Ministro de Seguridad de Santa Fe, Leandro Corti: "Para poder intervenir sobre el delito hay que tener información confiable"

Lo dijo el Ministro de Seguridad de Santa Fe, Leandro Corti. El funcionario trazó las líneas de su gestión e hizo un análisis crítico de la policía provincial. "Hay voluntades individuales que avanzan en el sentido de construir una institución inteligente, que esperan información confiable para operar eficazmente sobre el delito. Notamos muchos actores en la policía consustanciados con el trabajo de una fuerza más profesional", sostuvo Corti.

Leandro Corti ocupa el sillón principal de una cartera que conoce: durante los cuatro años de la gestión de Hermes Binner fue secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia y ahora Antonio Bonfatti lo convocó para ser ministro de Seguridad. Santafesino, de 39 años, especialista en Derecho Penal y docente en la Universidad Nacional del Litoral, casado y con tres hijos, Corti remarca la idea de reforzar el control y el mando civil sobre la policía, distinguir problemas sociales de problemas delictivos y jerarquizar las fuerzas de seguridad, en especial en la faz investigativa, donde los juicios orales y públicos ya están dejando al desnudo problemas en la búsqueda, acopio y preservación de las pruebas.

—¿Cuál es a su juicio la complejidad del estado del delito en la provincia?

—La criminalidad es diversa. No hay una sola explicación de sus causas y por eso para enfrentarla son necesarias estrategias distintas. Me preocupan en especial los delitos interpersonales de tipo violento en los centros urbanos. Los homicidios dolosos problemáticos derivan de muchas cosas: conexiones con la criminalidad organizada, con economías delictuales, con disputas territoriales que derivan a veces en lo que llamamos de manera simple "ajustes de cuentas". El Estado debe responder con dos modos de abordaje. Por un lado distinguir las causas sociales que dejan atrapadas en el delito a personas que, por el factor de la marginalidad, son incapaces de tener proyectos de vidas dignos. Aquí tiene que haber un trabajo conjunto entre provincia y gobiernos locales con estrategias de inclusión, lo que implica trabajo a largo plazo. Pero también en el corto plazo debemos tener acciones de seguridad pública específica con una distribución racional de los recursos policiales hacia una presencia que sea efectiva y profesional. El ciudadano debe advertir las dos cosas: que hay un plano de actuación del Estado en el plano social que produce criminalidad pero también en la seguridad pública con una intervención adecuada y visible.

—Usted dijo que en las cárceles se nota hasta qué punto están rotos los lazos comunitarios de los detenidos. ¿Cuánto tiene que ver eso con la inseguridad?

—Mucho. En los lugares de encierro se advierten historias de vida muy difíciles, a muchas personas les cuesta construir un proyecto por las condiciones materiales y el desamparo afectivo en que han vivido toda su vida. Esto se revierte con más política social hacia personas que vivieron en un campo donde se cruzan criminalidad, marginalidad y adicciones. En esto último, que es muy complejo, es urgente trabajar.

—¿Cómo analiza la información con la que cuenta el Estado hoy sobre el delito y sobre las fuerzas de seguridad?

—Para generar una intervención racional sobre el delito hay que tener información confiable. Debemos tener fuentes de información fiables y hoy contamos solamente con la fuente policial y judicial donde existen problemas de método. Para construir un mapa serio del delito, una herramienta interesante son las encuestas de victimización que permiten advertir hechos que no se denuncian pero que existen aunque no sean relevados por los caneles oficiales.

—¿Cómo evalúa el estado de la policía en cuanto a especialización y operatividad?

—El panorama es diverso. Hay voluntades individuales que avanzan en el sentido de construir una institución inteligente, que esperan información confiable para operar eficazmente sobre el delito. Notamos muchos actores en la policía consustanciados con el trabajo de una fuerza más profesional. Recibimos de la gestión pasada el sistema 911 y el servicio de emergencia que nos proporciona una eficacia más inmediata ante el delito aunque hay que apostar a que sea más eficaz.

