Alberto Martínez estaba citado para este jueves, pero sus abogados presentaron un certificado médico. Se lo acusa de haber enviado tres mensajes de texto al Gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti.
.El Litoral |
La jueza de Instrucción Cuarta de Santa Fe, Susana Luna, había citado para hoy al representante de la Asociación Profesional Policial Santa Fe (Apropol), Alberto Martínez, investigado por las supuestas amenazas telefónicas recibidas por el gobernador Antonio Bonfatti, en medio de la huelga policial.
En cambio, a las 9.30 de hoy, en lugar de Martínez llegaron al subsuelo de los tribunales locales los abogados Romeo y Ramiro Díaz Duarte y Miguel Portillo, quienes se constituyeron en el expediente como representantes del imputado.
“Es una presentación que hicimos hoy, en la que el Dr. Miguel Portillo está recibiendo un parte médico del hospital Italiano de Rosario, donde se acredita el cuadro de hipertensión y cefalea de Alberto Martínez”, indicó el Dr. Romeo Díaz Duarte, en una sencilla conferencia de prensa convocada en el Colegio de Abogados de calle 3 de Febrero.
Conflicto de poderes
El letrado indicó que “nos vamos a poner a consideración de la jueza cuando sea necesario”. Mientras tanto, “llamamos a conferencia de prensa por el temor que tenemos a la injerencia del poder político en el Poder Judicial”, asumió.
“Nosotros no hemos tenido contralor de la prueba”, denunció Díaz Duarte, quien a su vez “cuestionó las instrucciones del procurador de la Corte (Jorge Barraguirre) sobre causas particulares”. Por último, advirtió que “por el delito que se le atribuye al señor Martínez debería declarar en estado de libertad, esperemos que ésta no sea la excepción”.
Consultados acerca de las pruebas de cargo que pesan sobre su pupilo, los abogados explicaron que “está citado por supuestas amenazas telefónicas al gobernador a través de mensajes de texto”.
La causa se inició en medio del conflicto policial, luego de que el gobernador provincial, Antonio Bonfatti, denunciara el ingreso de tres mensajes de texto a su teléfono personal, con frases de carácter amenazante referidas al reclamo salarial.
Indagatoria
A raíz de dicho episodio, ocurrido el sábado 7 de diciembre, se inició una investigación que determinó que el teléfono móvil desde el cual eran enviados los textos pertenecía a Alberto Martínez, quien dirige el gremio de ex policías, que oficialmente no tiene reconocimiento estatal.
La denuncia la formuló el fiscal de Estado, Pablo Saccone, en los tribunales de Rosario; y el 12 de diciembre, Martínez fue citado por el juez de Instrucción Nº 9, Javier Beltramone, para prestar declaración informativa. No asistió a la convocatoria judicial y a los pocos días
A partir de entonces, habrían surgido más elementos para citar a Martínez, ahora sí como imputado, atribuyéndole “coacciones agravadas”, por tratarse de amenazas, cuyo propósito sería “la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos” (Artículo 149 ter CP).
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