La empleada sufrió la fractura de la mandíbula a pocas cuadras del lugar. La decisión fue tomada por el personal, que hará una asamblea. Los diversos incidentes en los hospitales ya generaron réplicas del personal de salud en la calle.
La Capital |
La joven atacada tiene miedo y pide que sus representantes y compañeros que no difundan sus datos personales. Se trata de una trabajadora social que fue agredida el martes a pocas cuadras del centro de salud donde trabaja por lo que el personal de ese dispensario decidió cerrar sus puertas a modo de protesta en un nueva reacción producto de la inseguridad.
La víctima fue sorprendida por un delincuente que le llevó su cartera y el teléfono celular, no ofreció resistencia, pero aun así sufrió un culatazo en la boca que le fracturó el maxilar.
El episodio tuvo lugar a metros del centro de salud Ramón Carrillo, ubicado en Tucumán al 5400.
Así lo confirmó el secretario general del Sindicato de Médicos de la República Argentina (Amra), Eduardo Taboada. Es más, el personal del dispensario confirmó que se trató del noveno hecho similar en los últimos seis meses tanto dentro como fuera de allí. Hoy habrá una asamblea para definir futuras acciones.
La mujer estaba repartiendo turnos para el Hospital Centenario, cerca del mediodía, a vecinos del barrio, en la zona de Túpac Amaru al 5500, cuando fue interceptada por dos motochorros, quienes, además de robarle, la golpearon ferozmente en la mandíbula.
"Cumplía una labor comunitaria que obliga a salir del centro de salud y exponerse", lamentó el médico y, además, denunció que el lugar "también es objeto de robos" en forma permanente.
Por este motivo, los empleados del espacio asistencial decidieron dejar de trabajar en ese ámbito "hostil" hasta que se mejoren las condiciones laborales relacionadas a su seguridad.
"Decidimos juntarnos porque esta situación se da en un contexto complicado que venimos atravesando desde hace tiempo", sostuvieron los compañeros de la trabajadora lesionada.
"Inmediatamente, tomamos la decisión de hacer un alto en nuestras tareas, porque este no fue un accidente de trabajo cualquiera", agregaron. El delegado Miguel Narduzzi abundó sobre la cuestión: "Este fue un hecho que nos tocó muy de cerca; este panorama no se aguanta más. Queremos que algún representante del gobierno venga y no dé explicaciones. Este tipo de cosas se ven muy habitualmente mientras también vemos desaparecer la presencia de la Gendarmería que antes patrullaba la zona y marcaba presencia"
El momento del robo a la mujer se dio cuando tomó su celular en la vía pública para hablar con su hijo.
Los profesionales que se desempeñan en el dispensario están convencidos de que los atacantes son del barrio y hasta hacen uso de las instalaciones públicas sanitarias provinciales donde trabaja la asistente sanitaria agredida. "La gente que actúa de esta manera es de por ahí, está identificada con el centro", agregó Taboada.
El responsable sindical dio a conocer un comunicado oficial de la institución en el que se indicó que "Amra seccional Santa Fe repudia este nuevo hecho de violencia producido en un efector público".
Mientras tanto, la reunión de hoy se desarrollará a partir de las 13 y, durante el encuentro, estarán presentes los gremios representantes de los trabajadores que trabajan en el lugar (además de Amra, UPCN Y ATE) a los fines de solicitar al coordinador del nodo, Gustavo Englander, el cierre del centro asistencial hasta que se garantice la seguridad.
Antecedente. No es la primera vez que podría tomarse una determinación de este tipo.
El Centro de Salud 20 de Junio (Flammarión al 5100) cerró sus puertas a comienzos de febrero por los robos y frecuentes tiroteos. La noticia tuvo muy alta repercusión hasta que la provincia confirmó la presencia de un patrullero y una pareja de policía caminante para el entorno y generó las condiciones que reclamaba el personal.
Había sido inaugurado en abril del 2010 a instancias de los propios vecinos, que lo votaron en el Presupuesto Participativo (PP). Se levanta en el extremo sudoeste del barrio Tiro Suizo, a metros de las vías del Mitre. Allí viven en condiciones precarias, según un relevamiento del Servicio Público de la Vivienda, al menos unas 300 familias.
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