La jueza María Servini de Cubría dispuso las detenciones preventivas de cuatro españoles con fines de extradición, a efectos de recibirles declaración indagatoria según informó el Centro de Información Judicial.
La magistrada, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, encomendó así a Interpol el arresto de Celso Galván Abascal, Jesús Muñecas Aguilar, José Ignacio Giralte González y Juan Antonio González Pacheco (alias "Billy el niño").
Muñecas Aguilar, capitán de la Guardia Civil, fue condenado a cinco años por rebelión militar y expulsado del cuerpo por su participación en el golpe de Estado del 23-F de 1981. Por su parte, Celso Galván Abascal, inspector de la siniestra brigada político-social durante la dictadura franquista y escolta del dictador Francisco Franco, fue absuelto del asesinato del estudiante Enrique Ruano en 1969.
José Ignacio Giralte González en tanto, también miembro de la Brigada Político-Social, fue comisario del Cuerpo Nacional de Policía y su nombre aparece en al menos cuatro de las querellas presentadas en Argentina asociado a torturas a miembros del movimiento estudiantil y González Pacheco, alias Billy el Niño, que aparece hasta en 17 querellas del franquismo por delitos de torturas, fue citado a declarar en los procesos por el asesinato de los abogados de Atocha y en juicios relacionados con grupos paramilitares antiterroristas, así como condenado por malos tratos, pero se benefició de la ley de Amnistía de 1977.
La resolución de la juez, de 200 páginas, pide su detención para tomarles declaración indagatoria e incluye un exhorto al Gobierno español para colaborar en su localización. Entre los argumentos de su decisión, la juez Servini de Cubría retoma informes de Amnistía Internacional sobre los crímenes del franquismo, el testimonio del exjuez español Baltasar Garzón y las declaraciones de las víctimas y de sus familiares.
"Es una decisión sin precedentes que abre una esperanza a las víctimas", apuntó Máximo Castex, abogado querellante en la causa abierta en Buenos Aires en 2010 por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, que abarca el periodo de julio de 1936, cuando se produjo el levantamiento militar, al 15 de junio de 1977. Castex apuntó que tras este primer paso, las víctimas esperan nuevas órdenes de detención de altos funcionarios de la dictadura y magistrados.
También para el abogado de la querella Pompeyo Ramos se trata de "un paso de gigante" para la causa, "una revolución para el mundo de la jurisprudencia" similar a la que se produjo cuando la Audiencia Nacional española procesó a los dictadores Augusto Pinochet o Jorge Rafael Videla.
A la causa, abierta en 2010 por Servini de Cubría por delitos cometidos durante el franquismo, se sumaron la pasada semana denuncias por robo de bebés en España. Además, está previsto que una delegación española integrada por doce demandantes en la causa, arropados por "una serie de apoyos institucionales", viaje a Buenos Aires para entrevistarse con la juez el próximo 20 de noviembre.
Cabe recordar que a fines de junio pasado, representantes de Amnistía Internacional se reunieron en Buenos Aires con la procuradora general de la nación argentina, Alejandra Gils Carbó, para pedirle colaboración con la causa que investiga los crímenes cometidos en España durante la Guerra Civil y el franquismo.
Amnistía expresó su preocupación por la actuación en la causa de la fiscalía, que en abril de 2010 pidió que la investigación fuera desestimada, con el argumento de que "los tribunales españoles no tuvieron ni tienen traba legal alguna para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen franquista".
Amnistía denunció en junio que "España no colabora adecuadamente con los pedidos de cooperación realizados por la jueza argentina, con el argumento de que el Poder Judicial de España está investigando y tiene preferencia para hacerlo". Afirmó además que "el Estado español ha puesto múltiples obstáculos al avance de la causa".
El organismo puso como ejemplo que en mayo pasado se suspendieron las primeras declaraciones testimoniales de víctimas ante la jueza argentina, que iban a realizarse por videoconferencia desde el consulado argentino en Madrid.
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