La entidad considera que incrementar la carga impositiva implica una disminución de la rentabilidad ya sea por mayores costos o menores ventas. Afirma que los cambios ponen en desventaja a las firmas locales con respecto a otras provincias.
Agrega que según estimaciones privadas los recursos públicos (la recaudación impositiva, entre ellos) se han ido incrementando año a año más que el índice inflacionario y ello es una clara muestra de la predisposición del sector a apoyar el desarrollo y crecimiento de la provincia.
Los cambios propuestos ponen en una posición desventajosa a las empresas santafesinas para competir con las de otras provincias con menor alícuota y ello se traslada a una inexorable pérdida de competitividad, fundamentalmente, del sector pyme.
Uno de los aspectos que generan preocupación en el marco del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo es la potestad de elevar en hasta un 20% las alícuotas básicas. De esta forma se busca avalar con una ley, una medida que fuera implementada por el Decreto 200/12 y que tuviera dictamen negativo por parte del Tribunal de Cuentas Pcial. con los fundamentos respectivos.
Otro aspecto por el cual el sector solicita rever el proyecto, es el relacionado al aumento de las alícuotas de acuerdo a la facturación dado que el parámetro de ventas no significa capacidad contributiva y ello impacta negativamente en un importante número de empresas pymes cuyos márgenes de rentabilidad no permite un incremento del 20% en las alícuotas que actualmente abonan.
Limitar la deducción del Derecho de Registro e Inspección (DREI) al 5%, es otro motivo de debate y que requiere mayor análisis. En los fundamentos se reconoce que antiguamente la deducción era del 20% y las sucesivas restricciones y aumentos de alícuota han generado un proceso continuo de incrementos de la carga fiscal de los contribuyentes sin dar soluciones financieras directas a los municipios y comunas, objetivo que se plantea en los considerandos del proyecto.
El impuesto sobre los ingresos brutos es un típico impuesto al consumo, por lo que no caben dudas de que será trasladado al adquirente en cada uno de los eslabones de la cadena comercial, lo que en definitiva impactará sobre el público consumidor.
El gobierno provincial requiere del apoyo de la sociedad en su conjunto y como es lógico, basa en la generación de recursos, las posibilidades de desarrollo social y económico. Desde el sector comercial requerimos se realice un análisis profundo de las consecuencias que conlleva cada una de las medidas propuestas y se permita el debate con los sectores que asumirán los compromisos contributivos sin por ello, dejar de comprender la necesidad de encontrar soluciones de fondo a la actual situación, informaron a través de un Comunicado de prensa.
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