mpulsan un riguroso control de ascensores y del estado de las instalaciones de gas y electricidad, entre otros aspectos. La explosión de Salta al 2100 generó una oleada de denuncias por problemas de infraestructura.
.La Capital |
Rosario podrá contar con un régimen de certificación de edificio seguro si prospera un proyecto que ayer quedó a consideración de la comisión de Planeamiento del Concejo. La iniciativa crea esa figura para inmuebles de propiedad horizontal y se basa en el cumplimiento de las normas sobre seguridad y mantenimiento. La propuesta que ahora analizarán los ediles tiene como antecedente una medida similar que rige desde 2011 en la ciudad de Buenos Aires. Y el rango no es menor si se tiene en cuenta que la tragedia de Salta 2141 provocó un dominó de denuncias por problemas de infraestructura edilicia.
"Es necesario generar un mecanismo de control y constatación del estado general de las áreas comunes e infraestructuras de los edificios de propiedad horizontal a fin de evitar y prevenir accidentes que pueden tener graves consecuencias para sus habitantes", explicó el concejal Roberto Sukerman (FpV), autor del proyecto.
Al respecto, agregó: "Se extenderá la certificación de edificio seguro cuando se constate que el inmueble cumpla realmente con las normas vigentes".
Los elementos y situaciones a controlar son matafuegos y sistemas de protección contra incendios, estado de calderas, limpieza de tanques y certificación de desinfección. Respecto de lo estructural, deberán exhibir un riguroso apego a las normas estos rubros: conservación de ascensores y estado de las instalaciones de gas y electricidad (incluyendo reguladores, medidores y tableros generales).
También se verificarán los retardadores pluviales, las barreras arquitectónicas, los seguros contratados por el consorcio y hasta el estado general de la fachada, que no deja afuera la seguridad de los que viven en el lugar y de los transeúntes.
La certificación será extendida por un ingeniero especialista, licenciado o técnico en higiene y seguridad, matriculado y habilitado. Y queda prohibido que la emitan empresas o profesionales que brinden provisión y mantenimiento de los servicios que tenga el inmueble.
La constatación será anual y a cargo del consorcio del inmueble, un costo material que se minimiza si se traduce al mayor de los intangibles, la confianza en el lugar que se habita.
El profesional contratado por la administración o el consorcio realizará un informe de fiscalización que determinará con certeza el estado de conservación y mantenimiento del inmueble.
Si de ese informe surge el cumplimiento de las normativas vigentes, se extenderá el certificado de edificio seguro, llevando una copia al Registro Público de Administradores de Consorcio.
En caso de no lograr el certificado habrá un plazo de 180 días para tomar las medidas necesarias a fin de poner el inmueble en la categoría de lugar seguro.
Será obligación del administrador notificar a los propietarios del consorcio, dentro de los 15 días hábiles, los resultados obtenidos en cada fiscalización. De lo contrario, se pagará una multa. La información obtenida en todo el procedimiento quedará registrada en un libro de control, que deberá tener cada consorcio.
La ordenanza tendrá una autoridad de aplicación determinada por el municipio, entre cuyas funciones estará el determinar los rubros que a someter a fiscalización, además de otros aspectos formales.
Para Sukerman, es de vital importancia que los profesionales, en la etapa de construcción, y el consorcio, una vez habilitados los edificios o los inmuebles que tienen varios años, conozcan las exigencias establecidas en las ordenanzas y las normativas provinciales y nacionales vigentes.
Aunque aclaró que muchas de esas exigencias no siempre se cumplen en su totalidad por profesionales y administradores, como tampoco son debidamente controladas por dependencias municipales.
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