Un informe revela los
padecimientos de los inquilinos en la ciudad de Rosario. Mal estado de
los inmuebles pero también indexación de los alquileres y sumas extra en
gastos centrales.
Un informe revela los padecimientos de
los inquilinos en la ciudad de Rosario. Mal estado de los inmuebles pero
también indexación de los alquileres y sumas extra en gastos centrales.
Además, deja al desnudo las exigencias a la hora de devolver la
propiedad, que sobrepasan en mucho a las condiciones en que fueron
entregadas y el mal desempeño de inmobiliarias y administradores.
Los datos surgen del informe anual 2011
que el Consejo Asesor para la Defensa de la Vivienda Unica, Inquilinos y
Pymes presentó ante el Concejo Municipal.
"Es preocupante ver la baja calidad de
las unidades que se alquilan y la importante falta de respuesta por
parte de las empresas que realizan la intermediación inmobiliaria, lo
que genera una vulneración severa de los derechos que asisten a
inquilinos", dijo el coordinador del Consejo Asesor para la Defensa de
la Vivienda Unica, Inquilinos y Pymes, Ariel D\'Orazio.
El informe se elaboró sobre la
actividad que desarrolló el organismo durante el año pasado y desglosa
en forma analítica el contenido de las 337 consultas y reclamos que
recibieron en el local que ocupan en las dependencias de la Oficina
Municipal del Consumidor. "Más allá de la cifra en sí, lo que se revela
esencialmente es una tendencia, son los principales problemas o
inconvenientes que padecen inquilinos, consorcistas y propietarios de
vivienda única en nuestra ciudad, que se animan a llegar a la denuncia",
comentó D\'Orazio y estimó que hacer público el informe es de "gran
utilidad para que la gente se anime y se acerque".
En su desglose analítico, el informe
revela que 180 de las 337 consultas, se refieren a problemas vinculados a
los alquileres de viviendas con destino familiar, entre los que
sobresalen los edilicios, como vicios ocultos, filtraciones de agua,
humedad y hasta falta de conexión de gas de la cual los inquilinos se
enteran después de firmar el contrato, a través de la empresa que presta
el servicio. "Esto representa el 16 por ciento de los reclamos, muchos
inmuebles no cumplen con las medidas de seguridad exigidas y esto se
agrava cuando al inquilino no se lo notifica previa firma del contrato",
detalló D\'Orazio y aseguró que estos reclamos puntuales crecieron un
11 por ciento con respecto a las realizadas durante el 2010.
Los motivos. El
documento también incluye denuncias sobre: cobro de expensas
extraordinarias y otros pagos indebidos, indexación del canon locativo,
cláusulas abusivas, rescisión contractual motivada por exclusiva culpa
del propietario y hasta aumento desmedido a la hora de renovar además de
retención indebida de seña.
De las denuncias realizadas por
inquilinos surge un desglose inquietante: 137, 27 y 16 son contra
inmobiliarias, dueños y abogados o estudios jurídicos que realizan la
intermediación inmobiliaria. Consorcio y gastos centrales también fueron
blanco de quejas por supuesto mal desempeño, dudas sobre la liquidación
de las expensas, cobro de rubros o intereses indebidos o inconvenientes
en el uso de los espacios comunes. "Cabe señalar que las demandas en
este rubro crecieron notablemente en comparación con años anteriores",
señaló D\' Orazio.
¿Qué destino tuvieron los reclamos? Más
del 70 por ciento tuvieron respuesta favorable y en el caso de no
haberse resuelto se debió a la poca disposición de la parte locadora a
resolver el conflicto. "En algunos ámbitos logramos buen entendimiento,
pero a veces hay poca voluntad", relató D\'Orazio y admitió que cuando
un inquilino hace un reclamo la relación queda tensa hasta fin de
contrato y en muchos casos no se renueva. "Los tildan de inquilinos
conflictivos, cuando sólo intentaron hacer valer sus derechos, por
suerte estos casos son los menos", aseguró.
Las dudas. Además de
las quejas de los inquilinos, el Consejo Asesor para la Defensa de la
Vivienda Unica, Inquilinos y Pymes, fue caja de resonancia de otros
problemas. Así, por viviendas únicas hubo consultas sobre deudas
hipotecarias (leyes nacional y provincial 26.313 y 13.116,
respectivamente). También por deudas de impuestos, dificultades para
tramitar titularidad o regularizar el dominio, además de conflictos por
medianeras entre particulares por obras, quiebras o concursos y
honorarios de abogados.
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