Mientras en el Congreso se decidía su destino, almorzaba con el embajador norteamericano para pedir ayuda.
Fernando Lugo habla con la prensa frente a su casa el pasado 24
de junio, dos días después de ser destituido por el Senado. Pasó de una
actitud de resignación a otra de denuncia en pocos días.
Cuando Fernando Lugo ya no tenía a quién
acudir en su solitaria batalla por conservar la presidencia, apeló a lo
que muchos en América Latina consideran la autoridad suprema de la
región. Pidió ayuda del gobierno estadounidense.
Salió disimuladamente del palacio presidencial y se
reunió por más de una hora con el embajador estadounidense James
Thiesen, mientras los legisladores se preparaban para entablarle al día
siguiente un juicio político. Y mientras estaba almorzando con el
embajador, la oposición derechista también se puso en contacto con la
embajada estadounidense. El mandatario fue destituido el pasado 22 de
junio.
Los planteos que hicieron ambos bandos en esos
momentos críticos, y la respuesta de Estados Unidos, son un misterio.
Thiesen declaró a Associated Press (AP) que no haría comentarios hasta
que se difunda este martes el informe de una delegación investigadora de
la Organización de Estados Americanos (OEA).
En público, el Departamento de Estado se mantuvo
neutral, por más que la destitución de Lugo conmocionó a Paraguay y
líderes regionales hicieron presión sobre su vecino, que carece de
salida al mar, para evitar lo que califican como un "golpe
institucional".
¿Debería haber hecho más Estados Unidos por defender a
Lugo, a pesar de que había perdido la confianza de casi todos los
legisladores, con excepción de un puñado, en un país donde la
Constitución contempla la destitución del presidente por "mal desempeño"
de sus funciones con dos tercios de los votos en el Congreso?
Mucha gente en la región opina que sí, y algunos
culpan a los estadounidenses por la caída de Lugo. "El golpe de Estado
en Paraguay se estaba preparando desde hace tiempo y es parte de la
política continental impuesta por los Estados Unidos contra gobiernos
democráticos, con la complicidad de los poderes económicos y políticos",
afirmó el premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, quien
exhortó a toda la región a defender la democracia y devolver a Lugo a
la presidencia. El presidente venezolano Hugo Chávez fue aún más allá y
sostuvo que la destitución de Lugo había sido una "decisión del
Pentágono".
Valenzuela.
Otros no creen que Washington pudiera haber hecho la
diferencia. Las teorías conspirativas abundan en Latinoamérica, pero la
realidad es que no había mucho que pudieran hacer Estados Unidos y otros
gobiernos para proteger a Lugo, según el estadounidense Arturo
Valenzuela, ex subsecretario de Estado para la región, quien opinó que
la incapacidad del mandatario para hacer alianzas políticas lo expuso a
lo largo de toda su presidencia a un juicio político.
Esto no quiere decir que el gobierno estadounidense
no tenga que tratar de influir en los asuntos internos de otro país
cuando puede promover una solución positiva a un problema, opinó
Valenzuela, quien recordó un episodio en el que tuvo que defender
personalmente a Lugo. Dijo que había sido "una de las tareas más
difíciles" que tuvo como máximo diplomático del gobierno de Obama en
América latina. "Pasé horas, hace dos años, con los líderes del Partido
Colorado, sobre todo del Congreso, tratando de convencerlos de que no
era una buena idea hacerle juicio político al presidente. De hecho, no
se dio", expresó Valenzuela este viernes en la sede de Diálogo
Interamericano, en Washington.
En esta ocasión, sin embargo, había un abrumador
sentimiento entre los legisladores paraguayos de que era hora de acabar
con el enigmático gobierno de Lugo. La votación fue 76-1 en la Cámara
baja para enjuiciarlo, y después de un apresurado juicio político al día
siguiente, los senadores votaron 39-4 a favor de la destitución.
