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viernes, 2 de enero de 2015

Antonio Bonfatti designó fiscales y defensores públicos para la justicia penal

Los nombramientos refuerzan los recursos humanos del nuevo modelo, que rige desde el 10 de febrero. Acordaron además continuar con los traspasos de jueces, empleados y funcionarios del sistema residual al nuevo sistema para febrero de 2015. “Con estas designaciones se fortalece el sistema, brindándole los recursos humanos necesarios para su buen funcionamiento”, indicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Secretaría de Comunicación Social | 
Antonio Bonfatti designó fiscales y defensores públicos para la justicia penal

El gobernador Antonio Bonfatti designó fiscales adjuntos y defensores públicos adjuntos para la justicia penal de la provincia, en el marco de los avances y la profundización del nuevo sistema procesal penal que se puso en marcha el 10 febrero de este año.
“Con estas designaciones se fortalece el sistema, brindándole los recursos humanos necesarios para su buen funcionamiento”, indicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En este sentido, se nombraron siete fiscales adjuntos para Rosario; seis fiscales adjuntos para la circunscripción de Reconquista; dos defensores públicos adjuntos para la circunscripción de Reconquista; tres fiscales adjuntos para la circunscripción Venado Tuerto; dos defensores públicos adjuntos para la circunscripción Venado Tuerto, y una defensora pública para San Lorenzo. Además, en febrero se enviarán 11 pliegos para fiscales adjuntos de Rosario, adelantaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Asimismo, la Secretaría de Programas de Transformación de los Sistemas Judiciales informó que aún están en trámite los concursos para los cargos de fiscales y defensores públicos adjuntos de Santa Fe, fiscales adjuntos y defensor público adjunto de Rafaela y defensores públicos adjuntos de Rosario. Estos concursos serán concluidos dentro del primer semestre del año 2015.
Además, en el ámbito del Comité de Gestión de Conclusión de Causas, que tiene por finalidad monitorear y evaluar el estado de trámite de las causas del viejo sistema penal, se acordó continuar con los traspasos de jueces, empleados y funcionarios del sistema residual al nuevo sistema para febrero de 2015. "Naturalmente la nueva justicia penal acrecienta su carga de trabajo mientras que la justicia residual exponencialmente disminuye la suya", explicaron las autoridades.
BALANCE POSITIVO
En el marco de las últimas reuniones de las Mesas Regionales de seguimiento del modelo oral y público, de corte acusatorio y basado en audiencias, se dio a conocer un balance positivo en cuanto a la implementación y el funcionamiento del nuevo proceso ya que -por ejemplo- más de 1.500 conflictos penales han tenido una resolución judicial que les puso término.
En cuanto a los recursos humanos, actualmente desarrollan funciones el fiscal general, el defensor provincial y los fiscales y defensores regionales correspondientes a las cinco circunscripciones judiciales (Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto). En total, han sido designados para toda la provincia 97 fiscales y 61 defensores públicos. Estos funcionarios se desempeñan exclusivamente en el nuevo sistema.
Además, en el marco del Consejo de la Magistratura, aún se están concursando 30 cargos de fiscales y 22 cargos de defensores públicos adjuntos en toda la provincia, en un esfuerzo por reforzar las instituciones de la nueva justicia penal.
Por otra parte, hasta el momento se realizaron alrededor de 8.300 audiencias orales y públicas, se concretaron más de 700 procedimientos abreviados, lo que representa más de dos condenas por día en la provincia, y más de 800 causas han sido resueltas a través de conciliaciones, mediaciones penales, aplicación de criterios de oportunidad o suspensiones del juicio a prueba. Este dato estadístico es para subrayar, ya que la respuesta del sistema penal deja de ser la prescripción, algo que caracterizaba al viejo sistema: cuando se adopta una salida alternativa se le está dando una respuesta a la víctima.
De esta manera, más de 1.500 conflictos penales que se originaron luego del 10 de febrero han tenido resolución judicial que le puso término (si se suman los juicios abreviados y las salidas alternativas).

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