ROSARIO/Concejales justicialistas piden que "se restauren las competencias del Concejo Municipal"

Los ediles justicialistas Diego Giuliano y Oscar Miatello le enviaron una "carta abierta" a la intendenta de Rosario, Mónica Fein, en la que cercenar las funciones del cuerpo deliberativo como manda la ley "vulnera la organización jurídica constitucional".

Los concejales justicialistas Diego Giuliano y Oscar Miatello le enviaron una "carta abierta" a la intendenta de Rosario, Mónica Fein, para pedirle que restituya "de inmediato las funciones, atribuciones y competencias de este Concejo Municipal, restaurando sus plenos poderes legales, en relación a lo dispuesto por la ley" que, a su criterio, resultaron lesionadas por los "superpoderes" que se le otorgaron a la mandataria para subir el precio del boleto de colectivos.

En la misiva señalan que es su "obligación manifestarle la necesidad de respetar fielmente los mandatos populares y las instituciones de la democracia, cumplir la ley vigente y propender al diálogo y el debate constructivo, que es el sustento de la vida plural de una sociedad moderna y participativa". Y se quejan por lo que consideran es una reducción de las atribuciones y poderes del Concejo Municipal de Rosario.

"Reducir al Concejo Municipal de Rosario como se está pretendiendo, cercenar sus atribuciones y disminuir sus funciones legales, no sólo resulta reprobable desde el plano institucional y político, sino que además, vulnera nuestra organización jurídica constitucional, la esencial división de los poderes y el rol de contralor propio de los órganos democráticos parlamentarios", señalan los ediles en la carta enviada a los medios de comunicación.

Asimismo, le reclaman que "vete, conforme a sus atribuciones, la delegación de facultades extraordinarias obtenidas por el Departamento Ejecutivo Municipal en la última sesión ordinaria del Concejo Municipal, a través de una mayoría ajustada y coyuntural, conformada por concejales entre los cuales, buena parte de los mismos, concluían sus mandatos a pocas horas de autorizar la extraordinaria delegación de facultades".

Finalmente, señalan que "la convivencia institucional exige tolerancia, debate abierto y condiciones de diálogo". Y enfatizan: "Negarlas, en una ciudad como la nuestra, resulta injustificado y arbitrario. Cada vez que un órgano legislativo fue cercenado, o bien se lo hizo para evitar el ejercicio de derechos civiles y políticos, o bien fue utilizado como instrumento al servicio de intereses particulares imposibles de ser sometidos a la transparencia de la vida democrática".