El debate en torno de la interrupción de un embarazo producto de un abuso sexual puso sobre la mesa la dificultad que existe para proteger a muchas niñas y mujeres. Opiniones encontradas.
La mamá de la nena de 11 años de Entre Ríos que fue abusada y quedó embarazada había solicitado la interrupción de la gestación pero, luego de un debate que atravesó a todo el país y de posturas conservadoras por parte del gobierno de esa provincia, decidió retirar el pedido y cuidar a su hija de tanta exposición. El caso reabrió el debate sobre la judicialización de los casos de aborto no punibles y sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Referentes santafesinos que han seguido el caso dialogaron con Diario UNO y realizaron distintos análisis de la temática.
El Código Penal, en su artículo 86, marca cuáles son los casos en los que los abortos no son punibles y establece como condiciones que se evite “un peligro para la vida o la salud de la madre” o que se trate de “una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. Al tratarse de una nena de 11 años está claro que es un abuso ya que bajo ninguna circunstancia la niña puede haber decidido libremente mantener relaciones sexuales. Además, por su corta edad, continuar la gestación representa –como lo han expresado sus médicos– un peligro para su salud, ya sea porque su cuerpo no está preparado para el embarazo como por las consecuencias psicológicas que puede acarrear el proceso.
Sin embargo, cuando la madre de la niña hizo el pedido, el efector de salud pidió que se inicie un trámite judicial que terminó exponiendo a la familia a presiones y juicios de valor para, finalmente, dar marcha atrás con todo lo solicitado.
Antes, el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (Inadi) se había expresado a favor de la interrupción del embarazo en consonancia con los derechos establecidos en la Argentina. Al respecto, el interventor del Inadi, Pedro Mouratian, sostuvo que “tomando en cuenta la edad de la niña, y que el embarazo fue producto de un abuso sexual, el caso encuadraría en el artículo 86 del Código Penal de la Nación Argentina; además, se entiende, que un embarazo de tales características pone en riesgo la salud psicofísica de la niña”.
Desde el Inadi se afirmó que el caso no debería haber llegado a la Justicia, y debería haberse realizado sin demora la interrupción del embarazo en el ámbito de los servicios de salud. En la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Salud trabaja con los protocolos para la atención de los embarazos no punibles y, tras el caso Ana María Acevedo –donde no se le realizó el aborto terapéutico y tanto ella como su bebé fallecieron–, ha crecido la sensibilidad de los profesionales de la medicina frente a la temática.
Hacer cumplir la ley
Paula Condrac, referente local de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, lamentó mucho el tratamiento que se dio desde lo político y lo judicial al caso. “Esta situación nos preocupa mucho como campaña, como multisectorial, como mujeres y como ciudadanas”, indicó y se refirió a las denuncias de presiones que realizaron las ONG feministas que trabajan la temática en Entre Ríos.
“Tenemos la impresión de que la presión de los sectores fundamentalistas terminó operando a favor de que la madre termine retirando la solicitud de aborto no punible. Es eso precisamente lo que buscaban con la judicialización del caso”, marcó y siguió: “El juez dijo: «Hay que ver si me dan los plazos para resolver el caso». Entonces la vida y la salud de una niña de 11 años, violada y embarazada es un trámite para el que no tiene tiempo”.
Además apuntó a las declaraciones del ministro de Salud de esa provincia, Hugo Cettour, quien remarcó a los medios que el embarazo no representaba riesgo obstétrico. “La chica es nuevamente violentada cuando se la obliga a ser madre en la infancia, después de que ella dijo que quería volver a ser como era antes. Es un caso terrible”.
En ese sentido, indicó que por el tratamiento que se le ha dado al pedido se ha atentado contra la ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes; y se fue en contra del protocolo de atención de víctimas de abuso sexual (que difundió el Ministerio de Salud de la Nación en diciembre y que establece que no se necesita autorización judicial para la realización del aborto). “Han operado los sectores fundamentalistas y conservadores que han hecho una demostración de poder y han ganado la pulseada pasando por encima todos los derechos de esta niña”, dijo.
Condrac además insistió con que “los y las médicas deben tener muy en claro que no hacer un aborto legal es un delito. Eso quedó asentado con el caso Ana María Acevedo. Debemos seguir operando fuertemente para que esto se entienda. No hacer un aborto legal en la Argentina es un delito”.
Acompañar el embarazo
Por otro lado, Eduardo Armas –referente de la ONG PorVenir, que plantea que no se debe permitir el aborto en ningún caso– también se refirió al caso y analizó el desenlace que tuvo. Además indicó que han seguido el tema a través de La Red de Familias Entrerrianas, un grupo que está en la misma línea y que ha tenido un papel central en el debate que se originó en la vecina provincia.
“Ellos me comentaron el caso y que se acercaron a la familia para ofrecerle ayuda económica, psicológica y jurídica”, detalló y remarcó la postura del ministro de Salud, que aclaró que el caso no encuadraba en las excepciones del Código Penal porque no representaba un riesgo físico para la madre.
Consultado sobre cuál hubiese sido la manera en la que se debía encarar el caso considerando que se trata de una nena de 11 años, Armas sostuvo: “Un embarazo adolescente es siempre conflictivo para la chica, la familia y la sociedad. Frente a eso lo primero es acompañar a la chica, no discriminarla ni dejarla de lado. Que sepa que estamos con ella por ella y su salud pero también por la criatura que está creciendo en su seno. Hay que darle las herramientas para que pueda seguir adelante hasta el momento en que sea viable el nacimiento”.
