INT. El gobierno boliviano revocará la concesión del yacimiento para poner fin al conficto antiminero

El gobierno de Bolivia se comprometió a revocar la concesión de un yacimiento minero y no procesar a los campesinos que secuestraron a siete personas en el contexto de una protesta contra ese emprendimiento, como parte de un acuerdo firmado este domingo a la madrugada con el objeto de poner fin a ese conflicto

Lo anunció el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, quien firmó el convenio junto a autoridades originarias de la zona de Mallku Khota y representantes del gobierno del departamento Potosí, en declaraciones a Radio Pío XII recogidas por los diarios La Razón, La Prensa, El Diario y Los Tiempos, y la cadena de emisoras Erbol.

El acuerdo busca poner fin al conflicto generado por el reclamo de pobladores originarios por la erradicación del consorcio encabezado por la empresa canadiense South American Silver, que explota el yacimiento local, y la libertad de un dirigente Cancio Rojas, preso bajo la imputación de haber provocado enfrentamientos entre comunidades y maltratado a dos policías.

Los campesinos secuestraron a cinco trabajadores de la South American Silver, tres de los cuales recuperaron su libertad el sábado, con el propósito de canjearlos por Rojas, y también raptaron a una fiscal y a un policía.

El jueves, un frustrado operativo policial para liberar a los cinco secuestrados derivó en un enfrentamiento que provocó la muerte de un campesino y dejó, además, 13 heridos y un policía raptado.

El convenio firmado este domingo a la madrugada contempla el compromiso del gobierno de anular la concesión, indemnizar a la familia del manifestante muerto el jueves, solventar los gastos que demande la atención de los cuatro campesinos heridos ese día y no procesar a los responsables de los siete secuestros.

También prevé el eventual procesamiento de policías que supuestamente “atropellaron e intervinieron una vigilia” de los comuneros y autorizó la realización de una audiencia de “justicia originaria” -que se inició este domingo a la mañana- para juzgar a los dos ingenieros que permanecían privados de su libertad, quienes están acusados de “infringir las tradiciones y costumbres” de la comunidad local por “utilizar la vestimenta que no les corresponde”.

La audiencia se instaló este domingo en la plaza de la población Chirok`asa, con la presencia del secretario general de la gobernación de Potosí, René Navarro; el representante regional del defensor del Pueblo, René Arroyo, y un fiscal.

Santalla anunció el sábado a la noche que el presidente Evo Morales estaba dispuesto a recibir este domingo, en Cochabamba, a una comisión de representantes de los campesinos, pero hasta poco después de este domingo no se había informado si esa reunión de concretó o no.