
individual, generosa, está muy bien. Pero debe ser una actividad
subsidiaria a la del Estado. Los voluntarios pueden tener compromiso y
formación, pero no son los responsables de la política pública. A veces
en nombre del amor se han cometido enormes atrocidades con las mujeres y
con los niños. El lugar de la filantropía consiste en correrse y
acompañar las decisiones de política pública que debe tomar el equipo de
protección.
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