Así lo señaló el diputado Manuel Garrido quien exigió al juez Sebastián Casanello que investigue la escucha telefónica que vincula al empresario Lázaro Báez con una supuesta operación de lavado de dinero.
Infobae |
Garrido, quien antes de ser legislador fue titular de la Unidad de Información Financiera, se refirió hoy en InfobaeTV al audio que ayer salió a la luz, en el que dos personas conversan sobre una eventual maniobra para lavar 300 millones de dólares, presuntamente de Austral Construcciones, una de las empresas del santacruceño Lázaro Báez. Quien escucha la propuesta de boca de Fabio "El Mudo" Penna es nada menos que Diego Rodríguez, hermano de la actual ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez.
En declaraciones al mismo medio, las diputadas Laura Alonso y Graciela Ocaña opinaron ayer que se trataba de una "prueba definitiva" del delito, y que la escucha desnudaba "cómo opera la corrupción kirchnerista". Garrido, sin embargo, fue más cauto y pidió al juez Sebastián Casanello que investigue el tema.
"Lo que la escucha te da es una pauta para investigar. Está revelando una probable maniobra de lavado vinculada a Lázaro Báez y el juez debería verificar si existen acciones que puedan encubrir esas operaciones", consideró.
En el diálogo se menciona que habría una "retribución" para la empresa que acceda a realizar la maniobra, por lo que Garrido estimó que Austral Construcciones debe "justificar la salida de ese dinero", posiblemente con "facturas truchas". Ese punto es el que se debería indagar, señaló. "Vamos a presentar un pedido a Casanello para que se periten los registros documentales de las operaciones", adelantó.
El audio de la conversación fue el disparador que encontró el fiscal José María Campagnolidías antes de ser suspendido sobre un presunto nexo entre una causa sobre la barra brava de River con el empresario investigado por lavado de dinero. Y a los ojos del dirigente radical, "es un indicio más para explicar la velocidad en la suspensión y la represalia en la remoción" del fiscal, impulsada por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.
En cuanto al accionar de Casanello, Garrido advirtió que "la causa no ha tenido manifestaciones relevantes". Y afirmó que "las demoras están obedeciendo a las interferencias que pone el Poder Ejecutivo".
Como ejemplo, citó la imposibilidad de la Justicia de Uruguay en avanzar con una investigación sobre Báez en ese país por la negativa de jueces argentinos a responder la información requerida. En ese sentido acusó al Gobierno de "entorpecer al poner trabas y objeciones formales" con ese objetivo. "Está claro que el Gobierno está tratando de trabar la investigación", dijo.
Por último, cuestionó la relativización de la escucha que hicieron desde el Ministerio de Seguridad. "Me parece una contradicción del Gobierno que esté fogoneando la remoción de Campagnoli a partir de acusaciones formuladas por barrabravas y ahora descalifique a los barras como fuentes de información", apuntó.
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