Como parte de la negociación del proyecto que regula la protesta social, los bloques llegaron a un principio de acuerdo para dar un perdón a las cerca de cuatro mil personas procesadas o condenadas por piquetes.
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El debate del proyecto para regular la protestasocial tuvo una carambola insólita: tanto el kirchnerismo como buena parte de la oposición alcanzaron en su primera reunión un principio de acuerdo para otorgar una amnistía general a las cerca de 4.000 personas que están procesadas o condenadas por haber participado de marchas y piquetes.
La mayoría de los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados accedieron al pedido elevado por la socialista Virginia Linares como un modo de destrabar el debate. Para eso giraron los proyectos ya redactados a la comisión de Legislación Penal. Uno de los pocos en oponerse fue el macrista Pablo Tonelli
Como parte de los acuerdos para demostrar que no hay "intención de criminalizar la protesta social", los diputados kirchneristas aceptaron también invitar a que den su opinión dirigentes deQuebracho, la CTA-ATE, Amnistía Internacional y otras organizaciones sociales.
En las dos horas que duró la audiencia los expositores coincidieron en que la reglamentación del derecho a peticionar, básico en el régimen democrático, no puede ser criminalizado, pero hubo diferencias sobre la utilidad de la mediación como mecanismo de acercar posiciones y la forma de resguardar el derecho a la libre circulación de personas y vehículos.
Unas 4.000 personas se verían beneficiadas con la amnistía
El primer expositor fue el kirchnerista Juan Manuel Pedrini, cuyo proyecto para reglamentar la protesta pública fue firmado por más de una decena de diputados del oficialismo. El legislador oficialista explicó que la diferenciación que el texto hace entre manifestaciones "legítimas" e "ilegítimas" no tiene "la intención de calificar el conflicto", y destacó que la caracterización no la deja a cargo de un funcionario "sino de la ley".
Respecto de la notificación de la realización de la protesta con 48 horas de anticipación que indica su propuesta, Pedrini indicó que "no se trata de una autorización" sino de un trámite que se podría hacer en cualquier comisaría a los efectos de coordinar operativos de organización y mediación.
Para el diputado por Chaco es necesario que exista "una mediación civil y obligatoria" y en cuanto al uso de la fuerza marcó en la reunión que el proyecto recoge el protocolo que tiene el Ministerio de Seguridad desde la gestión de Nilda Garré.
Ramona Pucheta, militante social y autora de otro proyecto en tratamiento, precisó que su propuesta impulsa la ampliación de todas las dependencias de atención al público, la creación de un registro público digital donde quede constancia de los petitorios y un responsable de atención al público territorial, porque los cortes de calle y manifestaciones públicas son la última instancia a la que apela la gente con reclamos insatisfechos.
El macrista Federico Sturzenegger, economista de profesión, se animó a cuantificar el costo que en la ciudad de Buenos Aires tienen los cortes de calles y autopistas en tiempo y recursos desperdiciados, y aseguró que en 2012 el cálculo da por resultado 425 millones de pesos, pero el costo ascendió a 470 millones en 2013.
Estiman que los piquetes causaron a la Ciudad pérdidas por $470 millones en 2013
El proyecto de Sturzenegger propone que los manifestantes dejen libre la mitad de los carriles disponibles, no contempla bajo ninguna circunstancia el uso de la fuerza y descree de la eficacia de las mediaciones, pero a cambio establece multas para los infractores.
A su vez, la neuquina Alicia Comelli defendió un proyecto que presentó junto a Diana Contipero que reproduce una antigua iniciativa de 2008 del diputado Carlos Massei, que establece también la mediación para hallar alternativas de resolución. Además, se manifestó a favor de la amnistía de los procesados por participar en protestas sociales.
Del Frente Renovador, el jefe del bloque Darío Giustozzi aseveró que "no puede haber protestas legítimas e ilegítimas" porque "eso es subjetivo".
La correntina del Frente para la Victoria Araceli Ferreyra, autora de otro proyecto, coincidió en la necesidad de que la mediación obligatoria sea materia del Poder Judicial y planteó la necesidad de asegurar, además del derecho a la protesta y a la libre circulación, el derecho al abastecimiento.
El debate continuará el próximo 10 de junio, cuando los autores de los siete proyectos de ley expongan los principales puntos de sus iniciativas y reciban a referentes de organizaciones sociales para escuchar sus objeciones a la iniciativa.
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