El Frente Unidad para la Victoria (FUV) Santa Fe acompaña el reclamo de los vecinos de la ciudad de Santa Fe al Poder Ejecutivo Municipal por la tala indiscriminada de árboles en el Parque Alberdi para construir cocheras semisubterráneas cuya ganancia beneficiará a empresas privadas.
Actualmente, se están realizando las obras para la construcción de 310 cocheras semi-subterráneas en el Parque Alberdi, frente al puerto santafesino. Esto ha provocado el repudio de gran parte de la comunidad santafesina ya que cambiará enteramente la fisonomía de éste pulmón de la ciudad existiendo dudas tanto de los beneficios sociales que pueda otorgar como del lucro que tendrán las empresas privadas ganadoras del proceso licitatorio.
La obra fue presentada por las autoridades locales con la premisa de dar solución a la falta de espacios para estacionar en el microcentro santafesino y diseñada, supuestamente, respetando el espacio verde.
El propio intendente José Corral había destacado en diversas oportunidades que “el proyecto presentado preserva en buena medida la vegetación que tenemos en la plaza…”.
La subsecretaría de ambiente de la Municipalidad de Santa Fe, detalló que en el Parque Alberdi existen 135 árboles de diferentes especies: brachichitos (20), ceibos (6), fresnos (17), ibirá pita (1), jacarandás (19), lapachos rosados (15), palmeras coco pindo (23), palos borracho (15), pinos (4), sauzgatillos (2) y tipas (13).
Por ello, en principio se presentó un plan de preservación de los árboles que se encontraban en el parque, del cual el 50 % se iba a mantener en su lugar; el 33 % sería trasplantado, y apenas el 17 % debía ser extraído. Pero, con el comienzo de las obras se ha realizado una tala de árboles que nada tiene que ver con la preservación del medio ambiente pregonada. Las imágenes devastadoras impactaron a los vecinos santafesinos y diversas asociaciones ambientalistas se han proclamado y convocado en contra de este proyecto.
Bajo el lema “El parque Alberdi no se toca! Abracemos el parque!”, se realizó hoy un abrazo simbólico al Parque y una mateada en repudio y con el objeto de impedir que se continúe la destrucción del medio ambiente. Ello así, porque ni siquiera el proceso de trasplante garantiza que los árboles que sufran dicha suerte se adapten al nuevo espacio.
Si bien los vecinos tomaron conocimiento recientemente de estas obras, el tema ya lo había planteado, en marzo del año pasado, el Colegio de Arquitectos solicitando a Corral tiempo para debatir públicamente la propuesta y evaluar el impacto ambiental, patrimonial y urbano.
Pero la gestión del actual intendente hizo caso omiso a los planteos mencionados y a la oposición oportuna que realizaron los concejales, otorgando un exiguo plazo de 140 días, entre la presentación del proyecto y el llamado a licitación, por lo que la comunidad santafesina no pudo conocer, evaluar y expresarse sobre las consecuencias del proyecto antes de que las obras comenzaran y fueran visibles las talas de los árboles.
La polémica no sólo abarca el tema ambiental sino que va más allá, las empresas constructoras ganadoras del proceso licitatorio CAM y PONCE, se han visto beneficiadas de una manera escandalosa puesto que construirán en un terreno que no han comprado, porque es un espacio público, que el municipio cede por 30 años para que durante 25 años obtengan ganancia pura a cambio de un canon mensual ínfimo de $ 1.000 por mes.
Al votar el pliego del llamado a licitación hubo oposición y los concejales justicialistas solicitaron los datos sobre el proceso licitatorio a los fines de determinar si este cumplimentó con la normativa vigente o se ha beneficiado indiscriminadamente a estos grupos empresarios privados.
Destacamos que el proyecto carece de legitimidad puesto que no fue consultado a la ciudadanía santafesina pese a que afecta un bien muy preciado como es un espacio público de esa envergadura que representa un pulmón de la ciudad y un área de esparcimiento, y que, además, otorga una concesión de esas características para empresas privadas.
Desde el FUV, acompañamos el reclamo de los vecinos puesto que debió realizarse una audiencia pública para anoticiar a la comunidad y permitir la participación ciudadana en la decisión política, así como los estudios necesarios para valorar adecuadamente el impacto ambiental y los beneficios de carácter patrimonial de la comunidad ya que la concesión por 30 años de un espacio público, por un canon mínimo, implica una ganancia exacerbada para las empresas privadas que ganaron la licitación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario