lunes, 18 de febrero de 2013

STA FE: Piden por un ente de control en la Empresa Provincial de la Energía


El diputado Mario Lacava (PJ), autor de un proyecto con media sanción en la Cámara baja, insistió en la necesidad de que la EPE sea controlada por un organismo que evalúe la calidad del servicio eléctrico que presta.

Piden por un ente de control en la Empresa Provincial de la Energía
 Con media sanción de la Cámara de Diputados de la provincia, el proyecto para que al fin se cree el Ente de Control del Servicio Eléctrico Provincial espera el Ok del Poder Ejecutivo para ser tratado en sesiones extraordinarias en la Cámara alta. De esta manera, el tratamiento se adelantaría tres meses, debate que muchos – tanto diputados, como senadores y organizaciones por los derechos del consumidor consideran imprescindible. El proyecto en cuestión pertenece al diputado por el Partido Justicialista, Mario Lacava, y su principal objetivo será “ejercer un auténtico control sobre la empresa estatal de energía eléctrica”, que actualmente no tiene injerencia externa.
Los cortes de luz en el verano ya son para muchos barrios de la ciudad moneda corriente. Sin embargo, durante el verano de 2012, la precariedad del servicio de energía eléctrica se hizo evidente, en especial con la llegada de largos cortes al centro de la ciudad. Piquetes, reclamos, incidentes fueron noticia hace un año; y también en lo que va de 2013, aunque ahora en menor medida. Con todo, la necesidad de la creación de un ente regulador de la Empresa Provincial de la Energía comenzó a ser uno de los debates más impulsados por los partidos políticos de Santa Fe en el último año. Ahora, un proyecto llegó al Senado y espera su tratamiento para al fin lograr la aparición del organismo. “Ya le pedimos al gobernador que envíe la media sanción al senado para que sea debatida en extraordinarias. Creemos que es una obligación política hacerlo, por el tema es imprescindible. Si lo hace, el tratamiento se adelantará tres meses”, señaló el diputado por el PJ, Mario Lacava, autor del proyecto en cuestión.
“Actualmente no hay ingerencia externa sobre la EPE, nadie lo controla. De crearse el ente, se garantizarían todos los derechos de acceso a un servicio social. Con esto, aspiramos a la representación de todos”, explicó Lacava. Un ente regulador no es sólo un espacio para quejarse, aunque su principal objetivo sea velar por el cumplimiento de los derechos del usuario, sino que busca ejercer un auténtico control sobre la empresa. Así, por ejemplo, contempla un nuevo marco regulatorio, que controle inversiones, calidad; que, en resumen, le diga a la empresa qué servicio prestar y se lo tome como referencia. También fija la prestación de subsidios para los que no pueden pagar el servicio, y hasta tiene injerencia en las tarifas eléctricas, llamando a una audiencia pública no vinculante previa al presunto aumento.
El –a llamarse en caso de ser aprobado– Ente de Control del Servicio Eléctrico Provincial (Ecosep) tendrá entre sus derechos y obligaciones: realizar inspecciones, controlar el cumplimiento de obligaciones y en su caso aplicar sanciones, desarrollar acciones para mejorar la calidad y eficiencia del servicio, controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión, establecer y hacer cumplir programas de consumo sustentable, presentar anualmente al Poder Ejecutivo y a la Legislatura provincial un informe de gestión.
Por su parte, el marco regulatorio antes mencionado ajusta la política en materia de energía eléctrica a objetivos tales como: lograr prestar el servicio con continuidad, regularidad y seguridad; proteger adecuadamente los derechos de los usuarios, asegurando tarifas justas, equitativas y razonables; regular las actividades de generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad, asegurando que las tarifas y la calidad del servicio se determinen por procedimientos objetivos; promover y desarrollar la prestación del servicio eléctrico en las zonas no abastecidas o deficientemente abastecidas; propender al uso racional y eficiente de los recursos energéticos; asegurar adecuadamente la protección del medio ambiente; promover el desarrollo de políticas tendientes a eliminar el fraude en materia energética.

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