Aumenta el número de adolescentes acusados de modo formal luego de ser apresados en quioscos de drogas en Rosario. La mayoría están procesados por comercio de estupefacientes. Los defensores objetan las investigaciones policiales que culminan con los procesamientos de chicos.
.La Capital |
La cifra de menores de edad procesados tras ser capturados en búnkers en Rosario no ha dejado de aumentar durante este año. Las defensorías públicas de la Justicia federal disponen de un listado iniciado en 2011 que llega en la actualidad a 150 chicos, de entre 16 y 18 años, quienes terminan acusados en un trámite penal luego de ser detenidos en puntos de venta de drogas o en sus inmediaciones. Lo que torna visible uno de los principales dramas sociales derivados del afianzamiento de esta modalidad de comercialización, que motivó la llegada de fuerzas federales a la ciudad hace tres semanas.
La rutina de que adolescentes punibles terminen bajo procesamiento alimenta una controversia de política criminal que los defensores públicos de la órbita federal toman como un hecho absurdo. Jurídicamente niños, con historias calcadas unas a otras, estos chicos son el extremo más vulnerable de la cadena de venta de estupefacientes, a la que se incorporan precisamente condicionados por su fragilidad.
La persecución en este nivel, según señalan los defensores, no abre ninguna perspectiva de llegar a los organizadores del negocio criminal. Hacerlo termina siendo un contrasentido jurídico y un dispendio de recursos laborales y materiales, algo poco útil para controlar el narcotráfico. Lo que se agrava en tanto las acusaciones no tienen más sustento que investigaciones policiales deficientes.
Los juicios orales. Durante este año se produjo además la novedad de que personas detenidas cuando eran menores de edad y luego procesadas llegaron a juicio oral y público en los tribunales de Oroño al 900. En uno de los casos, celebrado en el Tribunal Federal Oral Nº 1 a partir del 4 de febrero, una chica resultó condenada por participación secundaria de tenencia simple de drogas. Los mismos jueces que impusieron la sentencia analizan dejar sin efecto la medida por su capacidad de demostrar un cambio en su vida: es madre de varios chicos de los que se ocupa y tiene un trabajo. No obstante el hecho de que llegó a juicio pone de manifiesto una revalidación de estas rutinas judiciales frente a los casos de menores punibles.
Esto mismo queda acentuado por otro hecho remarcable: las decisiones de la Cámara Federal de Rosario que, frente a las apelaciones de las defensas, confirman los procesamientos de menores de edad. En algunos casos estos tribunales de alzada reconocen que "los imputados son personas sumidas en deficitarias condiciones sociales, familiares y económicas, cuadro que se agudiza más todavía si se trata de menores de edad". Pero señalan como importante profundizar las investigaciones para llegar a los líderes de las organizaciones, con lo que validan lo actuado por los jueces.
Menor y único acusado. En uno de estos casos hay un elemento que subraya esta tradición polémica: la persona procesada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, un chico detenido en un cercanías de un búnker, aparece como el exclusivo acusado de un expediente que no tiene ningún otro imputado. Para la encargada de la defensa oficial no es serio pensar que el chico al que asiste, un joven pobre que no fue apresado dentro del quiosco de drogas, sea el único y principal investigado de la causa penal.
Este es el caso de S.F.V., un chico de 17 años, procesado el 28 de marzo pasado por comercio de drogas, en una resolución en la que el juez interviniente le trabó embargo por 20 mil pesos.
La defensora pública de Menores Ad Hoc ante los Tribunales Federales de Rosario, María Fernanda Tugnoli, valora que en todo el recorrido que llega al procesamiento se verifican los pasos de un fracaso global de la política criminal. Ubica este incidente como prototipo de una abrumadora mayoría de hechos similares: un proceso abierto a un menor que proviene de un grupo familiar de escasos recursos económicos, de mínimo bagaje sociocultural y desestructurado. La abogada subraya que la Convención de Derechos del Niño, a la que Argentina adhiere en la Constitución Nacional, prescribe que deben adoptarse medidas para tratar a niños que se acuse de haber infringido leyes penales sin recurrir a procedimientos judiciales.
"Debemos estar convencidos de que causas como estas no deben avanzar, caso contrario la política criminal que se estaría aplicando sería desacertada, ya que en vez de instar causas contra las verdaderas bandas de narcotraficantes lo hacen contra el sector más vulnerable que puede haber, en lo que es sinceramente una actitud de cobardía y no de una verdadera justicia", dice Tugnoli.
Las objeciones de la defensa se detienen en un elemento crucial: las investigaciones preliminares en las que chicos como S.F.V. llegan a los estrados judiciales. "Lamentablemente, como en todos los casos en los que intervengo, me veo obligada a criticar, con razones más que fundadas, el trabajo de las fuerzas de seguridad que actúan en estas causas, como también a la Justicia que lo termina avalando con los procesamientos de los «supuestos implicados», pertenecientes siempre al sector más marginal de la sociedad".
Oscuros. La defensora cuestiona "que se dan por buenas" acciones en donde no hay investigación previa, filmaciones o seguimientos que determinen con sustento qué hacían los chicos en los búnkers. Tampoco se practican diligencias complementarias: los jueces procesan con lo que les trae la policía. Y esos procedimientos, dice la abogada, son muestrarios de actos oscuros. Habla de "actas de testigos ajenos a la fuerza que ingresan luego de la acción policial y certifican con su firma situaciones que no estuvieron en condiciones de percibir".
"A todo esto debemos sumarle que en la gran mayoría de los casos —enfatiza la defensora pública— los inculpados resultan ser lo que en la jerga se conoce con el nombre de «perejiles". En este caso un menor de 17 años que sólo por la versión del acta policial se determina que estaba en el domicilio allanado con el material estupefaciente hallado a simple vista cuando mi defendido explica que no se encontraba en el domicilio sino en sus inmediaciones y que sólo conocía a los chicos que estaban en ese lugar".
En este caso arquetípico Tugnoli considera un sinsentido pensar que un chico de 17 años, procesado en esta causa judicial, "pueda ser el único y principal investigado ".
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