La decisión de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) de aprobar la transferencia de varios medios de comunicación que pertenecían a Daniel Hadad al empresario kirchnerista Cristóbal López, en contradicción con lo establecido por la propia ley de medios, demuestra que esta norma, impulsada por el oficialismo, tiene un único propósito: acallar las voces críticas y favorecer la conformación de un conglomerado de medios al servicio del proyecto hegemónico que encarna el gobierno nacional.
En reiteradas ocasiones, antes y después de la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que tuvo lugar hacia fines de 2009, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y sus diferentes voceros afirmaron que el objetivo de esta norma era privilegiar la pluralidad de voces. Democratizar, desconcentrar y estimular la competencia en el ámbito de los medios audiovisuales eran, para los defensores de esta ley, el fin por alcanzar.
Muchos descreímos desde el principio de que aquellas loables finalidades fueran el verdadero fin que tenía la sanción de la ley. Su calificación como "la madre de todas las batallas" por el ex titular del Comité Federal de Radiodifusión y actual vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, anticipó en parte que la iniciativa encubría un ataque a los medios de comunicación independientes y que el tan mentado pluralismo que se decía buscar era tan sólo una ficción.
Anteayer, la Afsca, con el voto favorable de cinco miembros de su directorio, presidido por Martín Sabbatella, y la oposición del radical Marcelo Stubrin, aprobó la venta por parte de Hadad al Grupo Indalo, de Cristóbal López, del canal de televisión por cable C5N, Radio 10 y cuatro emisoras de FM -de las cuales el nuevo dueño deberá desprenderse de dos-, concretada en abril del año pasado. Cabe recordar que el órgano sólo tiene un representante de la oposición, porque el oficialismo se ha negado arbitrariamente a aceptar la incorporación del abogado especializado Alejandro Pereyra, propuesto por el Frente Amplio Progresista.
La citada operación incumple la propia letra de la ley de medios, que en su artículo 41 señala que "las autorizaciones y licencias de servicios de comunicación audiovisual son intransferibles" y que "la realización de transferencias sin la correspondiente y previa aprobación será sancionada con la caducidad de pleno derecho de la licencia adjudicada y será nula de nulidad absoluta".
La ley de medios prevé, como excepción, que podría autorizarse la transferencia de acciones o cuotas partes de las licencias al cabo de cinco años de transcurrido el plazo de la licencia y cuando tal operación fuera necesaria para la continuidad del servicio, respetando que se mantenga en los titulares de origen más del 50 por ciento del capital suscripto o por suscribirse y que represente más del 50 por ciento de la voluntad social. No es éste el caso de la transferencia que nos ocupa.
Otro aspecto cuestionable de la transferencia es que la ley impide que los titulares de servicios públicos posean licencias de medios audiovisuales. La norma establece que los licenciatarios no podrán ser accionistas que posean el 10 por ciento o más de las acciones de una persona jurídica prestadora de un servicio público, nacional, provincial o municipal, sea por licencia, concesión o permiso. Cristóbal López fue, al menos hasta hace poco tiempo, dueño de una empresa recolectora de residuos en Chubut y su holding empresarial abarca negocios petroleros, que incluyen concesiones del sector público y estaciones de expendio de combustible, además de tener activa participación en la industria del juego.
Recientemente, el empresario patagónico cobró aún más notoriedad por sus negociaciones para quedarse con la productora de contenidos audiovisuales Ideas del Sur, de Marcelo Tinelli, y sacar a éste de El Trece, con la anuencia de la Presidenta de la Nación. Por si esto fuera poco, López también figura en uno de los tres grupos seleccionados entre los cuales se dirimirá quién levantará en la isla Demarchi el controvertido polo audiovisual que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional.
De esta manera, todo parece indicar que, cuando se trata de beneficiar a empresarios amigos o a grupos con los cuales nuestros gobernantes pueden hacer negocios, las barreras legales no existen. Las regulaciones de la ley de medios, como se ha dicho muchas veces, tienen nombre y apellido. Su verdadero objetivo es desguazar a un grupo empresario, como Clarín, al cual el gobierno nacional visualiza como uno de sus enemigos. El resto de lo que pueda decir la norma sobre servicios audiovisuales es absolutamente accesorio.
No se busca la pluralidad de voces, sino simplemente que exista un mayor número de voces capaces de propalar el mensaje oficial. Ese mensaje donde no hay espacio para problemas que angustian a muchos argentinos, como la inseguridad y la inflación, y sí para denostar a quienes pongan en evidencia la corrupción pública y hagan oír sus disidencias con la política gubernamental.
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