Mantuvieron un encuentro con
funcionarios del Gobierno de la Ciudad en la vecinal Fomento 9 de Julio.
Allí se brindó información acerca de las acciones realizadas por el
Municipio y se los invitó a aportar testimonios y pruebas. Los vecinos
plantearon su rechazo a las usurpaciones.
Integrantes y representantes de más de 35 vecinales de la ciudad se
reunieron con funcionarios del Gobierno de la Ciudad para manifestarles
su preocupación por la toma de viviendas en los barrios Santa Rita II y
Las Delicias. Del encuentro que se desarrolló en Fomento 9 de Julio
participaron la secretaria de Gobierno, Adriana Molina; el secretario de
Desarrollo Social, Carlos Medrano; el subsecretario de Acción Social,
Mariano Cejas y el director de Derechos Ciudadanos, Franco Ponce de
León.
Con respecto a las acciones tomadas por el Municipio en este tema,
Molina les informó sobre las dos demandas judiciales realizadas el
martes 10, que acompañan las denuncias del Gobierno provincial ante la
Justicia. En ese sentido, la funcionaria explicó: “Se vulneran derechos
de vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Fe, vinculados a la salud, la
seguridad, el patrimonio y el medio ambiente”. Y añadió: “Desde que
comenzó este conflicto entendimos que debíamos estar del lado de la
gente que hace las cosas bien”.
La secretaria de Gobierno invitó a los vecinos a que se acerquen a
la oficina de Derechos Ciudadanos para que aporten testimonios y pruebas
que consideren necesarias para la causa. Las mismas pueden ser de forma
anónima o no, y una vez presentadas serán evaluadas por el Fiscal
Municipal quien determinará si pueden ser aportadas a la causa.
Respeto
Asimismo, Molina comentó: “Sabemos perfectamente que en Santa Fe el
problema habitacional es de los más importantes que tenemos y
reconocemos el derecho de todos a tener un techo digno; pero también
sabemos que hay un registro en el que la gente se inscribe y que durante
años esperan el sorteo para acceder a las viviendas de los planes que
tiene en marcha el gobierno provincial, y esa situación también debe ser
respetada”.
En este sentido, recordó que la Municipalidad hace cuatro años
lleva adelante un Programa de Regularización Dominial que pretende que
cada vecino cuente con la escritura de su terreno. “Por todo esto no
podemos avalar un acto de violencia”, enfatizó.
La funcionaria señaló que entre las personas que participan de la
usurpación “hay mucha gente vulnerable por sus necesidades, y en muchos
casos engañada, que piensa equivocadamente que por ocupar las casas va a
obtener la escritura o la ocupación efectiva de esas viviendas”.
Además, Molina se refirió a la búsqueda de una solución conjunta
con el Gobierno provincial y aclaró: “No forma parte de un Estado de
derecho realizar un desalojo represivo, pero entendemos que se pueden
pensar alternativas para solucionar este tema complejo y vamos a
acompañar a la Provincia en las acciones que tome en este sentido para
que esas viviendas sean ocupadas por quienes corresponde”.
Desde los barrios
Durante el encuentro, los vecinos intercambiaron opiniones y
manifestaron sus preocupaciones ante la problemática que se vive en la
ciudad con este tema. Miguel Angel Peña, vecino del barrio Santa Rita
II, tomó la palabra y afirmó que “nosotros somos los afectados”.
Además, narró la situación previa a la usurpación, y la inquietud
de los vecinos frente a hechos de inseguridad que se produjeron tras la
toma de viviendas. Luego afirmó que “toda esta situación nos tiró para
atrás porque habíamos conseguido que los vecinos se comprometieran con
la compra de materiales para hacer la obra de pavimento articulado para
mejorar el barrio”.
Por su parte, Jorge Maya, presidente de la Asociación Vecinal Altos
del Valle expresó que “la problemática habitacional y social data de
mucho tiempo atrás, pero cuando cunde el delito de la usurpación
nosotros nos oponemos a eso”. Y comentó que “nuestro sector, de
Aristóbulo del Valle al 10.000, tiene usurpadas 97 casitas y los que
ocuparon temporariamente las casas no quieren salir”. Maya expresó su
opinión en cuanto a la solución y dijo que “van a tener que consensuar
la manera en que esa gente salga, porque hay familias que hace más de 25
años esperan esas casas y no salen sorteados. Y concluyó: “No puede ser
que por un atropello esas casas sean tomadas”.
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