Los represores quedaron más comprometidos por los testimonios que se oyeron ayer en el debate.
Cinco agentes de la Policía Federal declararon
ayer en la continuidad del juicio contra ocho represores acusados por
crímenes de lesa humanidad en la zona este de la provincia. En su caso,
cumplían funciones como celadores en la Policía Federal de Concepción
del Uruguay en los días en que estuvieron detenidos ilegalmente nueve
estudiantes secundarios, un joven oriundo de Gualeguaychú y un soldado
conscripto.
En general se escudaron en faltas de memoria por el paso de los años y fueron reticentes para recordar detalles de los hechos que se investigan. A decir verdad, no recordaban detalles y tampoco algunas generalidades. Tanto es así que se llevaron retos de parte del tribunal y respecto de uno de ellos, Miguel Ángel Contard, la querella pidió que se lo investigue por falso testimonio.
Pero también hubo extrañas coincidencias en el relato de los celadores: ninguno estaba presente cuando los estudiantes secundarios fueron ingresados a la Policía Federal. El 19 de julio de 1976, nueve adolescentes fueron secuestrados por una patota de la Policía Federal, trasladados hasta esa Delegación y agrupados en un salón al que los verdugos llamaban Casino de Oficiales. Todos los celadores dijeron haber llegado al día siguiente y que se los “encontraron” sentados, en sillas individuales, en silencio.
La patota. Sin embargo, a partir de sus testimonios es posible reconstruir la composición de esa estructura dedicada a la represión ilegal que funcionaba en la Policía Federal. Se sabe que José Darío Mazzaferri era el jefe y Julio César Rodríguez lo secundaba en el área de inteligencia, que funcionaba bajo el rótulo de “oficina técnica”, pero sugirieron que también participaban de los secuestros y torturas los agentes Américo Rodríguez (alias King Kong), Pedro Becker (fallecido), Eduardo Acuña (f), Pedro Páez (f), Nicolás García (f), Juan Luis Adán Doello (f), Francisco José Acosta (f), Jorge Aurelio Barreto (f) y José María Haidar; junto con otros de apellidos Guillén y Sastre; y otros apodados Parche y Cordobés, este último de nombre Luis Oscar Varela, que también han sido mencionados por las víctimas.
Y, por supuesto, los celadores de la Policía Federal tampoco excusaron de responsabilidades al subcomisario Alfonso Ceballos.
Algunas víctimas también mencionaron a Salvador Dellagiustina como partícipe de detenciones ilegales y de la aplicación de tormentos. Ayer, en su declaración como testigo, el agente de la Policía Federal negó esas acusaciones.
Según dijeron los celadores, el acceso a la oficina técnica, que estaba ubicada en la planta alta de la dependencia era limitado al personal que cumplía funciones allí. “No era mi misión”, dijo uno de ellos. “Yo tenía que estar en la guardia”, dijo otro. Y casi al unísono, todos, negaron haber subido a esa zona.
Sin cassette. Fue Héctor Pietrafesa el único de los agentes que intentó otro relato. Admitió haber participado de los operativos como chofer, aunque dijo no conocer los motivos de esas detenciones. Inclusive, señaló que “cuando faltaba Mazzaferri, el que se hacía cargo y salía con los de la oficina técnica era Crescenzo”.
Sobre los interrogatorios, precisó que “estaban a cargo del comisario (Jorge Vera), del subcomisario (Ceballos) o del personal de inteligencia” y que se hacían “en el despacho del jefe o en la oficina técnica”.
“Nosotros no podíamos tener contacto con los detenidos; solo podían hacerlo los oficiales y la gente de la oficina técnica”, acotó sobre el grupo de adolescentes.
Según dijo, en la planta alta “estaba la memoria de la delegación, los ficheros de documentación con un archivo de datos de cada persona, y también expedientes reservados que se armaban con las detenciones”.
Coincidentes. En líneas generales, los celadores coincidieron en que los estudiantes secundarios estaban “demorados” en la sede de la Policía Federal, pero que no preguntaron los motivos de esas detenciones ni les fueron informados por sus superiores. Así se expresaron Miguel Ángel Contard, Salvador Dellagiustina, Mario Miret y Ernesto Parlatto, que además fueron celosamente cuidadosos en no recordar las funciones que tenían los imputados Francisco Crescenzo y Julio César Rodríguez, ni el prófugo Mazzaferri, pero sí respecto de que no tenían contacto con los detenidos.
