De los 255 existentes, 102 siguen sin cubrirse. En la actual gestión se designaron a 21 magistrados. Está en marcha un nuevo concurso para otros veinte cargos. “Para nosotros, la justicia comunal tal como se encontraba funcionando en 2007 no era acorde a las necesidades de la población”, precisó el Secretario de Justicia, Roberto Vicente. Atribuyen las demoras a la transformación de la justicia comunal en comunitaria. Dicha ley entró en vigencia el pasado 2 de agosto.
Tras las escandalosas designaciones de familiares ungidos a dedo para convertirlos en jueces comunales durante gestiones anteriores, la actual administración generó la expectativa de cubrir esos lugares a través de mecanismos que pudieran garantizar mayor idoneidad. Pero el cambio de sistema, que implicó la instrumentación de concursos primero y la sanción de una nueva ley después, hizo que se consumiera la gestión y persistiese casi la misma cantidad de vacantes que cuando había arrancado. Según precisó a El Litoral el secretario de Justicia, Roberto Vicente, de los 255 juzgados en toda la provincia, 102 siguen vacantes al día de hoy. El funcionario relató los vaivenes por los que atravesaron y que, a su criterio, incidieron para que en cuatro años sólo se hayan designado 21 nuevos jueces. “Nosotros entendíamos que la justicia comunal tal como se encontraba funcionando en 2007 no era acorde a las necesidades de la población. El acceso a la Justicia requería de un cambio trascendente: había que modificar las competencias que tuvieran estos juzgados y, luego, darle a esos juzgados jueces con título de abogado o de procurador con el objetivo de que precisamente tuvieran mayor idoneidad y mayor compromiso en el trabajo de las nuevas competencias”, planteó. Vicente recordó, entonces, el proyecto de ley que enviaron a la Legislatura para modificar la justicia comunal y transformarla en Comunitaria de Pequeñas Causas. “(El proyecto) tuvo un tratamiento un poco lento, pero felizmente se logró consenso, se sancionó y tras reglamentarse, recién empezó a tener funcionamiento el 2 de agosto de este año”, sostuvo. Previo a recorrer el sendero legislativo, el gobierno concursó 21 cargos entre 2008 y 2009. “Con eso achicamos el margen de vacantes existentes hasta ese momento, pero luego se empezaron a producir nuevas por renuncias y jubilaciones”, mencionó. En enero del corriente año, convocaron a un nuevo concurso para otras veinte localidades (ver detalle aparte). “Pero lo terminamos suspendiendo -aclaró Vicente- porque en medio del proceso (abril) se sancionó la ley (de Justicia Comunitaria), que implicaba un cambio de requisitos para el futuro juez que, además, iba a necesitar acuerdo legislativo”. En agosto último se readecuó el concurso y se excluyeron a los inscriptos que no se ajustaban a las nuevas pautas; el 17 de octubre se realizará la prueba de oposición. “Creemos que antes de fin de año se encontrarán al menos los pliegos en la Legislatura”, estimó. Próximos pasos Vicente adelantó que en el marco de la transformación de la justicia comunal, es necesario separar el funcionamiento de los registros civiles de dichos ámbitos. “El ministro (de Justicia) Héctor Superti ha enviado una nota a la Corte Suprema para comunicar algunos de los planes que tiene el Ejecutivo a fin de optimizar esta justicia comunitaria”, comentó. Según dijo, se trata de un esquema escalonado, que incluye primero a las quince localidades más importantes que superan los diez mil habitantes y que no tienen registro civil independiente. “La idea es que en noventa días empiecen a funcionar con cargos que ya se encuentran vacantes en el Registro Civil y que permitirían esta adecuación rápidamente”, mencionó. La segunda etapa incluye a las ciudades de cinco a diez mil habitantes. “Con esto cubriríamos todos aquellos juzgados que tienen mayor carga jurisdiccional en materia de Registro Civil”, dijo Vicente. La pretensión es emplear allí los cargos creados recientemente con la ley votada por la Legislatura, para lo cual deberán convocarse los concursos correspondientes. Posteriormente, se atenderán las localidades más pequeñas, donde las cargas de trabajo no son tan significativas. “Entendemos -dijo Vicente- que hay que optimizar el acceso a la Justicia y hacer entender a la población que este tipo de justicia es para resolver todos los conflictos menores que existen en la provincia, y evitar el traslado del judiciable a los asientos judiciales más lejanos”, mencionó. En la misma nota enviada a la Corte se planteó la decisión de realizar “un concurso múltiple” para cubrir las vacantes existentes, a la par de un concurso de secretarios de juzgados, que permitan reforzar “en el cortísimo plazo” la actividad de la justicia comunitaria en los lugares estratégicos y más densamente poblados. “Ahora, la Corte tiene que contestar si está dispuesta a hacer la reasignación de partidas presupuestarias”, aclaró. Paradigma Consultado sobre las demoras en la cobertura de vacantes, Vicente las justificó a partir de lo que definió como un cambio de paradigma. “Todos los cambios producen más que resistencia, necesidad de debate. Hemos dado el debate, que se profundizó en la Legislatura, y quizá para los tiempos del Ejecutivo fueron más lentos que para los legisladores, pero felizmente llegamos a buen puerto. Hemos logrado la norma y ahora hay que ponerla en marcha”, mencionó. “Además -dijo-, apuntamos a la profundización de una justicia de calidad. Y esta justicia de calidad a veces no tiene los tiempos que la comunidad requiere. Ahora, que tenemos las herramientas jurídicas, es decir que tenemos presupuesto y los cargos, es el momento de actuar con rapidez y celeridad”, concluyó.
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