Así lo manifestó el Senador Hugo Marcucci, quien participó del acto encabezado por el Gobernador Antonio Bonfatti, en el cual se dio a conocer el Decreto de puesta en vigencia de la nueva Justicia Penal en Santa Fe a partir del 10 de febrero de 2014, y se designó a los Fiscales y Defensores que actuarán en el sistema.
.Prensa Senador Marcucci |
Tras el encuentro de hoy en el que el Gobernador santafesino presentó el Decreto de puesta en vigencia de la nueva Justicia Penal y en el que se designó a los 79 nuevos funcionarios que ya han rendido concurso público y han sido aprobados por la Legislatura en septiembre del año pasado, el Senador por el Departamento La Capital, Hugo Marcucci, mostró su satisfacción por "el largo esfuerzo realizado para llegar a esta instancia y la voluntad manifiesta del Gobierno Provincial para ir mejorando la calidad institucional en Santa Fe."
Tal como se explicó en la ceremonia, para poner en marcha este modelo diferente de enjuiciamiento penal fue necesario crear dos instituciones: el Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde se desempañarán los Fiscales designados dirigiendo las investigaciones, formulando acusaciones, actuando en juicio y formulando impugnaciones ante los tribunales correspondientes, y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP), donde actuarán los Defensores que garantizarán el acceso real al derecho de defensa.
Cabe mencionar que ambos órganos serán autónomos y autárquicos, independientes entre sí y del resto de los órganos judiciales, aunque integran en sentido amplio dicho poder, y que los funcionarios designados hoy trabajarán en los distritos de Rosario, San Lorenzo, Villa Constitución, Cañada de Gómez, Casilda, Venado Tuerto, Melincué, Santa Fe, San Jorge, San Javier, Tostado, Rafaela, Reconquista, Vera y San Cristóbal.
El Senador departamental se refirió además a "la mejora del sistema en cuanto que permite mayor transparencia, implica mayor participación ciudadana y el respeto por la víctima, quien cobra un rol más activo en el proceso."
"De esta manera, la justicia santafesina se pone a tono con las exigencias de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella. También significa una reparación histórica, pues pone al día a la provincia en materia procesal penal tras años de atraso, y satisface el anhelo de amplios sectores de la población que luchan por una justicia más accesible, especialmente para los más vulnerables", concluyeron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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