SANTA FE: Investigan por estafa a dos empresas locales

Inversores denunciaron haber perdido una suma millonaria, destinada a la construcción de un edificio que nunca se inició.

 

Instrucción penal. La causa quedó a cargo del juez Diego de la Torre.

La Justicia santafesina investiga una denuncia penal contra una inmobiliaria y una empresa constructora por presunta estafa, que fue iniciada por un grupo de inversores que aseguraron haber sido perjudicados en montos millonarios. Se trata de un proyecto de construcción de un edificio, para el cual el grupo de inversores depositó una suma que supera los 5 millones de pesos y cuya construcción debía iniciarse en septiembre del año pasado pero nunca arrancó.

El abogado santafesino Néstor Oroño, quien representa como querellante a uno de los damnificados, brindó detalles del caso a Diario UNO. “Se trata de dos empresas, Remax que es una inmobiliaria con franquicia en la ciudad y VH Construcciones. La primera tuvo a su cargo la promoción y comercialización del proyecto. Lo que a Remax se le atribuye es haber presentado como un proyecto propio y publicitado que la obra iba a ser llevada a cabo por empresas constructoras de primer nivel, concretamente CAM. Y por eso es que los inversores se decidieron a participar en el negocio. Sin embargo, después resultó que no era un desarrollo propio de Remax sino de VH Construcciones SRL y que no habían contratado a ninguna empresa de primera línea sino a una empresa insolvente como Planificar”, explicó Oroño. Concretamente, la denuncia es por la defraudación que sufrieron los inversores, quienes tenían un contrato de fideicomiso inmobiliario. Sin embargo, el abogado no descartó que pueden existir otros delitos relacionados “porque algunos de los inversores, que son contadores, realizaron auditorías y detectaron que parte del fideicomiso era manejado en negro por el administrador”.


Peritajes contables
Por ese contrato, más de 30 inversores aportaban dinero para la construcción del edificio. Cada uno de ellos obtendría luego su departamento. “En total, hasta este momento, la inversión superaba los 5 millones de pesos y la obra del edificio ni siquiera fue iniciada. La construcción tenía un plazo de ejecución de 30 meses. En septiembre, se hicieron los estudios técnicos para iniciar la obra y se le pagó a la empresa constructora unos 2.5 millones de pesos. Sin embargo, la empresa estaba en estado de insolvencia. Y ésa es justamente otra cuestión que hay que analizar”, agregó el penalista.

La causa es investigada por el juez de Instrucción Penal de la Séptima Nominación, Diego de la Torre. El magistrado ya dispuso el allanamiento de las dos empresas mencionadas para secuestrar material de relevancia para la causa. “Luego el juez deberá terminar de tomar testimonio a todos los inversores y nosotros ya estamos analizando pedir peritajes contables para determinar dónde está el dinero que fue invertido”, indicó el abogado Oroño.