Contard hasta se permitió trazar una diferencia entre “demorado” y “detenido”, cotejó. “Les llamábamos los demorados porque así les decía el oficial de guardia. Creo que demorado obedece a un hecho circunstancial”, intentó explicar, a lo que el querellante Rubén Pagliotto contestó irónicamente refiriendo a la “circunstancial” detención durante dos años de Carlos Martínez Paiva.
Dellagiustina fue más allá en esa línea de construcción del relato y se permitió afirmar que los estudiantes “dormían en colchonetas y frazadas que les habían llevado sus familiares”, como si se tratara de un mal chiste para las víctimas que dijeron haber sido obligadas a permanecer sentadas mirando la pared durante una semana.
Parlatto, por su parte, si admitió haber preguntado sobre los motivos por los cuales habían sido detenidos los estudiantes secundarios y que la respuesta que recibió de sus compañeros fue que eran “políticos”, sin más detalles.
El impacto de las torturas
En el inicio de la audiencia declaró por videoconferencia, desde Concepción del Uruguay, José Javier Lizarralde, cuñado de Jorge Felguer, un exconscripto que fue secuestrado mientras hacía el servicio militar en Villaguay. Contó que tras enterarse que el hermano de su esposa estaba detenido en el Regimiento de Gualeguaychú se presentó ante el jefe de la unidad militar, Juan Miguel Valentino, para consultarle por los motivos. Como respuesta recibió una arenga que él asemejó con “un reto”, ya que Valentino dijo que “los chicos eran extremistas, criminales y había que tener cuidado con ellos”.
Lizarralde dijo además que el período que pasó privado de su libertad dejó en Felguer “consecuencias psicológicas muy fuertes que continúan hasta el día de hoy” y continuó: “Se perseguía, no salía a la calle, no hablaba con nadie, ni con nosotros, y recién nos contó de las torturas varios años después y tampoco entró en detalles”, narró.
Allanamientos
Entre viernes y sábado se realizaron allanamientos en la casa del dictador Jorge Rafael Videla; la de su ministro del Interior Albano Harguindeguy; y la de Santiago Omar Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo durante la dictadura. Marcelo Boeykens solicitó el miércoles que se envíe un oficio al Juzgado Federal de San Martín para que remita copia de todo el material secuestrado en los domicilios de Videla y Harguindeguy por considerar que puede ser de utilidad para esta causa.
El fiscal José Candioti, en su adhesión al pedido de la querella, acotó que la pertinencia del planteo está dada en que, según trascendió, entre los documentos se habrían incautado partes de inteligencia e informes de operativos que realizaba la dictadura.
El planteo fue admitido por el tribunal y ya se libraron los oficios correspondientes.
En general se escudaron en faltas de memoria por el paso de los años y fueron reticentes para recordar detalles de los hechos que se investigan. A decir verdad, no recordaban detalles y tampoco algunas generalidades. Tanto es así que se llevaron retos de parte del tribunal y respecto de uno de ellos, Miguel Ángel Contard, la querella pidió que se lo investigue por falso testimonio.
Pero también hubo extrañas coincidencias en el relato de los celadores: ninguno estaba presente cuando los estudiantes secundarios fueron ingresados a la Policía Federal. El 19 de julio de 1976, nueve adolescentes fueron secuestrados por una patota de la Policía Federal, trasladados hasta esa Delegación y agrupados en un salón al que los verdugos llamaban Casino de Oficiales. Todos los celadores dijeron haber llegado al día siguiente y que se los “encontraron” sentados, en sillas individuales, en silencio.
La patota. Sin embargo, a partir de sus testimonios es posible reconstruir la composición de esa estructura dedicada a la represión ilegal que funcionaba en la Policía Federal. Se sabe que José Darío Mazzaferri era el jefe y Julio César Rodríguez lo secundaba en el área de inteligencia, que funcionaba bajo el rótulo de “oficina técnica”, pero sugirieron que también participaban de los secuestros y torturas los agentes Américo Rodríguez (alias King Kong), Pedro Becker (fallecido), Eduardo Acuña (f), Pedro Páez (f), Nicolás García (f), Juan Luis Adán Doello (f), Francisco José Acosta (f), Jorge Aurelio Barreto (f) y José María Haidar; junto con otros de apellidos Guillén y Sastre; y otros apodados Parche y Cordobés, este último de nombre Luis Oscar Varela, que también han sido mencionados por las víctimas.
Y, por supuesto, los celadores de la Policía Federal tampoco excusaron de responsabilidades al subcomisario Alfonso Ceballos.
Algunas víctimas también mencionaron a Salvador Dellagiustina como partícipe de detenciones ilegales y de la aplicación de tormentos. Ayer, en su declaración como testigo, el agente de la Policía Federal negó esas acusaciones.
