Banco Nación otorgó un trato preferencial al grupo de empresas de Lázaro Báez. El empresario K logró financiarse por la vía de excepción y por encima de los límites preacordados, incluso con operaciones que ordenaron personas que no estaban autorizadas para ese fin.
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Y hay más: la entidad demoró en actualizar su clasificación como deudor mientras que al mismo tiempo evitó reportar una operación por US$ 7,5 millones a la unidad antilavado (UIF).
Ese trato singular otorgado al socio de Cristina Kirchner ocurrió durante el último año de Juan Carlos Fábrega al frente del Banco Nación, lo que quedó expuesto en dos de esos informes que redactaron los técnicos del BCRA, la entidad que ahora preside el propio Fábrega.
El primero de esos informes, titulado “Memorando de Observaciones Preliminares” y fechado el 14 de agosto pasado, también alerta que el Banco Nación carecía de toda la información que exige la normativa antilavado de la UIF sobre Oil Combustibles, la petrolera del también empresario patagónico y “zar del juego”, Cristóbal López (de lo que se informa por separado).
El Banco Central confirmó la veracidad de ese memorando, pero lo calificó como un “informe de rutina” elaborado por sus inspectores como parte de “la actual inspección que se está efectuando al Banco de la Nación Argentina”.
Los técnicos detallaron que “se evidenciaron casos de clientes que registraban excesos a los límites acordados oportunamente para adelantos en cuenta corriente, que recibían continuas aprobaciones por excepción”. Y de inmediato sólo incluyeron dos ejemplos: “Austral Construcciones y Kank y Costilla”.
“Se tomó conocimiento de la instrumentación de operaciones con firmantes que no eran representantes legales autorizados por las empresas prestatarias (Austral Construcciones, y Kank y Costilla).
En esa línea, los inspectores del BCRA redactaron en su “memorando” dos observaciones adicionales que alcanzan a empresas de Báez, al igual que a firmas vinculadas a otros nombres sensibles, como el ex intendente de Ezeiza y actual ministro de Seguridad bonaerense, Osvaldo Granados.
“Se verificaron incumplimientos en la periodicidad dispuesta en materia de clasificación de los deudores” y sobre “gestión crediticia”, indicaron desde el Central. “A modo de ejemplo se cita Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA y Granado Hermanos SRL”, que figura como deudora del Nación por $ 24,8 millones, según datos del BCRA.
La lupa sobre el grupo Báez, sin embargo, abarcó una cifra 11 veces más grande que la de Granados. “Las tenencias de VRD [Valores Representativos de Deuda] de algunos de los fideicomisos financieros sin cotización se contabilizan erróneamente en Otros Préstamos, correspondiendo su registración en el rubro OCIF [por Otros Créditos por Intermediación Financiera]“, expusieron los inspectores del Central. Los tres primeros que mencionaron fueron el fideicomiso Financiero Loma Blanca ($ 484,2 millones), el de Austral Construcciones (274,5 millones) y el tercero para CIC SA ($76,3 millones), controlante de los supermercados Coto.
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