La concejal de Rosario María Eugenia Schmuck dice que este martes el municipio deberá explicar por qué las inspecciones a cabarets "nunca descubrían nada".
La Capital |
Para la concejala María Eugenia Schmuck, quien impulsa que el rubro de cabarets y whiskerías sea eliminado de la ordenanza de espectáculos públicos, no cabe duda de que "hubo complicidades" e "impunidad con la venia de algún funcionario" en el funcionamiento por años de un local como La Rosa Sexy Bar, allanado y clausurado por la Justicia hace 10 días. En paralelo con la causa, ahora el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Baita, y el director de Inspección, Gregorio Ramírez, deberán informar a la comisión de Gobierno del cuerpo cómo en 43 visitas a La Rosa y casi 50 al Palacio de Berlusconi (otro local de Cabrera, clausurado hace cuatro meses) "el municipio nunca descubría nada". Para Schmuck, más allá de los dilemas sobre los efectos que pueda tener el cierre de los cabarets, la ecuación no acepta grises. "Al delito no se lo controla, se lo combate", argumentó.
El cierre de La Rosa fue producto de una extensa investigación judicial que, prima facie, halló elementos suficientes para imputar a su dueño, Juan Cabrera (conocido como Indio Blanco), el delito de facilitamiento de la prostitución y explotación económica de la prostitución ajena. De hecho, desde entonces permanece detenido.
Pero en paralelo con los resultados que arroje la causa, el Concejo decidió avanzar con un pedido de informes acerca del accionar de los órganos municipales de control sobre el funcionamiento de los cabarets, en especial los dos de Cabrera: La Rosa y El Palacio de Berlusconi.
De hecho, tras el operativo judicial de la madrugada del 25 de mayo llovieron las críticas y requerimientos de concejales de distintos bloques para que la Intendencia explique cómo es que en las inspecciones de rigor no se advirtió, por ejemplo, que el cabaret de Callao al 100 bis tenía comunicación interna con el hotel alojamiento lindero, con el que además compartía servicios.
Para comenzar con las explicaciones, Baita y Ramírez fueron convocados a la reunión que mañana mantendrá la comisión de Gobierno. El tema, afirmó su presidenta, Daniela León, "generó un fuerte debate en los medios de comunicación", lo que obliga a "brindar respuestas concretas a las demandas de la sociedad". Se trata de "situaciones de real importancia" que ameritan la presencia de los funcionarios.
Para Schmuck, no cabe duda de que existió algún nivel de complicidad ("habrá que ver de quién", sostuvo) como para que "todo el mundo supiera" que en esos lugares (El Palacio y La Rosa) se ejercía la prostitución" y el municipio "nunca descubriera nada".
Es más: la concejala recordó que varias alternadoras le contaron que siempre se sabía cuándo habría inspecciones. "Evidentemente, alguien avisaba", conjeturó.
Y, sobre la polémica de si el cierre de los cabarets no dejaría desprotegidas a las mujeres que trabajan en ellos, invisibilizando su actividad en los privados, Schmuck se preguntó si la "explotación en lugares públicos es menos explotación".
"No se puede controlar al delito: al delito hay que combatirlo", afirmó la concejala.
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