Volvieron a movilizarse las causas en los juzgados. Desde la Concejalía Popular reclaman una nueva ley provincial que ampare a las propiedades familiares y permanentes.
La Capital |
La salida de vigencia de la ley provincial 13.116 que suspendía los remates de viviendas únicas y que establecía un procedimiento especial en la Justicia para los deudores, volvió a poner en riesgo de subasta las casas de unos 5.500 santafesinos. Así lo estimó Ariel D´Orazio, integrante de la Concejalía Popular, un espacio donde en lo que va del año se atendió el reclamo de unos 50 deudores que ya tenían sentencia firme de remate. “Lamentablemente la gente se acerca sobre el final del proceso judicial, cuando ya hay sentencia, pero en más de 15 casos logramos frenar la subasta y en algunos se logró un convenio de pago”, explicó D´Orazio, quien anticipó que impulsarán una nueva normativa en la Legislatura provincial (ver aparte).
Tras casi una década de sucesivas prórrogas en las suspensiones de remates de hogares familiares luego del cimbronazo de la crisis de 2001, la normativa que dio un marco legal y frenó las subastas de viviendas únicas dejó de brindar amparo.
La ley había sido aprobada por la Legislatura santafesina en agosto de 2010.
El texto establecía un procedimiento especial de emergencia, justamente, para proteger las viviendas únicas, familiares y permanentes, e incluía las deudas —sobre todo hipotecarias— contraídas antes de 2001.
Pero la norma perdió vigencia en noviembre de 2011. Desde entonces se reactivaron los procesos judiciales y desde comienzos de este año, en muchos casos, los deudores recibieron la sentencia firme de remate e incluso ya tienen fecha de subasta.
En peligro. El riesgo de pérdida de la vivienda de muchas familias viene siendo advertida desde la Concejalía Popular. En sus oficinas ya atendieron, desde el final de la feria judicial de enero pasado, el pedido de ayuda y asesoramiento de más de 50 deudores y lograron frenar más de una decena de remates.
Según estimó D´Orazio, son más de 5.500 los hogares en riesgo en toda la provincia y, de acuerdo a la proyección, el 40 por ciento de estas viviendas involucradas en procesos judiciales iniciados por distintas deudas pertenecen a familias de Rosario.
“La situación es preocupante”, indicó el integrante de la Concejalía Popular y describió que actualmente se atienden casos de “deudores de bancos que quebraron hace 20 años, como en el caso del Banco Integrado Departamental; reclamos de cobranzas de la empresa Aguas Provinciales que se fue de la provincia incumpliendo todos los contratos; y un componente de deudas nuevas, de familias que tomaron créditos después de 2001 y que ahora se les hace imposible pagarlos, además de numerosos deudores de tarjetas de crédito y propiedades ofrecidas como garantías de alquileres”.
Si bien D´Orazio afirmó que el objetivo es “parar los remates”, aclaró que “siempre con la idea de que el deudor pague lo que debe, pero pagando lo justo y no las cifras siderales que se plantean en Tribunales porque ningún funcionario lleva adelante un control de las planillas que se presentan”.
En ese sentido, planteó que justamente la normativa aprobada en 2010 planteaba dentro del procedimiento un recálculo y una reestructuración de la deuda.
Según explicó “en muchos casos se reclamaba deuda ilegítima sin documentación que la avalara; sumas que aumentaban del cálculo de intereses sobre intereses, algo prohibido por el Código Civil, y gastos en los procesos judiciales que no tenían el más mínimo asidero legal”.
El proceso. Sobre la implementación de la ley desde su aprobación y promulgación, en 2010, hasta su salida de vigencia, en noviembre de 2011, D´Orazio explicó que “muchos juzgados no aceptaron las presentaciones de los deudores, otros tenían deudas con orígenes que no estaban contemplados en la norma y muchos acreedores esperaron y no movieron el expediente para poder pedir ahora el remate”.
Por eso, indicó que en 2012 se reactivaron los procesos y ahora muchos deudores ya tienen sentencia de subasta. “El problema es que generalmente la gente se acerca cuando el juicio está avanzando, ya tiene sentencia o fecha de remate”, advirtió y aunque aclaró que “es un número mínimo” expuso que de casos atendidos en la Concejalía Popular, en “más de 15 pudo frenarse el remate y en muchos casos llegar a un acuerdo”.
La ley había sido aprobada por la Legislatura santafesina en agosto de 2010.
El texto establecía un procedimiento especial de emergencia, justamente, para proteger las viviendas únicas, familiares y permanentes, e incluía las deudas —sobre todo hipotecarias— contraídas antes de 2001.
Pero la norma perdió vigencia en noviembre de 2011. Desde entonces se reactivaron los procesos judiciales y desde comienzos de este año, en muchos casos, los deudores recibieron la sentencia firme de remate e incluso ya tienen fecha de subasta.
