El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo contó con el respaldo del bloque de senadores del Frente para la Victoria y sus aliados. A la hora de votar, el radicalismo, el FAP y el peronismo disidente se retiraron del recinto.
La Capital |
La Cámara de Senadores sancionó esta madrugada la reforma y unificación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y lo giró a Diputados, tras una extensa jornada que se inició la tarde del miércoles 27 y terminó a la madrugada del día siguiente.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo contó con el respaldo del bloque de senadores del Frente para la Victoria y de sus aliados. Sin embargo, a la hora de votar, el radicalismo, el FAP y el peronismo disidente se retiraron del recinto.
La votación, que se realizó a las 4.30 de la mañana, tras casi doce horas de discusión, salió 39 votos a favor y uno en contra del salteño del Partido Renovador Juan Pérez Alsina.
La votación, que se realizó a las 4.30 de la mañana, tras casi doce horas de discusión, salió 39 votos a favor y uno en contra del salteño del Partido Renovador Juan Pérez Alsina.
El debate giró en torno de algunas cuestiones fundamentales, como la responsabilidad del Estado y el debate sobre el inicio de la vida, pero también con el acceso al agua, a la tierra o el divorcio.
Sin embargo, antes de que se inicie la discusión, el radicalismo había pedido que la norma no se votara a "libro cerrado", algo que a lo que el kirchnerismo se negó.
"Era el final que buscaban. Es una forma de no comprometerse en esta discusión y hacer aparecer el Código como fruto de una sola facción política", advirtió el jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto. Antes, el radical Ernesto Sanz había anticipado que se iban a retirar del recinto "por respeto" a su "dignidad" y por la decisión del kirchnerismo de aprobar la norma "a libro cerrado".
También se retiraron de la sala de sesiones las peronistas disidentes Liliana Negre de Alonso y Sonia Escudero, quienes si bien anticiparon que iban a votar a favor de la iniciativa gracias a la modificación del artículo sobre concepción humana, luego de que el oficialismo anticipó que esa cuestión debería ser modificada en Diputados, optaron por retirarse.
El presidente de la Comisión Bicameral Especial, el kirchnerista neuquino Marcelo Fuentes, abrió la discusión a las cinco de la tarde argumentando que "esta reforma es el recupero del concepto de la libertad, de la diversidad y del derecho que tenemos a ejercer en plenitud nuestras posibilidades sin que haya una visión única".
Por su parte, Pichetto defendió el voto a favor del Código que impulsa el Frente para la Victoria, aunque dijo que no compartía su "matriz civilista". "Tengo una mirada positiva de lo hecho, no con la mirada destructiva. Estamos haciendo avances significativos en otras cosas", destacó el senador rionegrino. De todos modos, Pichetto dijo que iba a votar a favor, pese a sus disidencias, por "disciplina política".
"No lo comparto. Lo voy a votar porque tengo obligaciones políticas, pero hay una estructura de pensamiento y una idea que liquida la relación del sujeto privado con el Estado y la coloca dentro del marco del derecho público", describió.
Pichetto también dijo que el artículo 19, sobre la cuestión de la concepción, tampoco lo satisfacía y que esperaba que la Cámara baja volviera a la redacción original que hablaba de la existencia de vida humana a partir de la implantación del embrión en el seno materno, en las fertilizaciones asistidas.
Pichetto también dijo que el artículo 19, sobre la cuestión de la concepción, tampoco lo satisfacía y que esperaba que la Cámara baja volviera a la redacción original que hablaba de la existencia de vida humana a partir de la implantación del embrión en el seno materno, en las fertilizaciones asistidas.
Varios legisladores criticaron esa reforma, entre ellos, el radical Sanz, quien dijo que "quienes crean que estamos hablando de cosas que tienen que ver con laboratorios y manipulaciones se equivocan, porque estamos hablando de cosas que tienen que ver con el amor y la vida".
La ausencia de artículos que establezcan el derecho del acceso al agua también fue parte de la discusión, cuando el radical tucumano José Cano cuestionó esa decisión.
El oficialista bonaerense Aníbal Fernández le respondió, por su parte, que "el acceso al agua es un derecho público esencial" y que por eso "no es imperioso que esté en el Código Civil". Fernández también ponderó que el nuevo Código será “una solución para la familia" en cuanto a la cuestión del "divorcio".
El socialista Rubén Giustiniani cuestionó que el oficialismo no haya querido introducir modificaciones al articulado de la norma y se refirió, entre otros temas, a que se haya quitado del Código "el derecho al acceso al agua potable como un derecho humano, en beneficio de las empresas mineras y detrimento de los ciudadanos".
Por su parte, el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá también criticó el "apuro" del oficialismo por aprobar en un "trámite express" el nuevo Código Civil y Comercial al sospechar de la existencia de un "toma y daca entre el Poder Ejecutivo y el Judicial".
"¿Qué apuro hay? ¿Por qué tenemos que tratar a libro cerrado y con fórceps el nuevo Código? Antes había que sancionar el Código antes del 7D. Después se suspendió. Ahora que salió la constitucionalidad de la Ley de Medios, apuramos el tratamiento", puntualizó Rodríguez Saá.
El proyecto que consta de más de 2600 artículos e introduce cambios sustanciales que modificarán la vida de los argentinos, entrará en vigencia el 1 de enero de 2016 una vez que la Cámara de Diputados la sancione, presumiblemente, el próximo año.
Entre otros puntos, la sanción del Senado establece que el comienzo de la existencia humana se produce en la concepción, modificando la redacción original que incluía en los casos de reproducción humana asistida, que la vida comenzaba con la implantación del embrión en la mujer. En ese sentido, aclara que la protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial.
También se eliminó de la redacción actual cuestiones como la "filiación post mortem" y la regulación de la "propiedad para uso social".
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