PROV. STA FE: Villa G. Gálvez, en jaque frente a una ola de usurpaciones

El fenómeno preocupa a las autoridades, que buscan soluciones. Hay un proyecto en el Concejo Municipal.

La ola de intentos de usurpación que se ha generado en los últimos tiempos tiene a mal traer a muchos habitantes de esta ciudad y ya encendió una luz de alarma entre las autoridades, tanto ejecutivas como legislativas, que buscan alguna solución a este problema. En este marco, el Concejo Deliberante tiene para su estudio un proyecto para que el Ejecutivo intime a los dueños de terrenos a alambrarlos, y que haga lo propio con los predios fiscales como una forma de desalentar la intromición.
    “Somos conscientes de que un simple cercado no frena la posible ocupación de un terreno baldío, pero desde el punto de vista legal, el cortarlo para ingresar le suma violencia al delito de usurpación y lo agrava, por lo que pondría algún freno a esa actitud”, expresó a La Capital el concejal socialista y vicepresidente del Legislativo municipal, Carlos Dolce, autor de ese proyecto.
   La iniciativa llega en el marco de una serie de conflictos que se suceden desde hace poco más de un mes y que se extendieron a todos lo sectores de la ciudad.
   Una larga lista de factores entre los que se destacan la pobreza, el hacinamiento, la imposibilidad de acceso a planes de vivienda, terrenos abandonados durante décadas por sus dueños, falta de planificación, especulaciones y actitudes delictivas contribuyeron en las últimas semanas a una oleada de ocupaciones de terrenos privados y municipales.
   Una recorrida por los barrios donde se produjeron estas usurpaciones confirma que existen grupos familiares que viven en hacinamiento dentro de viviendas también precarias, que ocupan amplios terrenos y señalan a quienes quieran oírlos su voluntad de compra en cuotas de esos predios. Asimismo, se ha establecido la existencia de un ya aceitado mecanismo de ingreso y loteo de los predios, con actitudes no tan espontáneas como se pretende mostrar.
   El proyecto que llegó al Concejo nació de una coyuntura compleja ante las últimas ocupaciones ocurridas en terrenos ubicados en Magallanes y Suipacha —y en las que versiones no confirmadas señalan que se habrían producido disparos de armas de fuego—; el intento no concretado en San Luis y José Ingenieros, donde también se habrían registrado incidentes que no fueron denunciados, y hasta se habría intentado ocupar un sector del terreno donde se ubica la antena de LRA5 Radio Nacional Rosario, casi en el centro de la ciudad y en el que se estableció una custodia policial. Y aunque el fenómeno se extiende a prácticamente toda la periferia de la ciudad, los barrios más comprometidos fueron Coronel Aguirre, Ghiglione y Costa Esperanza.

"De la Justicia". Desde el oficialismo, Darío Garavano, secretario de Gobierno, señaló que los episodios de usurpación se repiten sin solución de continuidad, al extremo de que mientras el viernes por la noche se realizaba un amplio operativo de control en pleno centro de la ciudad con la participación de todas las fuerzas de seguridad, se registraban otros dos intentos de usurpación de tierras en un predio de San Juan y Nogués, en la zona conocida como La Vigil, y en Orán y Caseros, en barrio parque Alegre, este último frustrado, cerca del límite con Alvear.

Para Garavano, la propuesta del concejal Dolce es superadora de un decreto ya vigente, pero consideró que una de las soluciones de fondo del problema debe venir del lado de la Justicia ya que, recordó, "un dictamen reciente de la jueza Georgina de Petris abrió la puerta a que esto se agravara al considerar, en una primera denuncia que efectuamos, que no había existido usurpación".

Más a fondo, el secretario de Gobierno indicó que el fenómeno de las usurpaciones no es privativo de Villa Gobernador Gálvez, y recordó lo recientemente ocurrido en un barrio de viviendas sociales de Santa Fe y en el los predios de Avellaneda y Garibaldi, de Rosario. "Esto también se enmarca en el grave problema habitacional que tiene la provincia".

La norma propuesta por Dolce propone intimar a los dueños de los terrenos baldíos a que en el plazo de 20 días hábiles cumplan con lo establecido en el reglamento de edificación. En caso de incumplimiento y transcurrido ese término, las obras de cercado serán ejecutadas por la municipalidad, pero con costos a cargo del propietario.

El mismo concejal reconoció a este diario que en tratativas informales con sus pares del Frente Para la Victoria, estos mostraron buena receptividad en general, pero objetaron el proyecto ante la falta de fondos del municipio para una posible compra de materiales necesarios para cercar los predios si sus propietarios no cumplieran. Al respecto, Garavano expresó a este diario que la compra de todos los materiales necesarios para cercar un terreno —alambres y postes— a lo que se debe sumar el pago al personal y la disponibilidad de tiempo, hacen bastante inviable la idea en caso de que los dueños no accedan a hacer los trabajos. Otro elemento para tener en cuenta es que los costos se acrecientan notablemente cuando se trata de predios ubicados en zonas pavimentadas donde la reglamentación señala que se deben levantar altos y gruesos tapiales en lugar de alambrados.