El fiscal federal Walter Rodríguez se opuso a la reciente decisión de desafectar del caso a los comisarios Sergio Vergara y Sergio Fernández. Además, pidió reformular el procesamiento de siete policías rasos.
El Litoral |
El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, apeló ayer el sobreseimiento por los delitos de “violación de los deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad” atribuidos a los policías Sergio Vergara y Sergio Fernández, jefe y subjefe de la Unidad Regional Uno, por su desempeño al momento y con posterioridad al secuestro de un cargamento con 1.682,5 kilos de marihuana, ocurrido el 2 de noviembre de 2014, en Arroyo Leyes.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal la prueba aportada fue “soslayada” de plano por el juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez, que el pasado 25 de septiembre marginó de la investigación a los jefes Vergara y Fernández; mientras que procesó por el delito de “falsedad ideológica de documento público” a siete policías rasos que intervinieron en la elaboración del acta “falsa”, en el lugar y día del hecho.
Reproche legal
Asimismo, el magistrado amplió los procesamientos para el ex jefe de Orden Público de la URI, Cristian Fabio Hang, y el comisario Martín Ángel Gabriel Díaz, por el “ocultamiento y alteración de medios probatorios que estaban a su alcance (Art. Nº 225 CP)”, que se suma a las acusaciones por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “encubrimiento agravado” y “evasión de persona”.
En cuanto a la situación de Vergara y Fernández, el fiscal Rodríguez sostuvo que ambos conocían las irregularidades ocurridas en el procedimiento del 2 de noviembre de 2014, e iniciaron lo que él llamo una “pesquisa paralela” sin conocimiento de autoridad competente. Entre otros reproches, el fiscal sostuvo que los jefes conocían que parte del cargamento de estupefacientes fue retirado del lugar y no lo informaron, así como de la participación de personal policial en el hecho, entre otras irregularidades.
Consideró “inadmisible que los altos jefes policiales no puedan detectar las fuentes emisoras responsables, cuando ellas pertenecían indudablemente a la fuerza que ellos mismos comandaban”, dijo Rodríguez en relación a los “rumores” o “trascendidos” a los que refirieron los comisarios.
Sin respuestas
A propósito de ello, el fiscal se preguntó por qué si ya corrían los “rumores y trascendidos” de que había ocurrido otra cosa distinta a lo que decía el acta de procedimiento, igualmente salieron a sostener la versión oficial públicamente.
Se les reprochó haberse reunido con subalternos que participaron del procedimiento de manera autónoma, cuando ya la investigación ya estaba en manos de la Justicia; e hizo especial hincapié en la declaración de la comisario Stella Olivera de la ciudad de Rincón, que fue la primera en contar de la detención y pronta liberación del policía Agüero y el narco Villalba.
A modo de síntesis, el fiscal expresó que “tal apartamiento de las normas que rigen el accionar de la fuerza policial resultaría grave en el marco de cualquier procedimiento, pero se acentúa particularmente en uno de la envergadura y trascendencia del presente, que convocó la inmediata atención pública a instancias de divulgaciones que partieron justamente de la “cúpula” policial”.
Todo en regla
Por su parte, el juez Reinaldo Rodríguez justificó el sobreseimiento diciendo que “ha quedado demostrado que los justiciables, a contrario de lo que sostiene el titular de la acción, han obrado conforme a la reglamentación y la legislación vigente”.
Para el magistrado quedó probado que “los imputados al tomar conocimiento de las irregularidades cometidas en el procedimiento de Arroyo Leyes, las hicieron constar por escrito en un informe fechado el 5 de noviembre de 2014, y lo presentaron en forma inmediata ante el director provincial de Asuntos Internos”. “De ello se desprende que la voluntad de los entonces jefes de la Unidad Regional Uno fue -en todo momento- dar a conocer las irregularidades cometidas”, agregó el juez.
En cuanto a la investigación paralela, el juez señaló que “no aparece como cierto” y justificó las entrevistas realizadas por la jefatura con sus inferiores, diciendo que “deben ser interpretadas dentro de los deberes y atribuciones que ostentan quienes desempeñan dichos cargos”.
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