Reclamaron que se normalice la atención, dado que desde noviembre no funciona la sede de la Dirección en refacciones. “Constituye una negación del acceso a la tutela de los derechos de los usuarios y consumidores”, dijo Leiva
De mudanza. El funcionario provincial argumentó el traslado de la dependencia a una nueva sede, en San Martín al 3000 / Foto: Gentileza Defensoria del Pueblo
El defensor del Pueblo adjunto de Santa Fe, Luciano Leiva, reclamó en un oficio remitido al secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Pablo Diab, la regularización de la Dirección provincial de Defensa del Consumidor, dado que “desde noviembre pasado en la ciudad de Santa Fe no atiende al público”.
“Su anormal funcionamiento en un contexto de sostenida alza de precios constituye por parte del Estado la negación del acceso a la tutela de los derechos de los usuarios y consumidores en sede administrativa, con la gravedad institucional que ello implica”, enfatizó Leiva.
Según un comunicado de la Defensoría, “durante estos cuatro meses los usuarios y consumidores que consideran que se han violado sus derechos se encuentran en una situación de desprotección dado que la dirección de Defensa del Consumidor, autoridad de aplicación de la ley N° 24.240 y modificatorias, no encuentran respuestas por su irregular funcionamiento”.
“A ella le cabe el deber de establecer una relación de equilibrio entre el consumidor y las grandes empresas o grupos económicos, dada la situación de vulnerabilidad de los primeros”, destacó el Defensor del Pueblo.
En agosto del año pasado, a través de la resolución 138, la Defensoría recomendaba al ministro de la Producción adoptar las medidas tendientes a la optimización y jerarquización de la dirección de Comercio Interior garantizando el asesoramiento jurídico gratuito por personal capacitado, la recepción de las denuncias y la reducción de los plazos de tramitación.
Hace una semana, en ocasión de conmemorarse el día internacional de los Derechos Usuarios y Consumidores, Luciano Leiva expresaba que “estos derechos fundamentales en materia de consumo se ven amenazados por la tendencia cada vez más acentuada a la concentración por parte de las grandes empresas, dejando al consumidor en una situación de vulnerabilidad mayor”.
Y agregaba: “La escalada de precios de los últimos meses que afecta esencialmente la canasta básica de alimentos y otros rubros imprescindibles para la vida de una familia demandan del Estado una decidida acción de control”.
“Es función del Estado hacer valer la normativa vigente, hecho que resulta de cumplimiento imposible si la autoridad de aplicación de la ley no se encuentra en actividad”, concluyó.
Por su parte, días atrás Juan Pablo Diab informó sobre el trabajo que se está realizando en el mejoramiento de los espacios de atención a los consumidores: “Estamos en pleno proceso de mudanza de nuestra sede central de la ciudad de Santa Fe (San Martín al 3000) a un espacio más funcional, con mayor llegada al consumidor y más ágil en la resolución de problemas”.
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