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domingo, 15 de enero de 2012

ALICIA GUTIERREZ: "Santa Fe tiene política de derechos humanos"

La diputada provincial Alicia Gutiérrez sumó ayer su voz, de manera reflexiva, a las manifestaciones de repudio a causa de los beneficios de salidas transitorias que les otorgó la Justicia santafesina a los condenados represores Víctor Brusa (ex juez federal), Eduardo Curro Ramos (ex policía) y María Eva Aebi (ex guardiacárcel).

La diputada provincial Alicia Gutiérrez (SI en el Frente Progresista) sumó ayer su voz, de manera reflexiva, a las manifestaciones de repudio a causa de los beneficios de salidas transitorias que les otorgó la Justicia santafesina a los condenados represores Víctor Brusa (ex juez federal), Eduardo Curro Ramos (ex policía) y María Eva Aebi (ex guardiacárcel).
Una de las expresiones de repudio que se hicieron oír con mayor intensidad fue la de Patricia Isasa, querellante y víctimas de los crímenes por las cuales fueron condenados Brusa y los demás represores. Isasa calificó de "un espanto" la resolución del tribunal y dijo que sintió "una gran indignación" y que "no se puede dar semejante privilegio a asesinos seriales".
"Yo reclamo ética, moral, un poco de cordura", dijo Isasa, y agregó que "sencillamente, me parece un escándalo, es un privilegio que se le suma a otros que ya tuvieron y tienen". En ese sentido, ejemplificó que en la causa hay algunos que están en una cárcel y otros no".
Por su parte, tras declarar "un absoluto respeto por todos y cada uno de los testigos que pusieron el cuerpo en los oscuros años de la dictadura, hoy dando testimonio ante los jueces, y frente mismo a sus torturadores y secuestradores, acusándolos en el mismo recinto", dijo estar igualmente "convencida que el avance de las causas y las sentencias obtenidas son fruto de un trabajo colectivo y no de actitudes individuales".
Luego dijo "comprender y acordar" con la bronca que expresa Patricia Isasa al ver que Brusa, Ramos y Aebi tienen la posibilidad que les da la Justicia federal de salidas transitorias", tras lo cual se permitió expresar otras "consideraciones por parte de quienes somos testigos y querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad".
Recordó que "se nos ofreció en su momento la posibilidad de acogernos al Programa de Protección de Testigos y Querellantes de la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, en 2008, con medidas que van desde el monitoreo telefónico, la asistencia económica para viajes y estadías hasta la asistencia psicológica y/o jurídica".
"Cada uno de nosotros pudo tomar lo ofrecido, de acuerdo a sus necesidades o evolución de los probables riesgos que corría. Fueron decisiones personales de cada uno. No puede desconocer Patricia Isasa, como funcionaria nacional, que el Programa de Protección de Testigos y Querellantes de Santa Fe, junto al de Córdoba, fueron tomados de modelo para el resto de las provincias y para la Nación, dado que aún no lo tienen. Como también una unidad especial de protección (UEP), única en el país, cuyos miembros fueron rigurosamente seleccionados y en el cual tuvo opinión la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de diputados que integré oportunamente. Tampoco puede desconocer que están bajo protección del programa en distintas modalidades alrededor de 200 testigos y querellantes en toda la geografía santafesina", continuó Gutiérrez, contrapesando la furibunda manifestación de bronca de Isasa.
"Las decisiones del área fueron tomadas por consenso —siguió al legisladora provincial— con la participación y consulta permanente de los organismos de derechos humanos y de los beneficiarios del programa".
"Quizás habría que recordar que cuando en 2007 asume el Frente Progresista, del programa solo existía un título y buenas intenciones. Esto demuestra a las claras, la decisión política tomada por el gobierno del Frente Progresista, a través de Hermes Binner y su gabinete. Hoy vemos con satisfacción que este rumbo se sigue profundizando con el gobernador Antonio Bonfatti", completó la legisladora del SI.

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