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sábado, 29 de diciembre de 2012

Durante 2012 hubo 134 condenados por cometer delitos de lesa humanidad

El presente año finaliza con 134 condenados por delitos de lesa humanidad, marcando el número más alto desde el inicio del juzgamiento de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, elevando la cifra total a 378 condenas. 

Así lo señala la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, mediante un informe anual en el que destaca que el juzgamiento de delitos de les humanidad en 2012 "ha alcanzado su punto de máxima expansión". 

"Nunca fue tan alto el número de condenados, juicios en curso o por realizarse y personas procesadas", señala el relevamiento de la Unidad a cargo del fiscal Jorge Auat, y coordinada por Pablo Parenti, al analizar que durante 2012 finalizaron 24 juicios con 134 condenados -de ellos, 111 no regristraban condenas anteriores-, 17 absueltos y un total de 1013 procesados. 

El relevamiento registra un total de 422 personas llevadas al banquillo de los acusados desde el inicio de los juicios de lesa humanidad, de las cuales 378 fueron condenadas y 44 absueltas, aclarando que "sólo 55 cuentan con condenas firmes". 

También se destaca que de los 13 juicios que se encuentran en curso en el país, "se juzga a 232 imputados en relación con los casos de más de 1800 víctimas". 

Esas cifras, según el informe, demuestran los cambios producidos en relación con la primera etapa del proceso de enjuiciamiento donde "se registraban pocos juicios con escasas causas, muy pocas víctimas e imputados". 

"Actualmente nos encontramos ante un situación de plena actividad en todo el país con 383 imputados que fueron o están siendo juzgados", destaca el documento. 

"Esta cifra no es sólo la más alta desde la reactivación del proceso de juzgamiento sino que, a su vez, es más de 10 veces superior que la de 2009 y ello se debe, principalmente, a que durante 2012 se han podido concretar juicios con una mayor cantidad de acusados", precisa el informe. 

Y se señalan como "juicios significativos en términos de cantidad de víctimas e imputados a los debates orales en las jurisdicciones de Bahía Blanca, Mar del Plata, Salta y La Plata". 

Asimismo, se advierte que en el último año "creció el número de personas detenidas en institutos carcelarios, pasando del 51,8% en 2010 al 50,5% en 2011, y llegando a 58,9 por ciento este año, con 813 personas en total. 

Los detenidos con prisión domiciliaria registran un 37,8%, en tanto un 2,2% se encuentra en dependencias de fuerzas de seguridad y 1,1% en hospitales. 

En cuanto a los procesados detenidos, se registró un incremento sobre el año anterior, pasando de 70,34% al 80,25% a diciembre de 2012, y "sin presencia de detenidos en dependencias a cargo de personal militar". 

En el balance, señalan como principal obstáculo "estructural" para la agilización de los juicios, "la falta de jueces suficientes en condiciones de llevar adelante los procesos". 

También puntualizan problemas coyunturales como "demoras en la fijación de la fecha de inicio, prolongación injustificada de algunos juicios, demoras para la elevación a juicio, otorgamiento de prisiones domiciliarias por fuera de los parámetros que lo justifican" y la "preocupación por el ritmo de audiencias" establecido por los tribunales. 

Por otra parte, se pondera la colaboración prestada durante el año por instituciones del Estado como la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y la Cámara Federal de Casación Penal. 

"La superación de cada uno de los obstáculos que se presentan en el camino no puede quedar librada simplemente al voluntarismo y buena predisposición del juez, fiscal o querellante, sino que se deben aceitar mecanismos de control de getión eficientes en el marco de una política de Estado", remarca el informe. 

En cuanto a los procesos por apropiación de niños durante el trrorismo de Estado, se menciona la importancia del Protocolo de Actuación para Causas por Apriopiación de Niños elaborado por la Unidad este año y la creación de la Unidad especializada para Casos de Apropiación de Niños con el fin de "ejecutar medidas para la implementación del protocolo, 
efectuar su seguimiento y diseñar estrategias de investigación". 

Los casos de violencia sexual ocurridos durante el terrorismo de Estado también son abordados en el informe que concluye que por el momento abarcan 216 hechos, de los cuales "sólo 15 cuentan con un procesamiento que los califique como tales y 9 se encuentran en etapa de juicio". 

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