Apropol:Cordoba, CARLOS MICHIA: "VAN A NACER MUCHAS MÁS ORGANIZACIONES POLICIALES EN EL PAÍS"

Secretario general del Sindicato Policial Chubutense (SiPolCh), Carlos Michia. (Fotos: Desirée Delgado)

“Tenemos el primer sindicato policial argentino constituido de manera legal en Córdoba”, se entusiasma Carlos Michia, secretario general del Sindicato Policial Chubutense (SiPolCh). Se refiere a la decisión de la Cámara del Trabajo de revocar una resolución del Ministerio de Trabajo por la cual se rechazaba la inscripción de la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina Córdoba (UPPAC) “7 de Agosto”. Sin apelación del Poder Ejecutivo, la agrupación tiene allanada la vía legal para inscribirse como entidad gremial.

Michia avizora así un escenario de mayor sindicalización policial en el país. “Con ese respaldo jurídico, los trabajadores se van a animar cada vez más a obtener su sindicato en cada provincia”, señala en esta entrevista con NOVA.

SiPolCh funciona como organización desde el año 2003, cuando presentó el expediente 84099/03 en el Ministerio de Trabajo. Carlos Michia fue cesanteado en 2007, según denuncia, por hacer declaraciones a la prensa. Si bien hoy reconoce que los uniformados deben “profesionalizar” las formas del reclamo, su posición después de los acuartelamientos de diciembre es clara: “Si el Ejecutivo no toma con conciencia de los reclamos salariales, estas acciones van a repetirse”.

- ¿En qué instancia está la discusión por la sindicalización policial?

- La sindicalización policial ha avanzado mucho, especialmente en el último mes de diciembre, cuando se generaron las protestas policiales. En el medio, la Cámara de Apelaciones de Trabajo emitió un fallo para un sindicato de la provincia de Córdoba (NdelE: UPPAC “7 de Agosto”), que tenía su plazo jurídico: el Poder Ejecutivo de la Nación tenía la posibilidad de apelarlo. La Presidencia no lo hizo y el fallo quedó firme, así que vale decir que hoy tenemos el primer sindicato policial argentino constituido de manera legal en Córdoba.

- Pero falta que ese sindicato se ponga en marcha…

- A partir de los plazos que se cumplieron hace dos semanas, quedó legalmente constituido. Eso abre la puerta para que otras organizaciones del mismo tenor empiecen, con ese precedente, a hacer mover sus expedientes en el Ministerio de Trabajo de la Nación, para obtener el mismo reconocimiento legal.

- ¿Puede replicarse ese reconocimiento en otras jurisdicciones?

- Sí, porque ya los abogados de todas las organizaciones están tomando vistas de los expedientes, pidiendo pronto despacho. En lo referente a SiPolCh, después de que se conoció el fallo de Córdoba, hemos hablado con nuestro asesor, que solicitó pronto despacho a los efectos de que la Presidencia de la Nación, o el Ministerio de Trabajo, en su defecto, se pronuncien respecto a nuestro expediente, el 84099/03.

- Eso es lo que está en la Justicia. Pero por otro lado, el Poder Ejecutivo nacional rechazó la posibilidad de que se sindicalizaran las fuerzas después de diciembre. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que no podían hacerlo quienes portaran armas y puedan atentar contra el régimen establecido. Hay ahí una contradicción entre lo que está pasando en la vía judicial y la visión del Ejecutivo.

- Es totalmente contradictorio, pero no nos asombra para nada. No solamente se pelean en este tema sino en otras cuestiones, se nota que no hay comunicación entre ellos. Esto genera que pasen estas cosas. Ahora, la sindicalización policial ha tomado fuerza. Es más, van a nacer muchas más organizaciones policiales, porque, con este antecedente, en aquellas provincias que no tenían se van a animar a hacerlo. Hay una postura firme por parte del Gobierno de disciplinar a los trabajadores que osan reclaman sus derechos. Pero también está esta contradicción: por un lado actúan con mucha firmeza, pero a su vez dejan caer un fallo judicial para que quede firme. La Justicia les demuestra y les dice que no pueden negar más esta situación y falla conforme a derecho, y conforme a derecho es reconocer la sindicalización.

- ¿Cómo está la situación en las provincias respecto de los uniformados detenidos?

- Esto es muy grave. Los primeros compañeros detenidos fueron en la provincia de Tucumán, luego siguieron Córdoba y Entre Ríos. En enero, denunciamos que había un plan nacional para encarcelar a más de 100 policías, y se está cumpliendo. Aproximadamente hoy hay 50 compañeros detenidos, pero se están haciendo actuaciones en las provincias de Jujuy y Santa Fe, como el allanamiento en la casa del compañero (secretario general de FASIPP, Alberto) Martínez, buscando un teléfono celular a los efectos de ser secuestrado, por las conversaciones que mantenía. El juez de Santa Fe se pronunció a favor de que no había delito de sedición. Ahora, queda en el fiscal federal si apela o no la decisión que tomó el magistrado de primera instancia.

