Desde este jueves está vigente el segundo tramo de la suba de tarifas que dispuso la EPE, que en total suma 23 por ciento.
En medio de la polémica por los nombramientos de familiares
de funcionarios provinciales en la EPE y las denuncias de desinversión
que hizo la oposición, este jueves comenzó a regir en el territorio
santafesino un nuevo aumento en las tarifas del servicio eléctrico, que
oscila entre el 9,8 y el 11 por ciento.
Se trata de la segunda parte del incremento que anunció el gobierno de Hermes Binner a mediados de noviembre de 2011 –ya que en diciembre hubo una reestructuración tarifaria del 13,4 por ciento– que el justicialismo había pedido a través de los medios de comunicación no implementarlo “a todos aquellos usuarios que hayan sufrido cortes en el suministro de energía”.
Precisamente, ayer el autor de esa propuesta, el diputado Héctor Acuña (hoy dentro del PJ), intentó que los integrantes de la Cámara baja aprueben el mencionado proyecto pero después de una larga discusión legislativa optó por esperar hasta la próxima semana para su tratamiento porque el oficialismo criticó el tenor del texto, donde se habla de “daño emergente” y “lucro cesante como componentes indemnizatorios”, es decir, que se sentaría un precedente sobre este tema.
En cambio, Diputados sí aprobó un pedido de informes de Mario Lacava donde quiere conocer cuál fue la “inversión anual en el período 2008-2011 en equipamiento (partida maquinarias y equipos) y obras (partida construcciones), detallando para cada ejercicio el crédito inicial, crédito final y ejecución definitiva de cada partida (etapa devengado)” y la “recaudación anual por venta de electricidad” en ese mismo período.
También, se quiere conocer “las transferencias efectuadas por la Administración Central para la atención de gastos corrientes y de capital”; el “gasto anual en el período 2008-2011 en concepto de compra de electricidad (etapa devengado) y monto total subsidiado en cada ejercicio por el Gobierno Nacional”.
Además, la Cámara baja plantea saber cuál es el “plan anual de inversiones previstas para el período 2012-2016, detallando para cada ejercicio los principales rubros de equipamientos y las obras especificas a realizar en Rosario, Santa Fe y el resto de la provincia, y las fuentes de financiamiento prevista”; aspectos vinculados “a las operaciones financieras de la EPE” y cómo se produjeron los “nombramiento de los miembros cooperativos del directorio” de la empresa.
En tanto, es de recordar que el Poder Ejecutivo había justificado el aumento de la luz en la necesidad de “garantizar simetría tarifaria en la región”, puntualmente con la provincia de Córdoba, “luego de analizar la situación imperante en el mercado eléctrico, con incrementos de costos operativos e insumos”. Por tal motivo, se dijo que “esta adecuación tarifaria se torna imprescindible para sostener el proceso de recuperación de la inversión que la EPE exhibe desde 2008, a un ritmo de 300 millones de pesos anuales”.
La Secretaría de Energía de la Nación trató de evitar el incremento de las tarifas en la EPE a través de dos resoluciones (que firmó Cammesa –Compañía Administradora del Mercado Mayorista–) donde plantea descontar una parte de los subsidios que tiene Santa Fe para comprar energía en el mercado mayorista. Sin embargo, la provincia no dio marcha atrás con su decisión y, además, luego la Justicia federal rosarina no convalidó la sanción.
Se trata de la segunda parte del incremento que anunció el gobierno de Hermes Binner a mediados de noviembre de 2011 –ya que en diciembre hubo una reestructuración tarifaria del 13,4 por ciento– que el justicialismo había pedido a través de los medios de comunicación no implementarlo “a todos aquellos usuarios que hayan sufrido cortes en el suministro de energía”.
Precisamente, ayer el autor de esa propuesta, el diputado Héctor Acuña (hoy dentro del PJ), intentó que los integrantes de la Cámara baja aprueben el mencionado proyecto pero después de una larga discusión legislativa optó por esperar hasta la próxima semana para su tratamiento porque el oficialismo criticó el tenor del texto, donde se habla de “daño emergente” y “lucro cesante como componentes indemnizatorios”, es decir, que se sentaría un precedente sobre este tema.
En cambio, Diputados sí aprobó un pedido de informes de Mario Lacava donde quiere conocer cuál fue la “inversión anual en el período 2008-2011 en equipamiento (partida maquinarias y equipos) y obras (partida construcciones), detallando para cada ejercicio el crédito inicial, crédito final y ejecución definitiva de cada partida (etapa devengado)” y la “recaudación anual por venta de electricidad” en ese mismo período.
También, se quiere conocer “las transferencias efectuadas por la Administración Central para la atención de gastos corrientes y de capital”; el “gasto anual en el período 2008-2011 en concepto de compra de electricidad (etapa devengado) y monto total subsidiado en cada ejercicio por el Gobierno Nacional”.
Además, la Cámara baja plantea saber cuál es el “plan anual de inversiones previstas para el período 2012-2016, detallando para cada ejercicio los principales rubros de equipamientos y las obras especificas a realizar en Rosario, Santa Fe y el resto de la provincia, y las fuentes de financiamiento prevista”; aspectos vinculados “a las operaciones financieras de la EPE” y cómo se produjeron los “nombramiento de los miembros cooperativos del directorio” de la empresa.
En tanto, es de recordar que el Poder Ejecutivo había justificado el aumento de la luz en la necesidad de “garantizar simetría tarifaria en la región”, puntualmente con la provincia de Córdoba, “luego de analizar la situación imperante en el mercado eléctrico, con incrementos de costos operativos e insumos”. Por tal motivo, se dijo que “esta adecuación tarifaria se torna imprescindible para sostener el proceso de recuperación de la inversión que la EPE exhibe desde 2008, a un ritmo de 300 millones de pesos anuales”.
La Secretaría de Energía de la Nación trató de evitar el incremento de las tarifas en la EPE a través de dos resoluciones (que firmó Cammesa –Compañía Administradora del Mercado Mayorista–) donde plantea descontar una parte de los subsidios que tiene Santa Fe para comprar energía en el mercado mayorista. Sin embargo, la provincia no dio marcha atrás con su decisión y, además, luego la Justicia federal rosarina no convalidó la sanción.
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