El ministro de Trabajo de la provincia, Carlos Rodríguez, encabezó ayer una nueva reunión de la comisión tripartita de la construcción -con la asistencia de empresarios del sector y representantes de la Uocra-, con el tema de los accidentes laborales en las obras como principal tema de agenda. En la reunión, que se llevó adelante en la sede de la gobernación de Rosario, los tres sectores involucrados definieron que a partir del mes próximo, el gobierno provincial realizará un listado en las principales ciudades de la provincia de las constructoras que presenten irregularidades y no cumplan con las condiciones de higiene y seguridad, mientras que el sindicato se comprometió a dar un mayor respaldo a los operarios a que se nieguen a trabajar ante situaciones de riesgo.
“Es una suerte de escrache, aunque no está bien que así lo diga un ministro”, se sinceró Rodríguez, tras el encuentro del que participaron además del ministro, Ricardo Griot, de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC); Carlos Vergara, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra); Juan Carlos Amato y Luis Martinell Ferreyra, de la Asociación Empresaria de la Vivienda (AEV).
Rodríguez calificó la medida como “novedosa” y argumentó que el objetivo es “lograr una sanción moral: que la sociedad condene y no acepte que se muera gente en el lugar donde ha ido a buscar el sustento”. El titular de la cartera laboral informó que en los últimos tres meses se realizaron inspecciones en unas 800 obras en construcción en la provincia, de las cuales el 50 por ciento de ellas fueron suspendidas por irregularidades.
Rodríguez también aseguró que en la reunión se propuso al gremio de la Uocra que inste a cada uno de sus trabajadores a hacer valer su derecho de paralizar la obra en caso de considerarla riesgosa, sin padecer por esto ningún tipo de sanción.
“Es una suerte de escrache, aunque no está bien que así lo diga un ministro”, se sinceró Rodríguez, tras el encuentro del que participaron además del ministro, Ricardo Griot, de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC); Carlos Vergara, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra); Juan Carlos Amato y Luis Martinell Ferreyra, de la Asociación Empresaria de la Vivienda (AEV).
Rodríguez calificó la medida como “novedosa” y argumentó que el objetivo es “lograr una sanción moral: que la sociedad condene y no acepte que se muera gente en el lugar donde ha ido a buscar el sustento”. El titular de la cartera laboral informó que en los últimos tres meses se realizaron inspecciones en unas 800 obras en construcción en la provincia, de las cuales el 50 por ciento de ellas fueron suspendidas por irregularidades.
Rodríguez también aseguró que en la reunión se propuso al gremio de la Uocra que inste a cada uno de sus trabajadores a hacer valer su derecho de paralizar la obra en caso de considerarla riesgosa, sin padecer por esto ningún tipo de sanción.
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