Cada fin de año trae consigo la necesidad de hacer balances. Uno de ellos tiene que ver con el nuevo sistema de Justicia Penal en Santa Fe, que debutó el 10 de febrero pasado. Más allá de la falta de recursos que denunció la defensoría provincial y el reclamo de fiscales por parte del Ministerio Público de la Acusación, los principales actores de la reforma calificaron de “positiva” la implementación y funcionamiento del modelo acusatorio.
Así lo entendieron funcionarios de los tres poderes del Estado, que se reunieron en la ciudad de Venado Tuerto en el marco de las Mesas Regionales de Seguimiento del Sistema Oral y Público. En ese sentido, destacaron que más de 1.400 conflictos penales tuvieron una resolución judicial que les puso término. El desafío para el próximo año es dotar de más funcionarios y operadores al modelo que tiene una alta demanda.
De acuerdo a los datos brindados por la Secretaría de Transformación de los Sistemas Judiciales, en la actualidad desarrollan funciones el fiscal general (Julio De Olazábal), el defensor provincial (Gabriel Ganón) y los fiscales y defensores regionales correspondientes a las cinco circunscripciones judiciales (Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto).
En total, fueron designados para toda la provincia 89 fiscales (esta cifra incluye al fiscal general, fiscales regionales, fiscales y adjuntos y aquellos que aún tienen jura pendiente) y 61 defensores públicos (esta cifra incluye al defensor provincial, defensores regionales, defensores públicos y adjuntos y aquellos que aún tienen jura pendiente). Estos funcionarios se desempeñan exclusivamente en el nuevo sistema.
Además, a pedido del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de Defensa Penal se están concursando 41 cargos de fiscales y 22 cargos de defensores públicos en toda la provincia. Ya culminaron los concursos de fiscales y defensores de Reconquista, Venado Tuerto, fiscales adjuntos de Rosario y defensor público para San Lorenzo.
Para la Secretaría de Transformación de los Sistemas Judiciales, esos datos demuestran “que se están reforzando las instituciones de la nueva Justicia Penal”. Al respecto, Julio de Olazábal reiteró en varias ocasiones que el plantel mínimo (y avalado por ley) que necesita el ministerio que conduce es de 160 fiscales y espera que en 2015 se puedan cubrir todos esos cargos.
Más aún, porque la idea del fiscal general es crear unidades especiales para investigar delitos complejos y los casos de corrupción en el ámbito público –entre otras cosas–, lo que incluye a las fuerzas de seguridad de la provincia. De todas formas, es de recordar que los operadores funcionales del viejo sistema pasarán a cumplir tareas en el actual modelo, tal cual está previsto en la Ley de Transición (Nº 13.004).
“Naturalmente la nueva Justicia penal acrecienta su carga de trabajo mientras que la Justicia residual exponencialmente disminuye la suya”, señalaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Precisamente, autoridades del Ejecutivo, la Justicia y el Poder Legislativo llegaron a un consenso con respecto a la necesidad de continuar con traspasos de jueces, empleados y funcionarios del sistema residual al nuevo sistema para febrero de 2015.
Respuestas institucionales
Desde el 10 de febrero se realizaron alrededor de 7.800 audiencias penales orales y públicas en la provincia (ese número incluye las audiencias de primera y segunda instancia). Esto implica que como promedio se realizan unas de 25 audiencias por día en las cinco circunscripciones que tiene el territorio, aunque la mayor parte de ellas se dan en Rosario y Santa Fe.
De hecho, al tomar como parámetro la fecha de inicio del nuevo sistema, 14 audiencias por día se realizan en la circunscripción Rosario, mientras que en la circunscripción Santa Fe son aproximadamente siete audiencias diarias. A su vez, en los últimos meses se verificó un notable incremento en la cantidad de audiencias en la ciudad del sur provincial, donde llegó a haber hasta 20 audiencias diarias.
“Para dimensionar el notable cambio en comparación con el viejo sistema –indicaron desde el Ministerio de Justicia–, en cada una de estas audiencias se le da una respuesta judicial concreta a las partes del conflicto. Por ejemplo, se ordenan prisiones preventivas, se dictan condenas por medio de juicios abreviados, se habilita a una víctima a constituirse en parte querellante en el proceso penal, se resuelve el caso a través de alguna de las salidas alternativas previstas en el Código Procesal Penal”.
También, manifestaron que “no solo se destaca la publicidad de las audiencias, sino que estas se desarrollan en turno matutino, vespertino e incluso en días inhábiles, lo que constituye una mejora cualitativa notable en comparación con el viejo sistema y redunda en beneficio de la ciudadanía”. Autoridades del Ministerio Público de la Acusación valoraron esa misma disponibilidad para brindar respuestas a las demandas de los justiciables y el estado de derecho.
En otro orden de cosas, se informó que “hasta el momento se concretaron más de 600 procedimientos abreviados, lo que representa más de dos condenas por día en la provincia”. Asimismo, “más de 800 causas fueron resueltas a través de conciliaciones, mediaciones penales, aplicación de criterios de oportunidad o suspensiones del juicio a prueba”.
“Este dato estadístico es para subrayar, ya que la respuesta del sistema penal deja de ser la prescripción, algo que caracterizaba al viejo sistema: cuando se adopta una salida alternativa se le está dando una respuesta a la víctima”, indicaron. De esa forma, más de 1.400 conflictos penales que se originaron luego del 10 de febrero tuvieron resolución judicial que le puso término.
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