—Con el nuevo sistema de juicio penal los errores en las investigaciones policiales de delitos quedan al desnudo. Los jueces penales lo habían anticipado y ya está pasando. ¿Qué hacer frente a un trabajo que requiere una formación profesional y científica donde ya no sirve la cultura del soplón?

—Vamos a fortalecer el perfil profesional del trabajo de investigación en la policía. Nos parece importante tener un enlace más próximo con los actores del Poder Judicial para recibir aportes y percepciones sobre los problemas. La calidad del trámite judicial en la faz penal está ligada al trabajo policial en los sumarios prevencionales. Las oficinas de sumarios de las distintas unidades de Orden Público (comisarías) tienen que estar capacitadas para llevar a cabo esa labor. Sabemos que acá, en el área de sumarios, tenemos un déficit. Hay que tratar de generar algún esquema en la calificación de los recursos, pero los policías que hoy están en comisarías hacen un poco de todo y eso conspira contra la especialización.

—Hace un año los jueces penales de Rosario dijeron que no había una forma de trabajar profesional. Sí en algunas áreas de Criminalística, pero no en la prevención de los hechos que hacen las comisarías. Eso implica que se puede detener pero luego las acusaciones se caen.

—Somos los responsables primarios de la actuación policial y tenemos que garantizar que esta funcione idóneamente en la investigación preventiva. Pero en el nuevo sistema de enjuiciamiento, que está en transición, vamos a tener que lograr que todos los actores nos capacitemos. El desafío que se viene no es sólo para la policía. Tenemos que generar acuerdos con el Ministerio Público de la Acusación (fiscales) para trabajar eficazmente en la persecución del delito. Mejores recursos y más capacitación para que el trabajo mal hecho no invalide una investigación bien orientada.

—¿Creé usted que la policía debe manejar los fondos de las unidades regionales? ¿Tiene sentido que un oficial formado para enfrentar el delito se ocupe de tareas propias de un contador o administrador público?Hernán Lascano

—Conceptualmente estoy de acuerdo en que no tiene sentido. Cambiarlo implica todo una tarea. Pero es cierto que los fondos de cualquier repartición pública deben estar en manos de administradores con conocimientos técnicos. Eso hace a un control más racional y transparente.
—¿Qué opinión tiene del sistema de ascensos en la policía? El método actual permite no elegir que suban los mejores sino los favoritos de los policías que evalúan. ¿Se puede pensar en ascensos por concursos?
—La última ley de personal (promulgada en la última gestión de Jorge Obeid) planteó un proceso interesante que buscaba romper con los favoritismos y la discrecionalidad. Pero hay que armonizar esos sistemas interesantes con posibilidades reales de implementación. La lógica que debe atravesar el ascenso en la carrera debe armonizar la antigüedad y la jerarquía con el mérito profesional. Esto último implica que el conocimiento y la aptitud tienen que ser evaluados con indicadores lo suficientemente objetivos como para indicar idoneidad.
—¿Piensan entonces cambiar este régimen de ascensos?
—Tenemos que analizar el nuevo esquema normativo y ver las posibilidades reales de implementación.
—¿La designación de Néstor Arismendi al frente de la policía de Rosario fue un error siendo que tenía una causa en trámite por enriquecimiento ilícito?
—No fue un error designarlo. Nos tenemos que manejar con la realidad. Para designar un jefe tenemos que tener en cuenta jerarquías, recorridos y construcción de autoridad con elementos serios y objetivos. Y hasta ahora contra Arismendi no hay ningún elemento serio y objetivo, sino nos estaríamos anticipando a una situación no planteada.
—Pero no parece lo mismo designar a un funcionario que tiene un trámite en Asuntos Internos, aunque no se haya comprobado y la denuncia sea anónima, que designar a alguien que no lo tiene. El problema no es legal sino político.
—No hay ningún problema político porque una cuestión es una causa judicial abierta y una persona imputada, que no es el caso, y otra es una información sumaria por la cual ni siquiera se convocó a la persona aludida a dar explicaciones porque no se ha determinado que haya un incremento patrimonial injustificado. Igual ya dijimos que cualquier funcionario que esté en una situación comprobadamente irregular no podrá estar en un lugar de conducción.