La demanda es tanto de suboficiales como de oficiales. Para Máximo Sozzo, director de la investigación, el gobierno debe generar de manera “inmediata” un debate público sobre el tema. El 75 % de los agentes dijo no sentirse apoyado por el poder político.
La mayoría de los guardiacárceles de la provincia considera que es “imprescindible” avanzar hacia la sindicalización del sector. El resultado es uno más de la investigación sobre prisiones realizada -y abordada ya por El Litoral en su edición del pasado miércoles- por el equipo del Programa de Extensión Delito y Sociedad de la UNL, que conduce Máximo Sozzo.
“Hay un 80% de agentes penitenciarios que piensa que hay que avanzar hacia la sindicalización; creen que es necesario e indispensable avanzar hacia esa instancia que implica reconocerlos como trabajadores”, confirmó Sozzo a El Litoral. Y recordó que idéntico resultado habían obtenido años anteriores, cuando formularon la misma pregunta al personal policial.
A su criterio, con esta conclusión en las manos, es imperante que el poder político propicie la discusión sobre el tema. “Ese debate todavía no empezó, pero es imposible que las autoridades públicas sigan ignorándolo. Creo que tanto las autoridades que gestionan las instituciones penitenciarias como la institución policial tienen que abrir este debate para producir una canalización de las demandas que son muy sentidas. Prácticamente todos los funcionarios penitenciarios consultados en esta encuesta dicen ‘queremos sindicalizarnos’”, insistió.
El sociólogo advirtió, incluso, que quienes no lo dijeron abiertamente -el 20% restante- eligieron una opción neutra -como ‘no estoy del todo seguro’-, pero ninguno la rechazó en forma categórica. Es más, puso de relieve que el planteo no es sólo “desde las bases” sino también desde los oficiales. “Tengamos en cuenta que fue una encuesta representativa de los penitenciarios, tanto oficiales como suboficiales -sostuvo. Porque tradicionalmente se ha pensado que la sindicalización viene desde abajo en estas instituciones tan verticales; que es más de los suboficiales. Eso queda un poco desmentido en esta encuesta. Es una demanda que circula en toda la institución, por tanto, tiene mucha presión”. Sobre esa misma base reiteró que el tema “requiere un debate público en forma inmediata porque el peso de la opción positiva es extraordinariamente grande”.
Sin apoyo
Otra conclusión del estudio es que la mayoría de los penitenciarios no se siente respaldada por el gobierno. “Las opciones mucho y bastante suman el 21%, pero las opciones negativas son tremendas: el 60% dice poco y el 15% dice nada. Con lo cual el 75% visualiza en forma muy crítica la relación con el poder político”, explicó Sozzo.
El sociólogo recordó que el trabajo de campo se hizo hacia el final de la gestión de Hermes Binner, y acotó que cuando se consultó al personal carcelario sobre los cambios introducidos durante esa administración, se encontraron respuestas dispares, que ratifican la ‘teoría de los tres tercios’ (ver aparte). “El 3% los evaluó muy positivamente, el 34% positivamente, el 45% poco positivas y el 13%, negativamente. Y cuando comparamos la política de Binner con la del gobierno anterior, las opciones mucho mejor y mejor son un 33%. Un tercio de la población se visualiza como a favor del cambio, pero después están los otros...”. .
No sólo intuición
Como reflexión final, Sozzo recordó que uno de los objetivos del programa Delito y Sociedad es generar debates públicos a través de sus informes. “Somos una universidad pública y estamos preocupados por producir conocimiento y transferirlo a la esfera del debate social y político.
Nuestro objetivo es ése -planteó-; producir debate sobre qué pasa en las prisiones y qué se puede hacer hacia adentro. Nos parece que consultar qué es lo que piensan y experimentan quienes trabajan allí es algo no solamente importante sino indispensable, aunque tradicionalmente no es algo que haya ocurrido”.
Sozzo rescató como gesto positivo que el gobierno provincial permitiese -“en un hecho de apertura inédito”- el ingreso al Servicio Penitenciario para realizar el trabajo de campo, y confió en que este método se pueda consolidar “como un mecanismo de producción periódica de información sobre lo que piensan y experimentan los presos y penitenciarios”. Pero fundamentalmente, consideró que la importancia de estos estudios radica en que sus resultados se puedan convertir en “insumos” para la toma de decisiones públicas, que permitan “trascender el plano de la mera intuición”. “Como ciudadanos -acotó-, debemos demandarle al Estado que produzca conocimiento válido y confiable para tomar decisiones más ajustadas a ese conocimiento. Éso es lo que tratamos de hacer con este trabajo”, concluyó.
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