- ¿Qué piensa la sociedad sobre la posibilidad de que la policía tenga su sindicato?

- Esa es una pregunta que venimos haciendo hace mucho tiempo, y a la gente le parece inclusive hasta raro que la policía no esté representada. Muchos creen que está sindicalizada. El grueso de la población piensa que la policía debería tener y quiere que tenga un sindicato, porque los considera trabajadores y parte integrante de la sociedad. Lamentablemente nos relacionan mucho con el tema militar, y por eso nosotros bregamos por la desmilitarización de la fuerza. Creemos incluso que el uniforme que usa la policía no es el adecuado.

- ¿Por qué?

- Porque, por ejemplo, los borceguíes son para entrenamiento en zonas rurales, no para una ciudad. No son cómodos ni aptos para caminar, y mucho menos para correr. Nosotros hemos señalado esas cuestiones. La gente tiene muy reflejado el tema de los borceguíes, más con la dictadura que hemos vivido. Esos resabios han quedado dentro de las policías. El sindicalismo policial viene a luchar por todas esas cuestiones: desmilitarizar, humanizar, democratizar a la fuerza. Estos son los primeros pasos. Este fallo es histórico, y evidencia que vamos para un cambio. Evidentemente, en el camino han quedado muchos compañeros que han sufrido persecuciones, cesantías, que hasta han tenido que renunciar a la lucha por cuestiones obvias de que no podían seguir sustentando a su familia.

- ¿Cómo fue su caso?

- El gobierno de (Mario) Das Neves me dejó cesante por un decreto, el 1561, a partir del 17 de octubre de 2007. Nosotros apelamos esa decisión e iniciamos una causa en el Superior Tribunal de Justicia, por una acción de inconstitucionalidad. Me dejaron cesante por declaraciones a la prensa, por decir más precisamente que la policía de Chubut no había recibido el incremento salarial que reflejaba un medio de la zona. No sólo lo decíamos sino que lo comprobábamos: de hecho, el decreto 181 tuvo que ser reformado tres veces a partir de nuestras declaraciones, porque se dieron cuenta de que teníamos razón. Aún así, siguieron con el sumario, porque la orden era dejar cesante a los “cabecillas” del SiPolCh. A mí me dejaron cesante, y el resto sufrió sanciones menores.

- ¿Qué rango tenía en ese momento?

- Era sargento, y ahora tendría que tener tres jerarquías más y ser suboficial principal. Tendría aproximadamente 24 años de servicio acumulados hasta el día de hoy. Ahora, nuestro asesor incorporó el fallo de Córdoba a mi expediente. Eso nos va a favorecer y mucho. Tenemos muchas posibilidades de que la Justicia falle a favor nuestro a los efectos de reintegrarme a mi trabajo.

- Presentaron un petitorio en la Casa Rosada. ¿Tienen expectativas sobre lo que podría pasar a partir de esta presentación formal?

- Por supuesto que somos optimistas, creemos en la democracia. El poder político debería tomar conciencia de lo que es esta cuestión: no nos olvidemos que no hace mucho tiempo todas las fuerzas policiales del país se levantaron. Y no es un dato menor. Esto no lo van a parar ni con medidas más fuertes, amenazas o aprietes: esto se arregla con diálogo y soluciones para el sector. Hoy tenemos un enemigo invisible que es la inflación, se palpa cuando uno va a comprar cosas. De acá a dos o tres meses, si esto sigue así, los salarios de los policías o de cualquier trabajador van a ser insuficientes, y esto va a generar nuevas protestas. Si no se canalizan a través del diálogo, para que haya reciprocidad, se puede volver a generar. Esto no quiere decir ser alarmista, es la realidad.

- Lo que habría que reconocer es que, si volviera a pasar, cualquier administración vería afectada su gobernabilidad.

- Chaco y Entre Ríos dieron muestra de eso: con las actitudes de los gobernadores de firmar los acuerdos y salir, cuando tuvieron un poco de aire, a decir que fueron bajo extorsión o amenaza, mintieron. En Entre Ríos, hasta la Iglesia formó parte del acuerdo. Capitanich señaló la presencia de un arma en la firma del acuerdo de Ente Ríos, pero el arma de un policía es una herramienta de trabajo. Evidentemente nosotros debemos aprender también muchas cosas, hay que profesionalizar la fuerza y hasta los métodos del reclamo, lo que no quita que sea legítimo. Que lo podemos mejorar y hasta reglamentar, para no dejar a la población descubierta, mejor. Pero los poderes ejecutivos deberían ser más flexibles y tomar conciencia de lo que está pasando. Siempre pongo el ejemplo de los compañeros de Santa Cruz, donde no hubo conflictos en diciembre. La razón es que ellos tienen diálogo con el Gobierno, le explican sus necesidades y, de esa manera, solucionan los problemas. Deberían tratarse como se tratan las cuestiones de cualquier otro trabajador, ni más ni menos.

Fuente: Nova