El denominado "sistema conclusional de causas" está a cargo de 17 magistrados con un arduo trabajo por delante. Se amontonan en los juzgados Correccionales y de Instrucción. Los despachos de Tribunales están atestados de los viejos expedientes de papel.
La Capital |
Con el nuevo sistema penal en marcha, 260 mil causas previas a la reforma se apilan en estantes colmados de los Tribunales de Rosario a la espera de ser resueltas bajo la vieja modalidad escrita de juicio. Desde simples hurtos de bicicletas hasta asesinatos mafiosos de investigación compleja, una masa heterogénea de expedientes compone la mesa de trabajo del llamado "sistema de conclusión de causas". En ese ámbito, 17 jueces penales rosarinos y una dotación de fiscales y defensores públicos tienen por delante la tarea de cerrar sumarios, en una dinámica que podría llevar años hasta achicar el número a cero. Por lo pronto, las causas que no registren movimiento o en que las víctimas renuncien a su seguimiento, irán a un archivo preliminar en los próximos seis meses.
Desde el 10 de febrero pasado el sistema penal santafesino quedó dividido en dos mundos. De un lado el flamante modelo acusatorio, oral, público y con la investigación en manos de los fiscales. Y del otro, el histórico procedimiento escrito, con las pesquisas a cargo de los jueces de Instrucción y Correccionales, que ahora pasó a llamarse "sistema conclusional". Su misión es encaminar todos los delitos previos a la reforma hacia la resolución si hay pruebas, o el archivo si éstas no surgen.
A medida que ese grueso volumen de papeles se achique, los funcionarios judiciales irán pasando gradualmente a trabajar en el sistema nuevo. En la etapa final, del régimen anterior sólo sobrevivirá un esquema residual que quizás dure años. Salvo que por ley se disponga la incorporación de las pocas causas remanentes al sistema nuevo, una alternativa en estudio.
En miles de esos expedientes acumulados en los despachos tribunalicios está en juego la suerte de personas presas y en otros cientos se debaten casos de fuerte interés público, como la importante cantidad de homicidios no esclarecidos de los últimos años. ¿Cómo será esa transición? ¿Con qué criterios se abordará ese magma informe de expedientes en curso? El traspaso está sometido a una serie de estándares y protocolos fijados en la ley 13.004, que ordenó las pautas de trabajo para el sistema conclusional. Un dato novedoso es que, en buena medida, la definición de qué causas siguen abiertas y cuáles no dependerá del impulso de las propias víctimas y denunciantes.
Ante los temores lógicos de un cierre indiscriminado, actores judiciales que monitorean la conclusión sostienen que no será compulsiva sino sometida a criterios. La consideran un acto de sinceramiento: antes de la reforma, de hecho, el 95 por ciento de las causas prescribían o iban al archivo. Era un proceso de selección natural, desordenado y subterráneo. El juez abordaba lo que podía, en base a su capacidad de trabajo y criterios personales, mientras que el grueso quedaba en el olvido hasta la prescripción.
Para el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Daniel Erbetta, que integra el comité de gestión de la etapa conclusional, "es un ordenamiento que se le da por primera vez en la historia a un sistema con una capacidad de respuesta limitada. Que quede un volumen de 260 mil causas a resolver en Rosario es la prueba de que el sistema no pudo procesar semejante cantidad", afirmó. Ante esa limitación histórica, señaló, se trazaron lineamientos objetivos para cerrar causas "con una fuerte participación de la víctima. Bajo ningún punto de vista esto supone una liquidación de saldos y retazos. El efecto que se busca es el contrario: reducir el dramático déficit del sistema anterior".
