El representante rosarino de la
organización, Cristian Galindo, señaló que la decisión que tomó la
intendenta Mónica Fein va a contramano de la Ley Orgáncia de
Municipalidades, que señala que la potestad de aumentar la tarifa de
transporte urbano de pasajeros es del Concejo Municipal.
El delegado local de la Red Argentina de Consumidores,
Cristian Galindo, denunció que la decisión de la intendenta de Rosario,
Mónica Fein, de aumentar la tarifa del transporte público de pasajeros
es "inconstitucional" y "sienta un precedente nefasto" en la provincia
de Santa Fe.
"Estamos preocupados por el aumento, porque castiga el bolsillo de los rosarinos, pero más por la metodología aplicada por la intendenta, a quien se le delegaron las facultades para aumentar la tarifa, algo que no sólo es poco transparente sino además inconstitucional", indicó Galindo.
Galindo explicó: "La Ley Orgánica de Municipalidades dice que la modificación de la tarifa de colectivos es potestad del Concejo Municipal, y una ley provincial no puede ser modificada por los concejales porque emanan desde allí normas de jerarquía inferior".
Asimismo, señaló que "la intendenta se arroga esta facultad de aumentar las tarifas del transporte urbano y, además, ha decidido comunicarlo el día viernes, en vísperas del fin de semana, lo que no es casualidad".
"El Concejo no tiene facultades para modificar la Ley Orgánica de Municipalidades, que es la que le dice cuáles son sus competencias", enfatizó el funcionario y añadió: "En la norma se señala que el aumento del transporte es exclusiva del Concejo Municipal y no puede ser modificada por los concejales".
"En la provincia de Santa Fe, ningún intendente puede modificar la tarifa del boleto de colectivos, por eso estamos diciendo que es ilegal e inconstitucional que la intendenta la haya aumentado", insistió el representante local de la Red Argentina de Consumidores.
Galindo dijo que la situación preocupa "de cara al futuro". "No hay ninguna situación de necesidad, de urgencia, que justifique que la intendenta aplique el aumento tarifario", indicó, a la vez que anticipó que no descarta hacer una presentación judicial por la inconstitucionalidad de la medida.
"Muy probablemente vamos a hacer algún tipo de presentación -concluyó-, estamos estudiando con la Red Argentina de Consumidores, para analizar la estrategia administrativa o judicial que más convenga para revertir esta situación".
"Estamos preocupados por el aumento, porque castiga el bolsillo de los rosarinos, pero más por la metodología aplicada por la intendenta, a quien se le delegaron las facultades para aumentar la tarifa, algo que no sólo es poco transparente sino además inconstitucional", indicó Galindo.
Galindo explicó: "La Ley Orgánica de Municipalidades dice que la modificación de la tarifa de colectivos es potestad del Concejo Municipal, y una ley provincial no puede ser modificada por los concejales porque emanan desde allí normas de jerarquía inferior".
Asimismo, señaló que "la intendenta se arroga esta facultad de aumentar las tarifas del transporte urbano y, además, ha decidido comunicarlo el día viernes, en vísperas del fin de semana, lo que no es casualidad".
"El Concejo no tiene facultades para modificar la Ley Orgánica de Municipalidades, que es la que le dice cuáles son sus competencias", enfatizó el funcionario y añadió: "En la norma se señala que el aumento del transporte es exclusiva del Concejo Municipal y no puede ser modificada por los concejales".
"En la provincia de Santa Fe, ningún intendente puede modificar la tarifa del boleto de colectivos, por eso estamos diciendo que es ilegal e inconstitucional que la intendenta la haya aumentado", insistió el representante local de la Red Argentina de Consumidores.
Galindo dijo que la situación preocupa "de cara al futuro". "No hay ninguna situación de necesidad, de urgencia, que justifique que la intendenta aplique el aumento tarifario", indicó, a la vez que anticipó que no descarta hacer una presentación judicial por la inconstitucionalidad de la medida.
"Muy probablemente vamos a hacer algún tipo de presentación -concluyó-, estamos estudiando con la Red Argentina de Consumidores, para analizar la estrategia administrativa o judicial que más convenga para revertir esta situación".
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