El juez Norberto Oyarbide no tuvo un buen comienzo de año, pues a poco de iniciarse la actividad en los tribunales de Comodoro Py su par Luis Rodríguez le dio un fuerte impulso a una causa en que se lo investiga por un pedido de coimas que hicieron agentes de PolicíaFederal que dijeron actuar en su nombre al realizar un allanamiento.
La gran cantidad de medidas ordenadas por Rodríguez fue en las últimas horas de esta primera semana de actividad tras el receso judicial de verano. Esa causa se originó por una propia presentación que hizo Oyarbide luego que el empresario Guillermo Greppi, dueño de la financiera allanada acusara que policías pidieron una coima en nombre del magistradoahora investigado.
El 19 de diciembre pasado y en el marco de una veintena de allanamientos ordenados por Oyarbide en una causa por presunto lavado de dinero, policías de la División InvestigaciónFederal de Organizaciones Criminales (Difoc) ingresaron a las oficinas de Maipú 311 en Capital Federal donde está la mutual Propyme. Según Greppi y su abogado Fernando Torres, los policías le pidieron una coima de 2.500.000 pesos para frenar el operativo y aseguraron que actuaban en nombre del juez y de su secretario Carlos Leiva.
El juez Rodríguez dio un fuerte impulso para saber si detrás del pedido de sobornos -de confirmarse que haya existido - puede que tenga participación o no Oyarbide o bien los policías implicados -hasta ahora figuran los subcomisarios Fabio Ascona y Ángel Dardo Castro- actuaron por su cuenta.
Según fuentes con acceso a la causa aseguraron a Infobae, el juez Rodríguez resolvió citar como testigos al empresario Greppi y su abogado Torres para el 20 de febrero próximo; pero también a aquellos que figuran como testigos convocados por los agentes de la Difoc del allanamiento realizado en la mutual que derivó en el escándalo; y de otras personas que estuvieron presentes durante el mismo.
Los investigadores observaron un dato que llamó la atención. La insistente convocatoria de la Difoc por parte de Oyarbide en el marco de las múltiples causas que tiene a su cargo, y que sobresale por el resto de sus pares de Comodoro Py. Por ello, Rodríguez pidió como medida saber en qué causas el juzgado federal 5 requirió la colaboración de la división especial en los años 2012 y 2013.
Asimismo, el juez pidió a la empresa Prosegur que aporte la filmación de una cámara de seguridad ubicada a metros de la financiera y que está instalada en la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán para ver si pudo captar alguna imagen el día del allanamiento o en las jornadas previas.
Rodríguez también pidió a la presidencia de la Cámara Federal, a cargo de Martín Irurzun, que informe si consta alguna actuación administrativa a raíz del hecho o bien si el propio Oyarbide dio inicio a algún sumario del cual les haya comunicado.
En paralelo, pidió a la División Legajos Personales de la Policía Federal los legajos de los subcomisarios involucrados, Ascona y Castro, así como de otros cuatro efectivos también implicados en el hecho.
La causa cuenta con un requerimiento del fiscal Ramiro González para que se investiguen los hechos; y en los pasillos de Comodoro Py fue el tema dominante de finales del año pasado y de lo que va de este 2014, por las consecuencias que puede tener bien para Oyarbide o alguno de sus secretarios.
Infobae
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