Foto: Guillermo Di Salvatore
El Litoral
Luis Rodrigo - politica@ellitoral.com
Prefiere hablar de la experiencia del gobierno nacional en la materia, más que de un modelo de gestión consolidado. Abre las posibilidades a desarrollos con El capital privado, pero acotados a roles muy particulares y específicos, sobre todo en tratamiento de aguas cloacales “y sin tasas de retorno garantizadas en dólares”, como en los ‘90. Coincide en que han fracasado los últimos diez años y las privatizaciones.
Emilio Lentini es asesor de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, que encabeza Pablo Bereciartua. Con años de experiencia en El ente regulador nacional, en la Cepal, en juicios ante El Ciadi y como consultor internacional, El funcionario describe un El desafío que enfrenta El gobierno nacional si pretende al menos acercarse a la meta de la pobreza cero.
El coordinador de gabinete vino a Santa Fe invitado por El Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) y dialogó con El Litoral.
"Encontramos una realidad compleja, que hemos analizado y contamos con una propuesta de trabajo y un plan de desarrollos de infraestructura que es muy ambicioso, con metas nacionales para la gestión de gobierno (y dos años más) para que el país llegue a una cobertura del 100% en agua potable en áreas urbanas y el 75% en cloacas. Hoy estamos en un 85 u 86% de agua y en cloacas El 55 ó 56%.
-El kirchnerismo sostiene que avanzó mucho en ese aspecto ¿Es así?
-Hablemos de cuestiones objetivas: a nivel internacional se fijaron las Metas del Milenio. Y se esperaba que de 2005 a 2015 se redujera a la mitad el déficit de cobertura en agua y saneamiento, sobre la base de estadísticas internacionales que no miden como nosotros el acceso al servicio. Para esos parámetros basta una canilla pública, en la Argentina -lógicamente- eso no se considera acceso. El gobierno anterior también se trazó metas basadas en el criterio tradicional: hay acceso si llega la red y se exigió revertir tres cuartas partes del déficit en acceso al agua potable y las cloacas. Esas metas no se alcanzaron. Hubo inversiones relativamente importantes, en plantas y redes primarias, pero exclusivamente en el área metropolitana de Capital Federal y el gran Buenos Aires.
-¿Por qué la gestión actual sí va a poder cumplir las metas? ¿Qué van a hacer diferente?
-Es cierto que es más fácil plantear metas que cumplirlas. La primera que nos planteamos es pobreza cero, lo que ha generado toda una discusión sobre las causas múltiples que la generan. Es dentro de ese esquema que se piensa como prioridad al desarrollo en agua y saneamiento, como parte de la meta pobreza cero. El presidente Macri lo ha manifestado antes y después de las elecciones y se han dado pasos concretos. Se constituyó una Dirección de Agua Potable y Saneamiento que no existía en El área del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Tiene una gran actividad y antes de cumplidos seis meses de gobierno la Dirección tomó contacto con todas las Provincias y con más de 200 municipios, en junio se organizó una jornada nacional -un taller- para la comunicación con las Provincias y contamos con más de 200 representantes: hubo autoridades y funcionarios provinciales y de las empresas operadoras, fue un gran trabajo de contacto. Hay otros cambios: se presta más atención al ente regulador. No digo que haya sido vaciado en la gestión anterior, pero era distinto. Hubo directores que no reunían la experiencia mínima necesaria a cargo de los entes de control. El gobierno nacional ha dado instrucciones muy precisas para avanzar y bajo la órbita de la Subsecretaría de Recursos hídricos produjo un documento muy importante, que expone como hace años no se hace, una política de Estado para la gestión y parte de la próxima: El Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Con estimaciones y metas que requieren unos 22.000 millones de dólares, en 6 años. Significa pasar de un nivel de inversiones del sector del 0,2% sobre El PBI a 0,7% y con un año de 1,2%. El financiamiento externo va a ser la fuente principal de recursos.
-Son cifras que un poco asustan.
-Sí. Creímos que habíamos sobrestimado El gasto necesario para cumplir estas metas, ahora vemos las necesidades en cada provincia, sobre problemas que no tienen un relevamiento actualizado y vemos que tal vez resulte insuficiente, porque no sólo hay problemas de accesibilidad también hace falta renovación de redes en muchos casos totales.
-Una lectura simplista: en los ‘90 todo fue privatizar y en la última década, subsidios estatales y algunas reestatizaciones. Eso sí, ambas fueron frustrantes.
-He trabajado mucho con la Cepal y participé en varias audiencias de arbitraje del Ciadi, incluso en la de Santa Fe. Y uno reflexiona sobre cuáles fueron los principales problemas y los fracasos. La macroeconomía sana es imprescindible. Sin crecimiento e inflación baja, fracasa cualquier plan de infraestructura, en agua también. Se necesita largo plazo... No descubro nada, por supuesto, pero la infraestructura crece con la economía sana. Chile lo ha hecho en 25 años de crecimiento e inflación inferior a 5%. Y lo otro es la continuidad en las políticas de Estado, la calidad de las leyes, una regulación profesional, consensos políticos para construir esos procesos. Eso es lo que nos falta en la Argentina. Aquí vimos que un gobierno del mismo partido primero hizo un proceso de privatizaciones violento, con poco estudio, improvisado y con demasiados resguardos para el capital internacional (firma de Tratados de Protección de Inversiones) y hubo esquemas financieros de mucho riesgo para un país que es volátil, con crisis periódicas duras. Un día el dólar pasó de uno a cuatro, y así se multiplicaron las deudas y la facturación quedó en uno. Y el mismo partido, luego, decide reestatizar y con la crisis de 2001 se perdieron cinco años de negociaciones... Hasta 2008 no se hizo nada importante en infraestructura. Ocho años sin inversiones. en 2009 recién volvieron. ese fue el costo del cambio violento, no sólo de la economía, sino del modelo de servicios. La conclusión es que en este gobierno más que hablar de privatizaciones pensamos en la participación del sector privado en financiamiento y de manera focalizada dónde podrían invertir. en agua es muy difícil recuperar el capital y más tener cierta rentabilidad, pero vemos la posibilidad de financiar plantas de tratamiento de aguas residuales o acueductos con contratos que no pueden -otra vez- garantizar retornos en dólares. Y para eso las tarifas se deben parecer a los costos, El gobierno anterior dejó una situación muy difícil en ese sentido, las tarifas cubrían 25% del costo de la potabilización y el mantenimiento de las cloacas; ahora, el 85%.
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