Los números. Según datos suministrados por la Corte santafesina, el sistema conclusional debe dar respuesta a 259.907 causas en el distrito judicial rosarino, que representa algo más del 60 por ciento del total provincial. De ese volumen, 5.896 pertenecen a juzgados de Sentencia, es decir que tienen acusados en la fase de juicio escrito. En los de Instrucción —la etapa de la investigación previa— se acumulan casi 67.600. El grueso está en los juzgados Correccionales, que persiguen delitos menores, donde se acumulan casi 114 mil sumarios. Del total, cerca de 80 mil causas no tienen acusados ni sospechosos.
Un buen número de esos expedientes siguen abiertos sólo por cuestiones formales (por caso, hay unos 5 mil por extravío de cheques). O son denuncias de difícil comprobación. En la oficina de NN (imputados no individualizados), en tanto, se acumulan 72.655 casos. El grueso, escruches y robos menores, irá al archivo en seis meses. El procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, dio instrucciones para que los homicidios sin imputados queden abiertos y se investiguen. Según Erbetta, en NN también seguirán en pie los robos con armas, los abusos sexuales y los casos de violencia doméstica.
El camarista Otto Crippa García, que integró la comisión de seguimiento, pidió cautela en la interpretación de los números: "Mucha gente puede tener temor a la impunidad, pero la sociedad tiene que saber que se perseguirán todos los casos que se deban perseguir, en gran parte con ayuda de las víctimas. Si hubo que cambiar de sistema, además de la búsqueda de transparencia, fue porque era imposible tratar 150 mil causas al año en Rosario. Existía una selección natural, arbitraria. Se atendía lo que se podía. Ahora, en lugar de esa selección indiscriminada, se pretende que sea por orden de importancia".
Criterios. En la definición de qué casos abordar primero o cuáles mantener abiertos habrá prioridades. En primer lugar se ubican las causas con presos o personas con la libertad restringida, que requieren de trámites urgentes para no violentar tratados internacionales. En Rosario hay más de 1.400 presos a la espera de respuesta. En segundo lugar se ubican los delitos cometidos por funcionarios públicos y las figuras más graves que prevén juicio oral, como los homicidios calificados o la violación seguida de muerte.
¿Y el resto? En gran medida dependerá del interés de la parte. "El robo de una bicicleta es un hecho grave para una persona pobre que a lo mejor la pagó en cinco años, mientras que el robo de cien mil pesos a lo mejor es una pavada para un banco. No se puede establecer un criterio casuísticamente", explicó Otto Crippa. Así, en breve comenzarán a ser notificadas todas las víctimas de causas con sospechosos individualizados —ya sea que estén en libertad, prófugos o con pedido de captura— a fin de que manifiesten si les interesa o no seguir adelante.
El trámite se hará mediante la publicación de listados por orden alfabético en el boletín oficial y en medios de comunicación radiales, televisivos y gráficos de la provincia. Si en seis meses las víctimas, querellantes o fiscales no manifiestan interés, esos expedientes irán al archivo. Así lo dispuso la ley.
A diferencia del archivo procesal —que se dicta cuando no hay delito o no existen pruebas— se trata de un "archivo administrativo". Es decir, la causa se separa y deja de trabajarse. Pero se puede reabrir si en algún momento surgen pruebas. De lo contrario sigue archivada hasta la prescripción, un plazo que se define en cada caso según la pena del delito. "Si en algún momento la persona manifiesta un repentino interés o se constituye como querellante, la causa se extrae nuevamente del archivo. Lo interesante es que la víctima va a definir qué interesa y qué no. Esta selección supone una tarea burocrática impresionante, pero garantiza que no haya impunidad", dijo Crippa.
Para Erbetta, con esta primera depuración de casos sin chance, y ya desligados para siempre de la vorágine de los turnos, los juzgados podrán concentrar los recursos en los hechos de mayor gravedad o con interés de las víctimas. "La conclusión de causas es vital y estamos en condiciones de llevarla adelante sin problemas —opinó—. Tendremos que buscar un equilibrio entre la mejor conclusión posible y que tampoco el sistema viejo se vuelva un elefante que dure 20 años".
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