“El lugar del arresto lo decide la policía”, dijeron ayer fuentes tribunalicias en respuesta al titular de Seguridad, quien explicó por qué el acusado estaba alojado en una subcomisaría.
Ayer al mediodía, en conferencia de prensa, y cuando el prófugo aún no había sido hallado, el ministro de Seguridad de la provincia, Leandro Corti, expresó que la decisión del lugar de detención había sido determinada por el juez que actualmente entiende en la causa, Jorge Pegassano.
Sin embargo, fuentes tribunalicias refutaron los dichos de Corti e indicaron que quienes deciden el lugar exacto dónde será alojado un detenido son los funcionarios de Trámites y Libertades, una dependencia de la policía provincial que responde, en última instancia al propio Ministerio de Seguridad.
“Las resoluciones judiciales son siempre iguales. Cuando se dicta la prisión preventiva de una persona se indica que queda a disposición del servicio penitenciario. Pero un juez nunca detalla el lugar preciso dónde debe ser alojado”, explicaron ayer a Diario UNO fuentes judiciales.
“Por una cuestión de cautela”
Minutos antes, Corti había expresado en rueda de prensa que “hubo una resolución judicial, por una cuestión de cautela en la integridad física y psíquica del detenido, que dispuso que esté alojado en forma individual”.
Y párrafo aparte agregó: “La única información que tenemos es que hubo una disposición del juez de la causa en cuanto a que había que alojarlo en forma individual a los fines de proteger su integridad física. La policía decide dónde se plantean los alojamientos de las personas privadas de la libertad. Esta persona estuvo alojada en la seccional 7ª y después el juez de la causa dispuso que debía ser sacado de la seccional 7ª y alojado de manera individual.
“Cuando hablamos del juez de la causa, ¿hablamos del juez Pegassano?”, le preguntó un periodista. “Sí, tenemos entendido que la solicitud de resguardo físico fue por parte del juez de la causa, que es el doctor Pegassano”, le respondió Corti.
Imprecisiones
Y la respuesta desde el Palacio de Justicia no tardó en llegar. Según las fuentes consultadas, el primer error del ministro fue confundir a los jueces de instrucción penal que intervinieron en la causa. El delito de violación a la joven, ocurrido el miércoles 11 de abril, fue investigado por el juez Nicolás Falkenberg, quien lo procesó el 20 de abril. Recién el 2 de mayo, el expediente pasó al Juzgado de Instrucción Nº 1, a cargo de Jorge Pegassano, por una causa anterior que el procesado tenía en ese juzgado.
Entonces, quien elaboró el oficio judicial que dispuso la prisión preventiva de Martínez fue el juez Nicolás Falkenberg, aunque la resolución firmada por el magistrado no indica a dónde debe ser trasladado sino que esta persona queda a disposición del servicio penitenciario. “Cuando el 20 de abril pasado el juez dicta el auto de procesamiento y establece la prisión preventiva para Juan Manuel Martínez, Falkenberg envía un oficio a Trámites y Libertades, que depende de la policía, para que lo ubiquen en una dependencia del sistema penitenciario. Esa disposición no se cumplió. Pero además, el juez nunca planteó específicamente dónde tiene que quedar detenido. Los jueces no disponen dónde se aloja un detenido. El juez le dice a Trámites y Libertades «alójenlo» y Trámites y Libertades, que depende de la policía, hace lo que cree conveniente”, agregaron fuentes de la causa.
Quienes fueron menos duros con sus críticas al ministro, justificaron la confusión con la cantidad de causa que tiene Martínez en distintos juzgados de instrucción penal: “Esta persona tiene causas por distintos delitos en cuatro de los ocho juzgados de instrucción penal de Santa Fe”, señalaron.
Fuera del listado
Otra falla que se subrayó en el caso de la fuga es que la subcomisaría tercera ni siquiera integraba el listado de comisarías habilitadas para ubicar de manera transitoria a los detenidos. El pasado 25 de abril, el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, junto al ministro de Seguridad, Leandro Corti, y el secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni, inauguraron dos nuevos pabellones de detención en la Unidad Penal Nº 2. En consonancia con el traslado de las personas privadas de su libertad a Las Flores, el Ministerio de Seguridad había autorizado la habilitación de cinco unidades de orden público para ubicar, de manera transitoria, detenidos. Pero la subcomisaría tercera no integra ese listado.
El factor humano
Por su parte, el ministro Corti calificó la fuga como un “alevoso acto de corrupción policial”, le quitó relevancia a la discusión sobre quién dispuso el lugar de detención y dijo que por las características de la fuga, ésta se habría producido sin importar el lugar donde hubiera estado detenido Martínez. Y agregó que estaba previsto que ayer mismo fuera trasladado a la cárcel de Coronda, a donde finalmente llegó anoche, tras haber sido indagado por el juez Darío Sánchez, quien investiga la fuga de la comisaría.
“En el día de la fecha ese detenido, de acuerdo a la política que estábamos llevando a cabo de vaciamiento de las comisarías, iba a ser trasladado al pabellón número cuatro de la cárcel de Coronda. Pero lo que quiero señalar con mucho énfasis es que en cualquier lugar de encierro, con un accionar policial como el que se vio en cuanto al facilitamiento de la fuga, hubiese concluido claramente en una situación de fuga. Por eso concluimos que no hay un problema en las condiciones de materiales o la inseguridad del lugar en donde se encontraba alojada la persona. Acá hubo una cuestión que se reconduce claramente al factor humano de los efectivos policiales que estaban bajo la custodia de la persona detenida, que han facilitado la evasión de este imputado”, concluyó el ministro de Seguridad.
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