Según dijeron los celadores, el acceso a la oficina técnica, que estaba ubicada en la planta alta de la dependencia era limitado al personal que cumplía funciones allí. “No era mi misión”, dijo uno de ellos. “Yo tenía que estar en la guardia”, dijo otro. Y casi al unísono, todos, negaron haber subido a esa zona.
Sin cassette. Fue Héctor Pietrafesa el único de los agentes que intentó otro relato. Admitió haber participado de los operativos como chofer, aunque dijo no conocer los motivos de esas detenciones. Inclusive, señaló que “cuando faltaba Mazzaferri, el que se hacía cargo y salía con los de la oficina técnica era Crescenzo”.
Sobre los interrogatorios, precisó que “estaban a cargo del comisario (Jorge Vera), del subcomisario (Ceballos) o del personal de inteligencia” y que se hacían “en el despacho del jefe o en la oficina técnica”.
“Nosotros no podíamos tener contacto con los detenidos; solo podían hacerlo los oficiales y la gente de la oficina técnica”, acotó sobre el grupo de adolescentes.
Según dijo, en la planta alta “estaba la memoria de la delegación, los ficheros de documentación con un archivo de datos de cada persona, y también expedientes reservados que se armaban con las detenciones”.
Coincidentes. En líneas generales, los celadores coincidieron en que los estudiantes secundarios estaban “demorados” en la sede de la Policía Federal, pero que no preguntaron los motivos de esas detenciones ni les fueron informados por sus superiores. Así se expresaron Miguel Ángel Contard, Salvador Dellagiustina, Mario Miret y Ernesto Parlatto, que además fueron celosamente cuidadosos en no recordar las funciones que tenían los imputados Francisco Crescenzo y Julio César Rodríguez, ni el prófugo Mazzaferri, pero sí respecto de que no tenían contacto con los detenidos.
Contard hasta se permitió trazar una diferencia entre “demorado” y “detenido”, cotejó. “Les llamábamos los demorados porque así les decía el oficial de guardia. Creo que demorado obedece a un hecho circunstancial”, intentó explicar, a lo que el querellante Rubén Pagliotto contestó irónicamente refiriendo a la “circunstancial” detención durante dos años de Carlos Martínez Paiva.
Dellagiustina fue más allá en esa línea de construcción del relato y se permitió afirmar que los estudiantes “dormían en colchonetas y frazadas que les habían llevado sus familiares”, como si se tratara de un mal chiste para las víctimas que dijeron haber sido obligadas a permanecer sentadas mirando la pared durante una semana.
Parlatto, por su parte, si admitió haber preguntado sobre los motivos por los cuales habían sido detenidos los estudiantes secundarios y que la respuesta que recibió de sus compañeros fue que eran “políticos”, sin más detalles.
El impacto de las torturas
En el inicio de la audiencia declaró por videoconferencia, desde Concepción del Uruguay, José Javier Lizarralde, cuñado de Jorge Felguer, un exconscripto que fue secuestrado mientras hacía el servicio militar en Villaguay. Contó que tras enterarse que el hermano de su esposa estaba detenido en el Regimiento de Gualeguaychú se presentó ante el jefe de la unidad militar, Juan Miguel Valentino, para consultarle por los motivos. Como respuesta recibió una arenga que él asemejó con “un reto”, ya que Valentino dijo que “los chicos eran extremistas, criminales y había que tener cuidado con ellos”.
Lizarralde dijo además que el período que pasó privado de su libertad dejó en Felguer “consecuencias psicológicas muy fuertes que continúan hasta el día de hoy” y continuó: “Se perseguía, no salía a la calle, no hablaba con nadie, ni con nosotros, y recién nos contó de las torturas varios años después y tampoco entró en detalles”, narró.
Allanamientos
Entre viernes y sábado se realizaron allanamientos en la casa del dictador Jorge Rafael Videla; la de su ministro del Interior Albano Harguindeguy; y la de Santiago Omar Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo durante la dictadura. Marcelo Boeykens solicitó el miércoles que se envíe un oficio al Juzgado Federal de San Martín para que remita copia de todo el material secuestrado en los domicilios de Videla y Harguindeguy por considerar que puede ser de utilidad para esta causa.
El fiscal José Candioti, en su adhesión al pedido de la querella, acotó que la pertinencia del planteo está dada en que, según trascendió, entre los documentos se habrían incautado partes de inteligencia e informes de operativos que realizaba la dictadura.
El planteo fue admitido por el tribunal y ya se libraron los oficios correspondientes.
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