En peligro. El riesgo de pérdida de la vivienda de muchas familias viene siendo advertida desde la Concejalía Popular. En sus oficinas ya atendieron, desde el final de la feria judicial de enero pasado, el pedido de ayuda y asesoramiento de más de 50 deudores y lograron frenar más de una decena de remates.
Según estimó D´Orazio, son más de 5.500 los hogares en riesgo en toda la provincia y, de acuerdo a la proyección, el 40 por ciento de estas viviendas involucradas en procesos judiciales iniciados por distintas deudas pertenecen a familias de Rosario.
“La situación es preocupante”, indicó el integrante de la Concejalía Popular y describió que actualmente se atienden casos de “deudores de bancos que quebraron hace 20 años, como en el caso del Banco Integrado Departamental; reclamos de cobranzas de la empresa Aguas Provinciales que se fue de la provincia incumpliendo todos los contratos; y un componente de deudas nuevas, de familias que tomaron créditos después de 2001 y que ahora se les hace imposible pagarlos, además de numerosos deudores de tarjetas de crédito y propiedades ofrecidas como garantías de alquileres”.
Si bien D´Orazio afirmó que el objetivo es “parar los remates”, aclaró que “siempre con la idea de que el deudor pague lo que debe, pero pagando lo justo y no las cifras siderales que se plantean en Tribunales porque ningún funcionario lleva adelante un control de las planillas que se presentan”.
En ese sentido, planteó que justamente la normativa aprobada en 2010 planteaba dentro del procedimiento un recálculo y una reestructuración de la deuda.
Según explicó “en muchos casos se reclamaba deuda ilegítima sin documentación que la avalara; sumas que aumentaban del cálculo de intereses sobre intereses, algo prohibido por el Código Civil, y gastos en los procesos judiciales que no tenían el más mínimo asidero legal”.
El proceso. Sobre la implementación de la ley desde su aprobación y promulgación, en 2010, hasta su salida de vigencia, en noviembre de 2011, D´Orazio explicó que “muchos juzgados no aceptaron las presentaciones de los deudores, otros tenían deudas con orígenes que no estaban contemplados en la norma y muchos acreedores esperaron y no movieron el expediente para poder pedir ahora el remate”.
Por eso, indicó que en 2012 se reactivaron los procesos y ahora muchos deudores ya tienen sentencia de subasta. “El problema es que generalmente la gente se acerca cuando el juicio está avanzando, ya tiene sentencia o fecha de remate”, advirtió y aunque aclaró que “es un número mínimo” expuso que de casos atendidos en la Concejalía Popular, en “más de 15 pudo frenarse el remate y en muchos casos llegar a un acuerdo”.
Reuniones con gremios, diputados y senadores
Los integrantes de la Concejalía Popular, acompañados de gremios y organizaciones sociales, impulsarán una reunión con los jefes de las bancadas de los diferentes sectores políticos de la Cámara de Diputados provincial para plantear la necesidad de una nueva normativa que brinde protección a las viviendas únicas, familiares y permanentes. Después vendrá el turno de los senadores
La reunión con los legisladores está prevista para los próximos días. “La idea es recuperar la ley 13.116 que perdió vigencia, pero al mismo tiempo ampliar el universo de deudores que estaban incluidos en esa normativa”, explicó Ariel D´Orazio, referente de la Concejalía.
La convocatoria incluirá en el pedido a los legisladores nacionales santafesinos. “También debería haber una normativa a nivel nacional, como ya se dio en algunos casos puntuales”, consideró.
Lo cierto es que en la provincia, el primer encuentro está previsto con los presidentes de los diferentes bloques políticos de la Cámara de Diputados. “Algunos legisladores ya se acercaron interesados a ver de qué manera se puede buscar una solución a este problema —adelantó—. Y después será tiempo de hablar con los senadores, porque sabemos por la experiencia anterior que allí estuvieron las principales dificultades para aprobar la ley”.
La reunión con los legisladores está prevista para los próximos días. “La idea es recuperar la ley 13.116 que perdió vigencia, pero al mismo tiempo ampliar el universo de deudores que estaban incluidos en esa normativa”, explicó Ariel D´Orazio, referente de la Concejalía.
La convocatoria incluirá en el pedido a los legisladores nacionales santafesinos. “También debería haber una normativa a nivel nacional, como ya se dio en algunos casos puntuales”, consideró.
Lo cierto es que en la provincia, el primer encuentro está previsto con los presidentes de los diferentes bloques políticos de la Cámara de Diputados. “Algunos legisladores ya se acercaron interesados a ver de qué manera se puede buscar una solución a este problema —adelantó—. Y después será tiempo de hablar con los senadores, porque sabemos por la experiencia anterior que allí estuvieron las principales dificultades para aprobar la ley”.
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