La diputada Verónica Benas las propone para violencia de género y delitos informáticos. Por su parte, la diputada Alicia Gutiérrez, para violencia institucional.
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También, sobre el Ministerio Público, están pendientes de tratamiento los proyectos que tratan de equiparar a fiscales adjuntos con titulares mientras que De Olazábal insiste con el Programa de Protección de Testigos y los cargos que debería traspasar la Corte Suprema de Justicia al nuevo sistema penal.
En tanto, Gutiérrez propone la creación de fiscalías especializadas en la atención de hechos que involucren el uso abusivo de la fuerza por parte de los agentes policiales. Dijo que “el objetivo es contar con oficinas integradas por expertos de diversas disciplinas que se ocupen tanto de verificar los operativos destinados a conjurar la acción delictiva como de sancionar las infracciones que se detecten por parte del personal de seguridad”. Acotó que frente “al avance del delito y el aumento de la violencia es necesario fijar las reglas que deben prevalecer en un sistema democrático a la hora de castigar la conducta criminal. Se buscan establecer las pautas que jueces y fiscales deberán tener en cuenta para evaluar si la actuación policial estuvo conforme a derecho”.
El proyecto propone un fiscal responsable, designado por Asamblea Legislativa, para coordinar el equipo de trabajo multidisciplinario encargado de la investigación y represión del delito, como así también de la protección y custodia de los denunciantes. La legisladora aclaró que “se entiende por uso abusivo de la fuerza a las acciones realizadas por los agentes que no sean necesarias para asegurar la seguridad o el orden, evitar la fuga del delincuente o proteger la vida propia o de terceros y que, en definitiva, violen los principios básicos establecidos por Naciones Unidas respecto al empleo de la fuerza y las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”.
Las otras dos
Benas, en tanto, propone en su proyecto unidades fiscales especializadas en delitos de violencia contra las mujeres, de violencia familiar y delitos de desobediencia a una orden judicial que sea consecuencia de una resolución dictada en el marco de la ley nacional 26.485. Las otras son unidades especializadas en delitos informáticos entendiendo como tal “toda acción u omisión prevista como tal en la legislación penal argentina, que fuera dirigida hacia medios informáticos, o bien, que se concretara mediante la utilización de éstos.
La diputada se fundamenta en las fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres en el organismo creado recientemente en la Nación por la procuradora General basada en compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos. En los casos de delitos informáticos, hay una prueba piloto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se encarga de casos específicos de esos delitos informáticos pero también de producción y distribución de material pornográfico, bullying y grooming, siempre por medio de un soporte tecnológico.
Actualmente, el fiscal De Olazábal dictó una resolución a los fiscalías regionales de la manera de abordar lo que él llama ‘delitos contra la mujer’ y en un reciente panel realizado en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL se pronunció por no contar con fiscalías especiales, excepto para los casos de violencia policial.
Pedido a jueces y fiscales
El diputado provincial kirchnerista, Darío Mascioli, pidió a jueces y fiscales que “piensen primero en dar una oportunidad a la víctimas, a los ciudadanos de buena voluntad que cumplen con las normas de convivencia, y luego evaluar si se pueden tener algunas consideraciones como la prisión morigerada, la salida laboral o para estudiar a quienes infringen las leyes penales”. Ante varios hechos delictivos que se vivieron en el sur santafesino, el legislador advirtió que “en cientos de ejemplos, la persona que delinque no las ve como una posibilidad de cambio de conducta sino como una suerte de impunidad y reitera sus contravenciones una y otra vez. Mientras desde los gobiernos locales, intendentes y presidentes comunales invocan a las fuerzas divinas para que los delincuentes tengan mala puntería”.
Mascioli insistió en tratar en la próxima sesión de Diputados reformas al Código Procesal Penal para darle “más herramientas legales a los fiscales y los jueces, modificando los artículos que tienen que ver con la prisión preventiva, la flagrancia y también los plazos”. Aclaró que el objetivo es que los actores del Poder Judicial tengan herramientas para que sean más objetivos y menos subjetivos.
Reunión
La Corte Suprema de Justicia invitó a dos comisiones de la Cámara de Diputados a una reunión para intercambiar aspectos presupuestarios y del funcionamiento del nuevo sistema penal. El encuentro se producirá el miércoles y han sido invitados por el Alto Tribunal los integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Cobertura
Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) reclamó mediante un proyecto presentado en la Cámara de Diputados que el Ministerio de Justicia envíe a la Legislatura el pliego para ocupar el cargo de auditor General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación.
En 2012, se propuso a Enrique Font quien fue rechazado por la Asamblea Legislativa y luego el Ejecutivo no remitió otro nombre para el cargo clave para el control de la tarea de los fiscales.
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