El gobierno provincial requirió a
la Justicia Federal de Rosario y a un juez de Instrucción de Venado
Tuerto que investiguen en forma minuciosa los señalamientos del fiscal
Eduardo Lago, quien denunció penalmente haber recibido amenazas de
muerte por vía telefónica que, según presume, provendrían de efectivos
policiales. El ministro de Gobierno Rubén Galassi reprochó el modo en
que fue designado el fiscal Lago. Eduardo Lago denunció amenazas
telefónicas y dijo que la policía es socia de los traficantes.
La Capital |
El gobierno provincial requirió a la
Justicia Federal de Rosario y a un juez de Instrucción de Venado Tuerto
que investiguen en forma minuciosa los señalamientos del fiscal Eduardo
Lago, quien denunció penalmente haber recibido amenazas de muerte por
vía telefónica que, según presume, provendrían de efectivos policiales.
Este señalamiento de Lago implicó el allanamiento de la Brigada
Operativa de Drogas Nº 8 y el desplazamiento preventivo de su jefe,
Alejandro Druetta, junto a los seis empleados restantes de la dotación.
El secretario de Control de las Fuerzas
de Seguridad de la provincia, Matías Drivet, acudió al juez federal Nº 3
de Rosario, Carlos Vera Barros, y al juez de Instrucción venadense
Eduardo Bianchini luego de que Lago hiciera en este diario el miércoles
pasado fuertes objeciones al área de la ex Drogas Peligrosas. "La
actuación de esta agencia policial se parece tétricamente a la de los
grupos de tareas de la dictadura y la violencia de la respuesta encuadra
en la lucha por el mercado de la droga en el sur santafesino, en un
marcado proceso de cartelización del narcotráfico que incluye a la
policía provincial cada vez más autonomizada".
Que lo citen. En su
escrito judicial, Drivet recoge estas palabras de Lago y le plantea a
ambos jueces que, "valorando el alto cargo que inviste quien formula las
mismas, se estima indispensable que se inicie, profundice y agote una
exhaustiva investigación que permita deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder a la supuesta red delictiva a la que se hace
referencia y a la complejidad de su estructura".
Les piden a los jueces que, por
consiguiente, citen a Lago para que "puntualice y describa todos
aquellos elementos que estuvieran en su conocimiento" a los fines de
posibilitar la investigación solicitada, "más aún considerando su
calidad de funcionario público".
La presentación fue rubricada, además
de Drivet, por la subsecretaria Legal y Técnica del Ministerio de
Seguridad, Emilia Lassaga. En ella los funcionarios analizan que los
dichos del fiscal Lago "connotan hechos de gravedad manifiesta" y que
"quitar trascendencia a este tipo de manifestaciones indiscriminadas y
de alta resonancia no resulta admisible para esta conducción política
del Ministerio de Seguridad". Sostienen que "en atención a que quien
vierte las declaraciones es un miembro del Poder Judicial de la
Provincia de Santa Fe debemos solicitar su pronta y efectiva
intervención".
Malestar. El disgusto
que al gobierno le provocaron las declaraciones de Lago no está exento
en la presentación judicial. "La forma utilizada para dar a conocer los
hechos a los que hace referencia y la notoriedad pública de dichas
manifestaciones, que como es lógico genera una situación de zozobra y
angustia en toda la población, provoca además que se ponga en tela de
juicio la actividad cotidiana de funcionarios públicos que cumplen con
su deber". En el texto consideran que "este tipo de declaraciones
genéricas, indiscriminadas y masivas desvanece los esfuerzos y genera
una desmotivación para todos aquellos ciudadanos comprometidos en
erradicar este flagelo".
Mirando la historia.
Con un lenguaje declaradamente más político y elocuente de las
sensaciones que imperan en el Poder Ejecutivo sobre este tema, el
ministro de Gobierno, Rubén Galassi, dejó palpitar la idea de que en las
manifestaciones del fiscal hay intencionalidad política. "Habría que
ver los antecedentes de Lago", dijo.
"Tenemos que tener en cuenta la
historia política de cada uno cuando se denuncia estas cuestiones. Lago
fue funcionario durante el segundo mandato de (Carlos) Reutemann y fue
tercero en la línea de gestión de Enrique Alvarez, un hombre cuestionado
por su pasado en la Side y fue, entre otros, responsable del diciembre
de 2001 con siete muertos santafesinos", dijo Galassi.
El ministro declaró además que la
designación de Lago como fiscal "fue una acordada de la Corte Suprema en
2006 y todos sabemos quiénes eran sus integrantes y cómo se realizaban
los nombramientos por vinculaciones entre el Poder Ejecutivo y el
Legislativo. Es por eso que hay que poner la lupa sobre todo esto para
saber si son pura coincidencia o si hay algo detrás".
Luego dijo: "No pongo en duda la
veracidad de las amenazas sino que digo que la población debe saber
quién formula la denuncia y cuáles son sus antecedentes".
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