Lugo, cuya elección en 2008 puso fin a seis décadas
de gobierno del Partido Colorado, era distante e incluso misterioso como
gobernante. Casi nunca explicó sus decisiones y raramente hablaba con
los medios de comunicación. Al final, después de que casi todos sus
aliados lo habían abandonado, sus intenciones eran aún más difíciles de
entender. Cambió de rumbo varias veces, al decir que aceptaría el
veredicto de juicio político, para después desafiarlo.
Mientras que Estados Unidos se mantuvo al margen,
otros países de la región intentaron salvar a Lugo. Y fracasaron. Los
cancilleres de una docena de naciones de América del Sur volaron juntos a
Asunción. Se encontraron con que estaban abogando con más fuerza contra
la destitución que el propio Lugo.
El canciller venezolano Nicolás Maduro se reunió en
privado con los cuatro jefes de las fuerzas militares paraguayas, lo que
provocó acusaciones del nuevo gobierno de que exhortó a los militares a
usar la fuerza para impedir la destitución. Altos diplomáticos de
Argentina y Brasil confrontaron al vicepresidente paraguayo Federico
Franco, y supuestamente amenazaron con sanciones financieras si no
suspendía la votación en el Congreso. Los cancilleres visitantes
hicieron un último intento de persuadir a los propios senadores, sin
ningún resultado.
Cuando destituyeron a Lugo, la Unasur y el Mercosur
suspendieron a Paraguay en represalia y Lugo pidió esta semana a la OEA
que suspenda también a Paraguay, al tiempo que comparó el trato que le
dieron con el recibido por Manuel Zelaya, el presidente hondureño sacado
del país en pijamas en un golpe en 2009.
Pero el gobierno de Barack Obama ha tomado distancia
en este tipo de crisis políticas. En Libia, Egipto, Siria y ahora
Paraguay, se ha remitido a las organizaciones regionales y los países
vecinos, dejando que otros tomen la iniciativa al describir y defender
lo que es mejor para la democracia.
"Como Hitler"
Algunos partidarios de Lugo están furiosos con
Estados Unidos por no hacer más. "Nadie que diga defender la democracia
puede tener una actitud contemplativa frente a lo ocurrido en 1933 en
Alemania cuando Adolf Hitler hizo un golpe parlamentario, o cuando en
2006 en Honduras hubo otro quiebre democrático", sostuvo Ricardo Canese,
secretario general de la coalición de organizaciones y partidos de
izquierda Frente Guasú (Frente Grande en idioma guaraní). "Si el
gobierno de Barack Obama no condena a los golpistas que destituyeron a
Lugo, si no condena esta actitud propia de una dictadura, será muy grave
para Estados Unidos".
El Departamento de Estado se ha limitado a emitir
unos pocos comunicados cautelosos, negándose a describir el juicio
político como un golpe y sin criticar demasiado el apuro de los
senadores por destituir al mandatario. "Hemos estado siguiendo de cerca
los acontecimientos en Paraguay y nos preocupa mucho la velocidad del
proceso que desembocó en el juicio político", dijo en una declaración.
Agregó allí que "Estados Unidos está muy interesado en el éxito de la
democracia en Paraguay y se propone continuar actuando con los países
del hemisferio para garantizar que las instituciones y los procesos
democráticos sean preservados y reforzados".
La postura estadounidense obtuvo un apoyo clave esta
semana de la Human Rights Foundation de Nueva York, organización sin
fines de lucro que estudió a fondo al golpe de Honduras para la OEA y
fue muy crítica del Departamento de Estado en esa ocasión. "Lo que pasó
en Paraguay no tiene nada que ver con lo que sucedió en Honduras hace
tres años", afirmó Javier El-Hage, director de asuntos legales de la
fundación, quien opina que el nuevo gobierno paraguayo debería ser
reconocido plenamente.
"El presidente Lugo fue destituido legalmente,
mediante un juicio político, convocado sobre bases ambiguas pero
legítimas y constitucionales. Los principios, más que la política, son
lo que deberían primar en las evaluaciones de la OEA y de los demás en
la comunidad internacional".
No hay comentarios:
Publicar un comentario