El grupo fue desbaratado en agosto por agentes de Gendarmería. Habrían contando con protección policial en Rosario y en Buenos Aires.
La Capital |
Diez hombres acusados de integrar una banda que robaba autos en el conurbano bonaerense y la Capital Federal para desguazarlos o venderlos en Rosario irán a juicio oral y público imputados de asociación ilícita, robo calificado, encubrimiento, tenencia ilegal de armas, estafa al seguro y sustitución de numeración registral, entre otros delitos. Junto a ellos serán juzgados dos subcomisarios bonaerenses sospechados de cobrar coimas para protegerlos.
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Criminal de San Isidro confirmó la prisión preventiva que dictada en septiembre contra todos los acusados, por lo que seguirán detenidos hasta el debate oral.
La banda cayó a principios de agosto en 27 allanamientos simultáneos en los que se secuestraron 31 vehículos robados, miles de autopartes y siete armas de fuego. Según el fiscal Patricio Ferrari, quien llevó adelante la pesquisa, el líder del grupo era el rosarino Esteban Lindor Alvarado, de 33 años, quien fue apresado en esta ciudad el 4 de agosto pasado. También cayeron aquí sus presuntos socios: Walter Ramón Bucci, de 33 años, y Gabriel Antonio Peto García, de 40, quienes receptaban los autos robados para "reempapelarlos" o desguazarlos.
Otros que se sentarán en el banquillo son los "pasadores" que trasladaban los autos robados desde Buenos Aires a Rosario. Son Diego Alejandro Romero, de 36 años; Mario Fabián Pepino, de 44; Jorge Alberto Tomé, de 53; Carlos Alberto Carli Carmona, de 30; y Jorge Gabriel Gaby Yelamos, de 50 años y especialista en bloquear los equipos de rastreo satelital de los autos.
También será juzgado Néstor Piru Robles, de 41 años y acusado de ser uno de los que robaba a mano armada los vehículos; y Alberto Derlis Beto Ruiz Díaz, de 42 años, quien de acuerdo a la investigación confeccionaba los stickers falsificados para las autopartes.
En el caso de los subcomisarios de la policía bonaerense Marcelo Gustavo Godoy, de 43 años; y Pablo Javier Sosa, de 38, ex jefe y subjefe de la comisaría 8ª de San Isidro respectivamente, y del supuesto testaferro del primero, Juan Pablo Farías, de 35 años, serán juzgados por extorsión y encubrimiento agravado triplemente agravados por ser funcionarios públicos, por ánimo de lucro y ser consecuencia de un hecho grave.
En el pedido de prisión preventiva del fiscal Patricio Ferrari, avalado por el juez de Garantías de San Isidro Diego Martínez, se sostiene que los imputados conformaban "una empresa criminal que en forma preacordada y previa división de tareas se dedicaba a la comisión de delitos contra la propiedad automotor".
Según el fiscal, obtenían los autos de tres maneras: robándolos a mano armada, sustrayéndolos desde la vía publica, o con la connivencia de sus propietarios, quienes los denunciaban falsamente como robados para defraudar a las aseguradoras.
Según la investigación, también eran tres los posibles destinos de los rodados: los desguazaban para el mercado negro, le suprimían la numeración para hacer un auto "mellizo", o los hacían pasar como "vehículo de repuesto" como un presunto auto volcado, chocado o siniestrado.
Para los investigadores, la banda contaba con "gran capacidad y disponibilidad económica" y gozaba de cierto "amparo policial" en Rosario para realizar su presunta actividad ilícita. En ese marco, tres fiscales rosarinos abrieron de oficio una investigación para individualizar a los policías que, supuestamente, daban amparo a Alvarado y ordenaron medidas en varias dependencias policiales durante los últimos meses, tales la sede del Comando Radioeléctrico, las comisarías 12ª, 14ª y 17ª y la sede de la TOE en Rouillón al 1800.
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