Al respecto mencionó que muchas veces se hace referencia a la posibilidad de decidir de las mujeres pero la única opción que se plantea es el aborto. “No se le dan herramientas para elegir libremente porque si quiere seguir con el embarazo se las tiene que arreglar sola”, indicó y reconoció que, por la edad de la chica, podrían presentársele consecuencias psicológicas y por eso es necesario un acompañamiento.
En la misma línea remarcó que “no hay que dejar que el árbol nos tape el bosque” y trabajar sobre los problemas que se encuentran detrás del embarazo adolescente. “Hay que ver los problemas familiares, de la pobreza y de la educación sexual. Muchas veces no se dice que los problemas físicos para llevar adelante un embarazo provienen de una mala nutrición y ese tema queda olvidado y no genera grandes debates ni proyectos”, manifestó.
La falta del Estado
Condrac hizo hincapié en el estado de vulnerabilidad de la niña y la familia desde el primer momento en que se les informa del embarazo. “Este caso se debería haber resuelto en el hospital público y no se debe judicializar. Si la familia tuviese recursos eso se hubiera hecho en la clandestinidad”, sostuvo la referente de la Campaña Nacional.
Cabe recordar que el año pasado, también en Entre Ríos, a una mujer se le negó un aborto terapéutico y se la obligó a continuar un embarazo de alto riesgo que la mantuvo postrada en un hospital de Buenos Aires sola (porque el esposo y el hijo no tenían recursos para viajar a acompañarla) hasta el momento de la cesárea. Una semana después de dar a luz tuvo un ACV y permanece internada en terapia intensiva.
Consultada sobre la responsabilidad de los profesionales de la medicina en esos casos, Condrac señaló: “Creemos que hay miedo, desconocimiento y sectores que están empezando a mostrarse sensible. Pero también creemos que el poder de los fundamentalismos plantea una pulseada constante. Latinoamérica es el último bastión de la Iglesia Católica, por lo tanto no lo va a ceder fácilmente. Pero ese gran postulado, cuando se juega sobre la vida de una niña de 11 años, se transforma en algo terrible y devastador para la historia de las mujeres de esta sociedad. Mientras ellos juegan luchas de poder, nos tratan como germinadores donde crece un poroto. Yo quisiera saber si esto le hubiese pasado a la hija de Cettour, si él no hubiera evaluado el riesgo más humanamente o más sensiblemente”, sostuvo.
Para las integrantes de la Campaña Nacional la manera adecuada de atender los abortos no punibles es siguiendo el protocolo que elaboró el Ministerio de Salud de la Nación para la protección integral de las personas víctimas de abuso sexual. Allí se establece que los centros de salud deben ofrecer la alternativa del aborto no punible en los casos de violación. “Además la guía técnica de atención de abortos no punibles establece que no se debe exigir autorización judicial. Este caso se debe resolver a puertas cerradas en un hospital público”, sostuvo.
Las presiones
Pese a la decisión de la madre de no continuar con el reclamo judicial es probable que las organizaciones que siguieron este caso continúen acompañando a la familia para ver de qué manera avanza la gestación y cómo repercute en la niña y su entorno.
“No tenemos una opinión negativa de la mamá de la nena que está haciendo lo que puede en un estado de vulneración social. Entendemos que si se va contra la madre, se sigue revictimizándola. Sería un sistema que repite la victimización de las mujeres. Una madre que se arrepiente de realizar el pedido a la Justicia debe estar en un estado de alteración muy importante. No todas las mamás tienen fuerzas en momentos así”, indicó Condrac.
Por su parte, Armas remarcó que se deben analizar también las presiones que ha tenido la familia de los grupos que están a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
“Cuando desde organizaciones como la Red de Familias Entrerrianas se acercan a ofrecer a la chica ayuda económica, psicológica y jurídica para que siga adelante con su embarazo se dice que se la ha presionado. Pero cuando desde el Inadi se dice que debería hacerse un aborto y organizaciones feministas también se acercan a la familia para decirles que debería abortar, no se habla de presión sino de consejos. Siempre es presión cuando alguien ofrece algo contrario al aborto. Hay que ver quién dice cada cosa”, dijo.
El debate en el Congreso
El caso de Entre Ríos reavivó el debate que quedó trunco el año pasado sobre la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso. En esa oportunidad, la Campaña Nacional había logrado su tratamiento en la Cámara de Legislación Penal pero finalmente no contó con la cantidad de firmas necesarias para que se continúe el debate en las demás comisiones y llegue al recinto.
Las organizaciones que se oponen a esa posibilidad destacaron el hecho como una victoria. Pero los integrantes de la Campaña Nacional también señalaron que se trató de un avance y realizaron un balance positivo.
El referente de PorVenir señaló que los debates legislativos muchas veces pasan por las conveniencias políticas del momento y no tanto por la necesidad de dar una discusión social sobre distintos temas.
“Mi deseo es que se debata en el Congreso un proyecto que existe de protección de la mujer en conflicto con su embarazo que garantice la vida del niño por nacer mientras la da soluciones buenas a la mujer. Queremos que el Estado garantice todos los medios para que el embarazo pueda seguir”, remarcó.
Por último, Condrac sostuvo que ya se está trabajando con cada diputada y diputado para continuar el debate parlamentario y “que el aborto legal sea una deuda menos de la democracia en la Argentina y, de ser posible, que eso se logre en 2012”. En relación a lo actuado el año pasado indicó que el resultado es positivo porque es la primera vez que se pone el tema del aborto en el Congreso y confió que al no ser éste un año electoral se pueda avanzar más en el tratamiento del proyecto.
“Esperemos que la conformación actual del Congreso permita que se continúe con el debate. La renovación de las bancas ofrece un panorama igual o mejor al que existió hasta el año pasado”, marcó.
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