"El mercado es oligopólico, pagamos 37 dólares por mes de celular y en Europa 13"

Lo dijo hoy Rubén Giustiniani antes de una audiencia pública donde se debatirán proyectos para regular el mercado. "Las tarifas de telefonía celular argentinas son las más altas de America latina donde el promedio es de 16 dólares por mes. Acá pagamos 37 y en Europa 13, no podemos conservar el número si cambiamos de compañía y hacerlo es más difícil que concretar un divorcio".

El senador socialista Rubén Giustiniani se refirió esta mañana en contacto con el programa "Dos tipos audaces" que se emite por La Ocho a los proyectos presentados en el Congreso junto al diputado nacional Carlos Comi y que se debatirán en la audiencia pública que se hará desde las 9 en el aula auditorio de la Facultad de Derecho de la UNR (Córdoba 2020) con entrada libre. En los mismos ambos legisladores en sus respectivas cámaras quieren dotar de un marco regulatorio al servicio de telefonía celular y declararlo servicio público.
"Queremos un ente regulador con participación de los usuarios", afirmó el senador nacional, y agregó: "Las tarifas de telefonía celular en Argentina son las más altas de America latina, 16 dólares por mes promedio con una llamada y un mensaje de texto por día. En Argentina pagamos 37 dólares promedio y en Europa 13 dólares, no tenemos derecho a conservar el número si cambiamos de compañía y hacerlo es más difícil que hacer un divorcio".
En concordancia con los dichos de Giustiniani, el diputado nacional Carlos Comi afirmó ayer que "el lobby de la telefonía móvil ha sido y sigue siendo formidable". El arista estará junto al senador socialista debatiendo sobre la necesidad de que esa prestación se declare "servicio público". El argumento es que mientras la telefonía celular suma ya en el país 50 millones de equipos y encabeza los rankings de quejas de usuarios, los aparatos fijos se "congelaron" en 8 millones y, paradójicamente, es el único servicio que tiene regulación.

Se sumarán a la discusión también especialistas en derecho administrativo, civil y en telecomunicaciones, e integrantes de organismos públicos y organizaciones no gubernamentales que defienden al consumidor.

Para Comi, es incomprensible que en el país la telefonía siga en 2011 atada a una legislación de mediados del siglo XX que sólo regula al servicio fijo, mientras que el de celular goza de una "libertad total" con ostensible perjuicio para los usuarios, cuyas quejas y reclamos no alcanzan para que el Estado exija a las prestadoras cumplir con sus clientes.

"Hay una maratón de abusos", afirmó Comi. Las tarifas, el maltrato comercial, la dificultad para cambiar de prestadora y la imposibilidad de conservar el número encabezan los problemas, aun cuando, por ejemplo, la portabilidad numérica fue aprobada por una resolución del gobierno hace ya once años.

Por eso, Giustiniani presentó hace casi un año un proyecto de ley que busca declarar la telefonía móvil como un servicio público, garantizando el acceso a prestaciones eficientes, con tarifas justas y razonables, y estricto cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los contratos de servicios.

Comi, por su parte, ingresó otro similar en Diputados, sumando internet. El proyecto contempla un nuevo régimen de pautas contractuales con beneficios para los usuarios y exige una regulación que incluya severas sanciones para las compañías incumplidoras.