La Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas lo detuvo el jueves pasado en su casa de 1º de Mayo al 7100. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad
Eduardo Dichiazza es un jubilado de 69 años que desde hace una semana se encuentra detenido, a disposición de la Justicia, luego de que efectivos de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas (AITP) allanaran su casa del barrio General Belgrano, donde funcionaba un “privado”.
El juez de la investigación penal preparatoria, Héctor Gabriel Candioti, rechazó este lunes el pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal Roberto Apullán, y estableció alternativas a la medida de coerción personal, entre ellas, el pago de una fianza de $120.000. Sin embargo, como la caución aún no ha sido cubierta el imputado sigue tras las rejas.
Dichiazza fue detenido el jueves 31 de marzo en el marco de una causa por “facilitamiento de la prostitución ajena”. Producto del allanamiento realizado en la casa de 1º de Mayo al 7100, fueron asistidas tres mujeres víctimas de 19, 23 y 29 años, según informó la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad de la provincia.
Asimismo, el órgano oficial dio cuenta que allí también se encontraron in fraganti tres prostituyentes -uno de 19 y dos de 51 años- que estaban manteniendo relaciones sexuales con las víctimas al momento del ingreso del personal policial. Además, fueron secuestradas dos armas de fuego una escopeta calibre 16 y un revólver 32- con municiones, por lo que también se le atribuyó el delito de “tenencia”.
Tarifa fija
La actuación policial fue ratificada por el juez Candioti en cuanto a que se pudo acreditar la presencia de “tres mujeres que mantenían relaciones sexuales con masculinos, secuestrándose dinero en efectivo, cajas de preservativos y documentación”. Es más, ya en sede del Ministerio Público de la Acusación las propias mujeres revelaron que se trataba de un lugar de alquiler por hora y que era regenteado por Dichiazza.
Las prostitutas coincidieron en que el lugar estaba funcionando como “privado” desde hace aproximadamente “tres o cuatro meses” y que existía una metodología común y una tarifa fija para el uso de los servicios que prestaba el jubilado.
El dueño de casa era el encargado de abrir el portón de ingreso y cobrar. También se constató la existencia de una tarifa que consistía en cobrar $ 80 por el alquiler de las piezas durante media hora; $ 20 por el estacionamiento y $ 10 por cada preservativo; precios éstos que se encontraban impresos en cartelería de tipo artesanal, según los diferentes testimonios.
El lugar funcionaba todos los días y al menos diez mujeres lo utilizaban periódicamente. Se trata de una casa de tres dormitorios al que la clientela solía llamar La Piecita; cuando estaba todo ocupado los visitantes esperaban su turno en el patio y si los ocupantes se demoraban el dueño el persona les toca la puerta.
Bajo fianza
Dichiazza participó de la audiencia acompañado por el abogado Lisandro Aguirre, del Servicio Público de Defensa Penal y quedó imputado por los delitos de “facilitamiento de la prostitución” y “tenencia ilegitima de arma de fuego de uso civil”.
En su resolución del martes 5 de abril, el juez Candioti desestimó el pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal atento a que “no se encuentra acreditado el peligro de fuga ni el entorpecimiento probatorio”; y estableció alternativas a la coerción personal.
En primer lugar, designó al hijo del imputado como tutor; estableció la obligación de presentarse cada 15 días ante el SPPDP; y la prohibición de acercamiento a las víctimas y testigos de la carpeta judicial, ya sea personalmente como por vías telefónicas o a través de redes sociales como Facebook, etc.
Por último fijó una caución real de $ 120.000 que deberá ser cubierta para que Dichiazza recupere la libertad y le prohibió alquilar las piezas en su casa cualquiera sea el fin.
FUENTE EL LITORAL
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