Naranpol: una veeduría revisará el funcionamiento de la empresa

Así lo determinó el juez civil y comercial, Eduardo Sodero, quien con esta medida intenta poner paños fríos a la negociación entre propietarios y trabajadores, que ya lleva siete meses de conflicto.

El juez de instrucción civil y comercial de la décima nominación, Eduardo Sodero, decidió poner paños fríos a la disputa entre los trabajadores y los dueños de la empresa Naranpol. Tras una reunión con los empleados, que se extendió por más de dos horas, el magistrado decidió crear una veeduría, que él mismo integrará junto con un representante de los trabajadores y uno de la sindicatura.


De esta manera, podrá tener un control más cercano sobre el funcionamiento y las cuentas de la empresa sin tomar medidas más radicales como apartar a los propietarios de Naranpol de la administración de la empresa, acción que le habían solicitado los obreros afectados por la paralización de la producción.


“Nosotros hicimos una denuncia penal (en los tribunales de Rosario) contra los dueños de Naranpol por el abandono del establecimiento y por no pagar los sueldos. En este contexto, es que le pedíamos al juez de la causa civil y comercial que los dueños fueran desplazados de la administración de la firma y que sean los trabajadores quienes ponían nuevamente en marcha la producción.

Nos comunicamos con el movimiento Empresas Recuperadas, quienes nos manifestaron que el subsidio necesario para poner en funcionamiento de nuevo la empresa está, pero que para recibirlo, la administración de la fábrica tenía que pasar a manos de los trabajadores, por eso estamos pidiendo el desplazamiento de los directivos de Naranpol”, explicó Cristian Farieri, uno de los delegados de los trabajadores de la unidad productiva de Santa Fe.


Y continuó: “Por el momento, el juez determinó que se conforme una veeduría. El representante de los trabajadores que la va a integrar lo vamos a elegir este martes, en una asamblea que vamos a realizar en la planta de la unidad productiva”.


Mientras tanto, la fábrica de Naranpol continúa paralizada. “Hasta que no tengamos la orden del juez de empezar a producir, tenemos la planta frenada. Sin embargo, la mantenemos lista, para que cuando de la orden, podamos empezar a trabajar en forma inmediata”, agregó Farieri.

A cuenta del sueldo de octubre
Por otro lado, los trabajadores reclamaban que se libere una cuenta de Naranpol que había sido embargada por Afip y que ese dinero sea utilizado para cubrir “aunque sea una parte” de los sueldos adeudados a los trabajadores, correspondientes a los meses de octubre y noviembre.


“Según nos informó el juez, ese dinero ya se depositó en una cuenta judicial y se está poniendo en marcha un mecanismo de distribución para que sea llegue a los trabajadores a cuenta del sueldo del mes de octubre”, explicó Farieri.


Mientras se desarrollaba al reunión, en la puerta de Tribunales, un grupo de trabajadores de la empresa Naranpol esperaba los resultados del encuentro con pancartas, bombos y redoblantes.


“Nosotros sólo queremos trabajar y terminar con este conflicto que ya lleva siete meses y que en estos dos últimos se agravó, teniendo en cuenta que la empresa en el mes de octubre vendió y cobró la producción, pero no pagó los salarios de los trabajadores, además de generar otras deudas con los aportes de sus empleados”, expresó Fernando González, uno de los manifestantes.

Seis meses de conflicto
El conflicto en la empresa propiedad de la familia Galán se desató con el retraso del pago de los haberes de mayo, se agudizó con la entrada en convocatoria de acreedores y un recorte salarial avalado en un primer momento por la Justicia.


Ante esta situación, en junio los trabajadores agremiados en los sindicatos Sutiaga y Fataga llevaron medidas de fuerza que derivaron en la respuesta empresarial de cerrar la planta y despedir a 180 empleados, aunque luego esta decisión fue revertida y tras una conciliación obligatoria –que rigió hasta fines de julio– los trabajadores volvieron a sus puestos bajo la promesa de saldar los montos adeudados en el corto plazo. Sin embargo, con el correr de los meses los incumplimientos por parte de la empresa se mantuvieron.


Se había acordado que se respetarían los actuales convenios colectivos donde el salario inicial es de unos 5 mil pesos. Gustavo Carranza, delegado de los trabajadores de Naranpol, mencionó en aquel momento que como muestra de buena voluntad y ante la manifestación de la empresa de estar pasando por un momento crítico los trabajadores aceptaban diferir los aumentos salariales y que esas subas sean registradas como cifras no remunerativas para que la empresa enfrente una menor carga impositiva, al no tener que realizar los aportes sociales correspondientes.

“No tenemos otra alternativa”
A fines del mes de octubre, Naranpol emitió un comunicado donde informaba que cerraba sus plantas. “Con mucho dolor e impotencia, lamentamos tener que comunicar la difícil decisión de cerrar en forma indefinida los establecimientos de nuestra empresa. No tenemos otra alternativa ante las medidas de fuerzas sindicales en la provincia de Santa Fe”.


Ante esta medida, los trabajadores respondieron con una demanda penal en los tribunales Rosarinos contra los directivos de la Productora Alimentaria por “insolvencia fraudulenta, desabastecimiento de las plantas y cierre intempestivo” de la misma.


Según dijeron desde el Sindicato de Único de Trabajadores de Aguas Gaseosas (Sutiaga) la empresa carga con 245 cheques rechazados entre el 19 de abril y el 8 de noviembre pasado. El valor de los documentos bancarios totaliza –de acuerdo con el gremio– los $5.588.386. Además, la firma “no cumplió con las pautas concursales, fundamentalmente el hecho de continuar con las actividades para hacer frente al pago de los acreedores”.